La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) colocó sobre la mesa una advertencia que trasciende la relación habitual entre gobierno y empresas: los principales obstáculos para el crecimiento de México no se encuentran únicamente en el ciclo económico, sino en la capacidad del Estado para ofrecer seguridad, certidumbre jurídica, infraestructura y servicios públicos funcionales. Al evaluar los dos primeros años de la administración de Claudia Sheinbaum, el organismo empresarial identificó una combinación de inseguridad, debilidad de la inversión, escasez de energía y agua, informalidad laboral y deterioro de la atención sanitaria.
El diagnóstico se apoya en datos que, de confirmarse y mantenerse durante los próximos meses, pueden limitar el alcance de la relocalización de cadenas productivas y del llamado Plan México. Coparmex señaló que una de cada dos empresas fue víctima de un delito entre octubre de 2025 y marzo de 2026, según la información más reciente de #DataCoparmex, y que la extorsión encabeza la lista. También citó el registro de más de 132 mil 800 personas desaparecidas, una cifra que representa no sólo una tragedia humanitaria, sino un indicador de la pérdida de control territorial y de confianza institucional.
La inseguridad dejó de ser un costo adicional y se convirtió en una condición de operación
La extorsión tiene un efecto económico distinto al de otros delitos. Un robo puede representar una pérdida puntual; la extorsión, en cambio, impone un pago recurrente, obliga a modificar rutas, reducir horarios, contratar protección privada o abandonar una zona. En sectores como comercio, transporte, construcción, agroindustria y pequeñas manufacturas, esa presión puede trasladarse a los precios o hacer inviable la formalidad.
El dato de que la mitad de las empresas consultadas haya sufrido algún delito no significa que todas enfrenten el mismo nivel de violencia ni que el daño económico sea homogéneo. Sí revela, sin embargo, que la inseguridad dejó de ser un problema circunscrito a determinados estados o corredores. Para una compañía que evalúa instalar una planta, la pregunta ya no es sólo cuánto cuesta el terreno, la electricidad o la mano de obra, sino cuánto costará operar sin interrupciones y con protección efectiva para trabajadores, mercancías y proveedores.
La preocupación empresarial coincide parcialmente con la de las comunidades y los trabajadores, aunque sus prioridades no siempre son idénticas. Las empresas reclaman condiciones para invertir; las familias exigen que cesen las desapariciones, los homicidios y las amenazas. El punto de encuentro es la ausencia de un Estado capaz de prevenir delitos, investigar y sancionar. La diferencia aparece cuando la seguridad se plantea exclusivamente como un mecanismo para proteger la actividad productiva, sin incorporar la dimensión de derechos humanos y atención a víctimas.
Récord de inversión extranjera, pero sin garantía de nuevas capacidades productivas
Uno de los señalamientos más relevantes de Coparmex es la diferencia entre inversión extranjera directa registrada e inversión nueva. Que la entrada de capital alcance niveles récord puede reflejar reinversiones de utilidades, operaciones entre compañías ya establecidas o adquisiciones, pero no necesariamente la construcción de nuevas plantas ni la creación proporcional de empleos. La distinción resulta decisiva para medir si México está aprovechando realmente la relocalización industrial.
La inversión fija bruta, de acuerdo con el organismo, no termina de despegar: en el primer trimestre de 2026 se ubicó 21.2% por debajo del nivel de un año antes. Si este comportamiento se prolonga, el país puede quedar atrapado en una paradoja: ser atractivo en los discursos y en los anuncios de intención, pero insuficiente en la ejecución de proyectos. La llegada de capital no se transforma automáticamente en productividad; requiere maquinaria, infraestructura, capacitación, proveedores locales y reglas estables.
La primera conclusión de fondo es que México enfrenta un problema de conversión de oportunidades. La ventaja geográfica, el acceso al mercado estadounidense y el marco del T-MEC generan demanda potencial, pero no garantizan inversión material. Cada proyecto se decide comparando costos, riesgos y tiempos. Si los permisos son inciertos, la energía insuficiente y la seguridad frágil, una empresa puede preferir ampliar operaciones en otra región, aunque México ofrezca menores costos laborales.
Desde la perspectiva gubernamental, el reto consiste en demostrar que el Plan México no será únicamente una plataforma de coordinación o promoción. Para que tenga efectos medibles deberá traducirse en proyectos con fechas, financiamiento, disponibilidad de suelo, conexión eléctrica, agua, transporte y proveedores nacionales. Para las empresas, esto implica aceptar que los incentivos públicos no sustituyen la obligación de invertir, capacitar y elevar salarios. El debate no debería reducirse a cuánto apoyo ofrece el Estado, sino a qué resultados productivos y laborales se obtienen a cambio.
Electricidad y agua: el cuello de botella que puede frenar la relocalización
Coparmex advirtió que los parques industriales y los proyectos de relocalización necesitan energía y agua suficientes, confiables y competitivas. La formulación parece técnica, pero contiene una de las mayores restricciones para el crecimiento mexicano. No basta con que exista capacidad nacional de generación eléctrica si la red no puede llevarla al punto donde se instalará una fábrica, ni sirve disponer de agua en términos agregados si las cuencas con mayor demanda industrial enfrentan estrés hídrico.
Esta limitación obliga a revisar el mapa de la inversión. Las entidades que hoy concentran parques industriales pueden perder proyectos si no amplían subestaciones, líneas de transmisión, plantas de tratamiento y sistemas de distribución. A su vez, una expansión acelerada sin criterios ambientales puede intensificar conflictos con agricultores y comunidades. La competencia por el agua puede convertirse en un factor de oposición social tan importante como la falta de seguridad o la incertidumbre regulatoria.
La segunda conclusión es que la infraestructura energética y la hídrica deben planearse como política industrial, no como obras aisladas. Una fábrica que recibe electricidad intermitente pierde producción; una planta sin suministro garantizado de agua no puede cumplir sus metas; un parque sin tratamiento adecuado puede enfrentar sanciones y rechazo comunitario. En los tres casos, el costo final recae sobre la competitividad y sobre la legitimidad social de la inversión.
Empleo formal y pequeñas empresas: el eslabón que no aparece en los anuncios
La Confederación sostuvo que el empleo formal es el mejor programa social del país, pero señaló que entre enero y julio se generaron menos de la mitad de los puestos necesarios para el periodo. Aunque el comunicado no precisa en ese pasaje el parámetro utilizado para calcular la brecha, el mensaje es claro: el crecimiento de la población en edad de trabajar está superando la capacidad de la economía para crear empleos con seguridad social, estabilidad y derechos laborales.
El déficit tiene consecuencias fiscales y sociales. Menos empleo formal significa una base más estrecha para las contribuciones, menor acceso a crédito y vivienda, y una mayor presión sobre los programas de transferencias. También reduce la productividad, porque los negocios informales suelen operar con menor acceso a tecnología, financiamiento y capacitación. La informalidad no es sólo una decisión individual para evitar trámites; con frecuencia es el resultado de costos de entrada, inseguridad, baja demanda y reglas difíciles de cumplir.
Las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran en el centro de esta tensión. Coparmex pidió atender las barreras de apertura, formalización, financiamiento, digitalización y competitividad, además de protegerlas contra la extorsión. Sin embargo, existe una controversia que el sector privado no puede eludir: algunas empresas reclaman simplificación regulatoria mientras presionan para contener aumentos salariales o el costo de las obligaciones laborales. La formalización sólo será sostenible si mejora la productividad del negocio, pero también si garantiza empleos dignos y no se convierte en una vía para trasladar todos los riesgos al trabajador.
Una política eficaz para las mipymes tendría que combinar ventanillas ágiles, crédito accesible, seguridad local, compras públicas y asistencia tecnológica. Si cada empresa debe resolver individualmente problemas de conectividad, cobros ilegales y capacitación, la productividad permanecerá estancada. En cambio, los clústeres regionales y las cadenas de proveeduría pueden permitir que pequeños negocios se integren a proyectos mayores, siempre que las grandes compañías no utilicen su poder de negociación para prolongar pagos o imponer condiciones inviables.
Salud y educación: la infraestructura social también determina la productividad
El señalamiento de que 34% de la población carece de acceso a servicios de salud y 18.6% se encuentra en rezago educativo amplía la discusión más allá del balance empresarial. La falta de atención médica reduce la asistencia al trabajo, eleva el gasto de bolsillo y agrava la vulnerabilidad de los hogares. El rezago educativo limita la posibilidad de ocupar puestos técnicos y dificulta que las empresas aprovechen procesos de automatización y digitalización.
Para el gobierno, recuperar la capacidad del sector salud es una exigencia de bienestar y una condición económica. Para los empleadores, una fuerza laboral enferma o sin formación suficiente eleva costos y reduce la productividad. Para los trabajadores, la expansión industrial no constituye una mejora real si el empleo no está acompañado de servicios públicos confiables. Estas perspectivas pueden converger, pero requieren que la política social no se mida sólo por cobertura nominal, sino por tiempos de atención, disponibilidad de medicamentos, calidad educativa y habilidades adquiridas.
Diálogo con el exterior y con el empresariado: avances diplomáticos, resultados todavía pendientes
Coparmex reconoció como avances el mantenimiento de un diálogo abierto con los socios del T-MEC, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Perú y el acercamiento con España. También valoró la apertura de espacios de conversación con el sector empresarial. Son señales relevantes porque México necesita estabilidad externa para negociar comercio, atraer capital y reducir la incertidumbre en un entorno internacional más proteccionista.
No obstante, el diálogo no debe confundirse con certidumbre. Las empresas requieren que los acuerdos se reflejen en permisos previsibles, tribunales confiables, respeto a contratos y políticas públicas consistentes. El gobierno, por su parte, enfrenta una presión legítima para conservar capacidad de regulación y priorizar objetivos sociales, ambientales y de soberanía energética. La disputa no desaparecerá mediante comunicados; sólo puede administrarse con reglas transparentes, evaluaciones públicas y mecanismos de consulta que no se limiten a los actores con mayor poder económico.
La tercera conclusión es que la confianza se ha convertido en un activo productivo. No se construye únicamente con anuncios de inversión ni con reuniones de alto nivel, sino con decisiones verificables y continuidad institucional. Una empresa puede tolerar un costo elevado si conoce el marco en el que operará; lo que desalienta la inversión es no poder estimar el riesgo. En ese sentido, la certeza jurídica tiene un valor económico comparable al de una carretera o una subestación eléctrica.
Los próximos meses definirán si la oportunidad industrial se consolida o se diluye
El escenario inmediato estará marcado por la capacidad del gobierno para convertir el Plan México en una cartera de proyectos ejecutables y por la evolución de la relación comercial dentro del T-MEC. Si aumentan los anuncios sin que crezcan la inversión fija, el empleo formal y la infraestructura disponible, la brecha entre expectativas y resultados puede deteriorar la credibilidad de la estrategia. Si, por el contrario, se aceleran permisos, redes eléctricas, disponibilidad de agua y seguridad en corredores productivos, México podría capturar una parte mayor de las cadenas que buscan acercarse al mercado estadounidense.
Los riesgos son múltiples. La presión por atraer capital puede llevar a flexibilizar controles ambientales o a subsidiar proyectos de bajo impacto local. La militarización o el despliegue operativo pueden contener temporalmente ciertos delitos sin desarticular las redes de extorsión. La reducción del gasto público, si ocurre sin priorización, puede afectar salud, educación e infraestructura justo cuando son más necesarias. Y una desaceleración internacional podría exponer la fragilidad de depender de anuncios de relocalización que todavía no se convierten en inversión nueva.
La agenda planteada por Coparmex no debe aceptarse como un programa empresarial completo ni descartarse como una lista de demandas patronales. Funciona, más bien, como una señal de presión sobre los puntos donde el crecimiento puede romperse. La respuesta de la administración Sheinbaum será evaluada no sólo por la cantidad de capital anunciado, sino por su capacidad para reducir la extorsión, producir empleos formales, garantizar servicios esenciales y ofrecer reglas estables. El verdadero desafío consiste en que la inversión deje de ser una promesa estadística y se convierta en actividad productiva con beneficios visibles para empresas, trabajadores y comunidades.
