La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los municipios carecen de facultad para imponer autorizaciones o cobros dirigidos de manera exclusiva a la infraestructura de telecomunicaciones. La decisión, adoptada por el Pleno el 25 de junio de 2026 al resolver la controversia constitucional 104/2026, refuerza la reserva federal en esta materia y delimita las competencias locales en desarrollo urbano.
La ministra Yasmin Esquivel Mossa, ponente del proyecto, informó que el fallo reconoce que los ayuntamientos conservan atribuciones en licencias de construcción y planeación urbana, pero estas no pueden utilizarse para crear regulaciones específicas que afecten únicamente a operadores de telefonía y telecomunicaciones. La Constitución, explicó, asigna a la Federación la regulación integral del sector para garantizar reglas uniformes en todo el territorio nacional.
Alcance de la resolución y sus fundamentos
El caso surgió a partir de un municipio que pretendía cobrar una cuota especial por autorizar la instalación y operación de antenas. Al analizar el asunto, la Corte determinó que cualquier cobro de esta naturaleza constituye una intromisión en la esfera federal. Los municipios pueden exigir licencias generales de construcción cuando se cumplan los requisitos de uso de suelo y seguridad estructural, pero no pueden establecer un régimen paralelo ni tarifas diferenciadas para el sector telecomunicaciones.
Esta postura busca evitar la fragmentación regulatoria que encarece el despliegue de infraestructura y genera incertidumbre jurídica para los concesionarios. La resolución se alinea con el artículo 28 constitucional, que otorga a la Federación la rectoría en telecomunicaciones, y con el artículo 115, que delimita las facultades municipales sin invadir competencias exclusivas del poder federal.
Otros fallos recientes sobre límites municipales
En abril de 2026, el Pleno invalidó disposiciones del reglamento de Hermosillo que permitían al ayuntamiento tomar posesión temporal de inmuebles privados para destinarlos a servicios públicos o vivienda de terceros. La Corte consideró que tales mecanismos rebasan las atribuciones municipales en asentamientos humanos y afectan el núcleo del derecho de propiedad, materia reservada al Congreso estatal. Sin embargo, validó las normas sobre declaratorias de abandono de predios por considerarlas parte de la esfera administrativa local.
En junio, la SCJN también resolvió la controversia 223/2023 y dejó sin efecto un oficio del Instituto Registral y Catastral de Puebla que adscribía la localidad de Maloapan al municipio de Hueyapan. El documento se basaba únicamente en el Marco Geoestadístico del Inegi, sin una determinación formal del Congreso estatal. El fallo subrayó que solo el poder legislativo puede fijar límites territoriales y que la falta de certeza jurídica vulnera los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución, al generar dudas sobre qué autoridad debe prestar servicios y recaudar contribuciones.
Implicaciones para la regulación y el desarrollo del sector
Las tres resoluciones comparten un hilo conductor: la necesidad de respetar la distribución de competencias establecida en la Constitución para evitar que decisiones administrativas locales generen barreras al ejercicio de derechos o a la prestación de servicios públicos. En el caso de las telecomunicaciones, la sentencia reduce el riesgo de que municipios impongan cargas económicas desproporcionadas que retrasen la expansión de redes, especialmente en zonas donde la cobertura sigue siendo insuficiente.
Al mismo tiempo, el fallo deja claro que los ayuntamientos conservan herramientas legítimas de planeación urbana, siempre que las apliquen de forma general y no discriminatoria. Esta distinción resulta clave para equilibrar el interés federal en una regulación homogénea con la autonomía municipal en materia de desarrollo territorial.
Los precedentes emitidos por la SCJN en los últimos meses ofrecen criterios más precisos para resolver futuros conflictos entre órdenes de gobierno y contribuyen a fortalecer la seguridad jurídica en sectores estratégicos como las telecomunicaciones y la propiedad inmueble.
