El Ministerio de Sanidad acordó este lunes enviar 25.000 dosis de vacunas a Ceuta para inmunizar a la población no vacunada y a los migrantes que permanecen en la ciudad, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez rechaza confinar a las personas con enfermedades infectocontagiosas, como reclama el Partido Popular. Las autoridades sanitarias sostienen que la situación no constituye una emergencia de salud pública.
El envío se realizará mediante el mecanismo de solidaridad acordado con las comunidades autónomas e incluye hasta 15.000 dosis de la vacuna triple vírica y otras 10.000 contra la difteria, el tétanos, la varicela y la polio. El Ministerio asegura que las dosis permitirán reforzar la prevención y evitar una potencial propagación de enfermedades.

Hasta el momento no se ha detectado ninguna epidemia en Ceuta. Los especialistas han identificado algunos casos de gastroenteritis, entre tres y cuatro de tuberculosis y alrededor de una veintena de sarna. El mayor volumen de atenciones médicas se registró entre el 31 de julio y el 1 de agosto, con 1.149 asistencias a migrantes contabilizadas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
Entre el 31 de julio y el 14 de agosto, Ingesa registró 5.801 asistencias relacionadas con la crisis. A esa cifra se suman más de 2.500 atenciones prestadas por el dispositivo de Cruz Roja en la playa del Tarajal, donde permanecen acampados los migrantes. Las asistencias han descendido durante las semanas posteriores al pico inicial.
La oposición reclama medidas de salud pública
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió al Gobierno estudiar el confinamiento en Ceuta de los portadores de enfermedades infectocontagiosas por razones de salud pública. El portavoz de los conservadores, Borja Sémper, defendió este lunes la propuesta y preguntó cuántos casos de sarna o tuberculosis serían necesarios para que el Ejecutivo adoptara decisiones.
La ministra de Sanidad, Mónica García, calificó el domingo el confinamiento de los migrantes de “injustificado y totalmente desmesurado”. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, acusó a Feijóo de actuar con “grave irresponsabilidad” al plantear esa medida. García había negado la semana pasada que existiera un “colapso sanitario” y afirmó que la actividad sanitaria ordinaria en la ciudad no se había alterado.
El Colegio de Médicos, los sindicatos y otras organizaciones han advertido, sin embargo, de que la llegada masiva de migrantes llevó al límite a un personal médico que ya afrontaba problemas estructurales. La mayoría de las personas que entraron en Ceuta el 30 de julio regresó a Marruecos pocas horas después, pero centenares continúan en la ciudad norteafricana.
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, reconoció que la ciudad sigue “muy lejos” de recuperar la normalidad, veinticinco días después de la entrada de más de 80.000 migrantes por la frontera del Tarajal. Señaló que el objetivo es que quienes entraron ilegalmente regresen por donde llegaron, aunque subrayó que no existen soluciones inmediatas y que los procedimientos deben ajustarse a los instrumentos jurídicos disponibles.
Ante la situación, Sánchez convocó para este martes una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Durante agosto, el presidente ya había celebrado dos reuniones por videoconferencia para coordinar la respuesta en Ceuta, los días 7 y 17, con la participación de varios ministros.
