Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno con una aprobación superior al 60%, una cifra que le proporciona respaldo político, pero que no elimina las tensiones acumuladas durante el último año. El balance presidencial quedó definido por dos frentes estrechamente relacionados: la presión de Estados Unidos en materia de seguridad y comercio, y una sucesión de escándalos que involucró a figuras relevantes de Morena y de administraciones vinculadas con el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Una relación bilateral marcada por el límite de la soberanía
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca convirtió la relación con Washington en uno de los principales desafíos del segundo año de Sheinbaum. La presidenta enfrentó amenazas arancelarias y reiterados llamados de Estados Unidos para permitir una participación directa de sus fuerzas armadas contra el narcotráfico. Aunque la presión no desapareció, el Gobierno mexicano consiguió evitar un aumento de 25% en los aranceles, una medida que habría afectado las exportaciones, las cadenas productivas y la confianza empresarial.
La tensión aumentó después de la intervención estadounidense en Venezuela y de la detención de Nicolás Maduro. Ese episodio alimentó en México el temor de que Washington pudiera intentar una operación semejante contra organizaciones criminales asentadas en territorio nacional. Sheinbaum mantuvo una negativa firme a la entrada del Ejército estadounidense, pero al mismo tiempo reforzó la cooperación bilateral en materia de inteligencia, extradiciones y combate al tráfico de drogas.
Harfuch, el puente con Washington y el costo de la ofensiva
En esa estrategia, Omar García Harfuch se consolidó como el principal interlocutor con el Gobierno estadounidense. De acuerdo con el balance citado por Político MX, las autoridades reportaron el desmantelamiento de más de 2,700 laboratorios clandestinos, la captura de 14 objetivos prioritarios y la ejecución de 155 órdenes de aprehensión con fines de extradición. Los datos buscan demostrar que México puede elevar la cooperación contra el crimen organizado sin ceder el control operativo a otro país.
El golpe de mayor impacto fue el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación. El operativo militar provocó hechos violentos en distintos estados y mostró la capacidad de las organizaciones criminales para responder ante la caída de uno de sus principales líderes. La DEA reconoció a Harfuch como un socio cercano, aunque mantuvo sus acusaciones sobre la posible infiltración del narcotráfico en instituciones del Estado mexicano. Esa combinación de reconocimiento y desconfianza revela el margen limitado con el que opera el Gobierno: necesita cooperación estadounidense, pero también debe contener sus cuestionamientos.
El huachicol fiscal expone las zonas grises del poder
El expediente que más claramente conectó al actual Gobierno con decisiones de la administración anterior fue el llamado huachicol fiscal. El aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de combustible de contrabando destapó una red presuntamente integrada por empresarios, funcionarios aduanales y miembros de la Marina. Como posibles cabecillas fueron señalados Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
El caso tiene una dimensión institucional porque el control de las aduanas había sido entregado a la Marina durante el Gobierno de López Obrador. Según los antecedentes del expediente, Ojeda Durán habría recibido información sobre la trama desde junio de 2024. La muerte del marino Fernando Rubén Guerrero, quien había solicitado investigar la red y fue asesinado un mes después, elevó la gravedad del caso. Investigaciones periodísticas también documentaron otros homicidios que podrían estar relacionados con el expediente, aunque corresponde a las autoridades establecer responsabilidades y vínculos.
La Fiscalía General de la República detuvo además al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en el traslado de combustible ilegal. La amplitud de los nombres involucrados refuerza una conclusión incómoda para el oficialismo: el huachicol fiscal no puede explicarse únicamente como una operación criminal aislada, sino como un problema de controles aduanales, complicidades administrativas y supervisión política.
Licencias, acusaciones y silencios dentro de Morena
Otro foco de presión fue Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha Moya, funcionarios estatales y el senador Enrique Inzunza fueron señalados por autoridades estadounidenses por una presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. Rocha solicitó licencia y permaneció 112 días fuera de la vida pública. Cuando intentó regresar, Sheinbaum consideró que la decisión no era pertinente y advirtió que ningún funcionario debía aferrarse al cargo. Horas después, el mandatario volvió a pedir licencia, aunque hasta ahora no ha sido investigado en México.
La controversia alcanzó también a Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, después de que Estados Unidos le revocara la visa. El hijo del expresidente calificó la medida como una represalia política; Morena y Sheinbaum denunciaron una intervención indebida. La falta de explicaciones públicas alimentó versiones sobre una posible relación con el huachicol, pero la FGR sostuvo que no contaba con pruebas contundentes para abrir una investigación. Mientras el debate continúa, López Beltrán mantiene su campaña por una diputación en Tabasco.
La agenda interna también dejó derrotas
El segundo año presidencial no estuvo marcado únicamente por los problemas de seguridad. En el Congreso, Sheinbaum sufrió un revés con la reforma electoral que proponía eliminar a los legisladores plurinominales y reducir el financiamiento de los partidos. La iniciativa fue rechazada por la oposición y por sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, una señal de que la mayoría oficialista no siempre se traduce en disciplina automática.
El Gobierno también enfrentó acusaciones de censura por la reforma en telecomunicaciones y los lineamientos sobre derechos de las audiencias. Ante las críticas, la presidenta redujo el alcance de las sanciones y de la intervención sobre los contenidos, y negó que buscara controlar a los medios. La disputa, sin embargo, dejó planteada una tensión que probablemente persistirá: cómo regular plataformas y concesiones sin convertir la supervisión estatal en una herramienta de presión editorial.
El respaldo social no cancela las pruebas pendientes
El nivel de aprobación superior al 60% ofrece a Sheinbaum una base política importante para enfrentar la presión externa y ordenar a su coalición. Pero los escándalos asociados con funcionarios, familiares y operadores de Morena obligan a demostrar que la defensa de la soberanía no implica protección automática para los integrantes del movimiento gobernante. La credibilidad de su administración dependerá menos de la popularidad inmediata que de la capacidad de investigar sin excepciones, esclarecer los homicidios vinculados con el huachicol y mantener una cooperación con Estados Unidos que no erosione la autonomía nacional.
