La Secretaría de la Defensa Nacional movilizó el 25 de junio de 2026 a 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales hacia Sinaloa con el propósito de fortalecer las operaciones contra grupos delictivos. El traslado se realizó en un avión Boeing 727 de la Guardia Nacional que despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 8:35 horas y aterrizó en la Base Aérea Militar de Culiacán.
Los efectivos se integrarán de inmediato a las tareas de la Novena Zona Militar. Según el comunicado oficial, su función principal consiste en inhibir actividades ilícitas y desarticular estructuras de las organizaciones delictivas que operan en la entidad, manteniendo coordinación con el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.
Coordinación interinstitucional y alcance operativo
El despliegue no representa una operación aislada, sino que se suma a las acciones ya en curso dentro del estado. Las autoridades federales enfatizan que las unidades de Fuerzas Especiales realizarán intervenciones precisas orientadas a la detención de generadores de violencia. Esta estrategia busca evitar enfrentamientos de gran escala y concentrarse en objetivos específicos identificados por inteligencia militar.
La presencia de estos elementos también responde a la necesidad de mantener presencia sostenida en zonas de alto riesgo, donde la disputa territorial entre facciones criminales ha generado episodios recurrentes de confrontación desde mediados de 2024. El refuerzo permite ampliar la capacidad de respuesta sin depender exclusivamente de efectivos locales.
Captura simultánea y reacción inmediata
El mismo día del arribo de los refuerzos, autoridades federales y estatales detuvieron en Escuinapa a Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pink”, señalado como presunto operador de la facción Los Chapitos en el sur de Sinaloa. La aprehensión se produjo en el marco de operativos conjuntos y generó una respuesta inmediata de grupos vinculados al crimen organizado.
En las horas posteriores se registraron narcobloqueos y la quema de vehículos en los principales accesos a la cabecera municipal. Estos incidentes evidencian la capacidad de reacción de las estructuras criminales ante la pérdida de un operador regional, pero también muestran los límites de las acciones puntuales cuando no van acompañadas de un control territorial sostenido.
Contexto de la disputa territorial
Sinaloa atraviesa desde 2024 un periodo de reconfiguración de grupos criminales que ha derivado en enfrentamientos por el control de rutas de trasiego y plazas estratégicas. Esta dinámica ha obligado al gobierno federal a realizar varios despliegues de unidades especializadas en los últimos dos años, con resultados mixtos en términos de reducción sostenida de la violencia.
El envío de Fuerzas Especiales indica una decisión de elevar el nivel de las operaciones en momentos clave, pero también plantea interrogantes sobre la duración y la profundidad de la estrategia. Las autoridades locales enfrentan el reto de traducir estas intervenciones en estabilidad duradera, algo que requiere tanto capacidad operativa como inteligencia precisa sobre las estructuras de mando de los grupos contendientes.
La experiencia de despliegues anteriores muestra que la presencia temporal de unidades de élite puede contener brotes de violencia, aunque la consolidación de resultados depende en gran medida de la continuidad de las operaciones y de la coordinación efectiva con las fiscalías estatales y federales.
