En 2023, el 92 % de las parejas que contrajeron matrimonio en España optaron por el régimen de separación de bienes, según datos del Consejo General del Notariado. Solo el 5,1 % eligió el sistema de gananciales. Esta preferencia, que se ha consolidado en los últimos años, responde a un deseo de preservar la titularidad individual de ingresos y patrimonios. Sin embargo, la abogada Lucía Menéndez advierte que muchas firmas se realizan sin comprender las consecuencias reales en caso de divorcio o fallecimiento.
La separación de bienes implica que cada cónyuge conserva la propiedad de lo que aporta o genera durante el matrimonio. Solo los bienes adquiridos conjuntamente se consideran compartidos. En divorcio, cada parte retiene lo que figure a su nombre y, en caso de fallecimiento, el régimen no altera la herencia, aunque el viudo conserva derechos como la legítima o el usufructo según la legislación autonómica.
Impacto en la planificación patrimonial de las parejas
El cambio de régimen modifica sustancialmente la forma en que las parejas gestionan el riesgo financiero. En hogares donde uno de los miembros reduce su actividad laboral para cuidar hijos o familiares, la separación de bienes puede dejar a esa persona sin acceso automático a los ahorros generados durante el matrimonio. Esta situación obliga a establecer acuerdos previos o compensaciones que rara vez se formalizan en la práctica.
Para profesionales independientes y emprendedores, el régimen resulta ventajoso porque aísla el patrimonio personal de posibles deudas empresariales del otro cónyuge. No obstante, esta protección desaparece cuando uno de los dos avala préstamos o firmas conjuntas, un detalle que muchas parejas descubren demasiado tarde durante procesos concursales.
Perspectivas de diferentes actores
Los notarios observan que la elección suele producirse por recomendación de familiares o por influencia de contenido en redes sociales, más que por asesoramiento personalizado. Muchos matrimonios jóvenes priorizan la independencia económica sin evaluar escenarios de larga duración o de dependencia económica futura.
Desde la perspectiva de las asociaciones de mujeres, el régimen puede reforzar la autonomía financiera, pero también puede agravar la brecha de género cuando una de las partes asume la mayor carga de cuidados no remunerados. Organizaciones de mediación familiar señalan que los divorcios bajo separación de bienes generan menos litigios sobre bienes comunes, aunque aumentan los conflictos relacionados con compensaciones por dedicación al hogar.
Tres tendencias que configurarán los próximos años
Primero, el crecimiento del trabajo remoto y las carreras transfronterizas incrementará la demanda de regímenes que protejan activos generados en distintos países. La separación de bienes facilita esta gestión, pero complica la liquidación cuando intervienen jurisdicciones con normativas distintas.
Segundo, el envejecimiento demográfico y la mayor esperanza de vida harán que más matrimonios lleguen a la jubilación con patrimonios acumulados de forma desigual. Las herencias y los pactos sucesorios ganarán relevancia, ya que el régimen elegido condiciona cómo se calcula la legítima del cónyuge superviviente.
Tercero, la digitalización de los registros patrimoniales permitirá mayor transparencia sobre titularidades, reduciendo sorpresas en divorcios, pero también exigirá mayor precisión en los contratos prematrimoniales para evitar interpretaciones judiciales divergentes.
Riesgos estructurales y lagunas de información
El principal riesgo radica en la asimetría de información. Muchas parejas firman capitulaciones sin simular escenarios de ruptura a diez o veinte años vista. La ausencia de revisión periódica de estos acuerdos puede generar desequilibrios graves cuando cambian las circunstancias laborales o familiares.
Otro riesgo aparece en parejas con hijos de relaciones anteriores. La separación de bienes protege los patrimonios previos, pero complica la definición de gastos comunes relacionados con la educación o la vivienda familiar, lo que a menudo deriva en disputas judiciales costosas.
Finalmente, la falta de educación financiera básica en el sistema educativo español deja a gran parte de la población sin herramientas para evaluar las implicaciones fiscales y sucesorias de cada régimen. Esta carencia convierte una decisión que debería ser estratégica en un trámite rutinario con consecuencias duraderas.
