La trayectoria de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc entre 2021 y 2024 estuvo marcada por una gestión que combinó visibilidad mediática con decisiones administrativas controvertidas. Su salida del cargo no cerró el ciclo de atención pública; por el contrario, los arrestos de tres de sus exparejas en un lapso de diez meses han reabierto preguntas sobre los mecanismos de control interno en las alcaldías y sobre la permeabilidad de las estructuras políticas locales frente a actores vinculados al crimen organizado.
Los hechos más recientes involucran a Eduardo Pérez Tueme, detenido el 27 de junio de 2026 en la Ciudad de México por una orden de aprehensión emitida en Coahuila por presunto fraude. Según declaraciones posteriores de Cuevas, la relación era sentimental y ella planea ofrecer una conferencia para detallar posibles vínculos de Pérez Tueme con el senador morenista Luis Fernando Salazar. Este caso se suma a los de Alejandro “N”, alias “El Choko”, líder de La Chokiza detenido en septiembre de 2025, y Giovanni Mata, alias “El Topo”, presunto miembro de Unión Tepito arrestado quince días después.
Trayectoria previa y contexto institucional
Cuevas llegó a la alcaldía tras una campaña que enfatizó la cercanía con sectores empresariales y una narrativa de renovación frente a administraciones previas. Durante su gestión, varios nombramientos en direcciones territoriales recayeron en personas sin trayectoria pública previa en el servicio civil, entre ellas Giovanni Mata, quien ocupó cargos en cinco colonias de la demarcación. La ausencia de filtros más estrictos en la designación de mandos medios se repite en otras alcaldías de la Ciudad de México y ha sido señalada por informes de la Auditoría Superior como un factor de riesgo para la infiltración de intereses externos.
El caso de “El Choko” añade otra capa. La organización La Chokiza opera principalmente en Ecatepec y municipios conurbados, dedicándose a extorsión y narcomenudeo. Su detención en un restaurante de Las Américas evidenció la capacidad de estos grupos para mantener presencia simultánea en la capital y el Estado de México. Cuevas reconoció una relación “efímera” y señaló que el detenido también había tenido contacto con otras figuras públicas, argumento que busca desplazar el foco hacia una supuesta selectividad mediática.
Riesgos de captura institucional
La sucesión de detenciones permite trazar una hipótesis de captura gradual de espacios locales. Cuando un funcionario de confianza de la alcaldesa resulta vinculado a una célula criminal, se abre la posibilidad de que decisiones sobre uso de suelo, permisos o asignación de recursos hayan sido influidas por intereses ajenos al interés público. En el caso de Mata, su rol como director territorial le otorgaba capacidad de interlocución directa con vecinos y comerciantes, espacios donde históricamente operan redes de extorsión. La falta de auditorías internas exhaustivas durante el mandato de Cuevas impide, por ahora, cuantificar el alcance real de esa influencia.
El episodio con Rubalcava, aunque nunca confirmado como relación formal, ilustra otro patrón: la exposición pública de vínculos personales entre actores políticos de distintas demarcaciones genera especulación que erosiona la percepción de profesionalismo. Cuando esos rumores coinciden con arrestos de otras exparejas, el efecto acumulativo es la deslegitimación no solo de la persona sino del espacio que ocupó.
Efectos en la opinión pública y el ecosistema mediático
La colocación de Cuevas en tendencias de Google México tras cada detención revela cómo las plataformas amplifican narrativas de escándalo. Esta dinámica reduce la discusión sobre políticas públicas de seguridad a episodios personales, desplazando el análisis estructural. Organizaciones de la sociedad civil que monitorean la incidencia delictiva en Cuauhtémoc han documentado que, durante el periodo de Cuevas, las denuncias por extorsión en colonias como Valle Gómez y Peralvillo mantuvieron niveles elevados, sin que se observara una estrategia diferenciada respecto a administraciones anteriores.
A nivel más amplio, el caso alimenta la narrativa de que el crimen organizado busca incrustarse en gobiernos locales mediante relaciones personales más que mediante confrontación directa. Esta modalidad, observada también en municipios de Guerrero y Michoacán, resulta más difícil de detectar porque no genera enfrentamientos visibles hasta que las detenciones ocurren.
Implicaciones para la carrera política futura
Cuevas ha manifestado su intención de deslindarse y de señalar a quienes considera responsables reales de los fraudes investigados. Sin embargo, su credibilidad depende de que las conferencias anunciadas aporten información verificable y no solo descalificaciones. En un contexto donde la ciudadanía valora cada vez más la integridad personal de los aspirantes, cualquier aspiración futura a cargos de mayor alcance enfrentará el obstáculo de estos antecedentes. Partidos que consideren postularla deberán evaluar el costo electoral de asociarse con una figura cuyos vínculos personales han sido objeto de tres operativos federales y estatales en menos de un año.
El precedente también afecta la percepción de las alcaldías como espacios de formación de liderazgos. Si los controles de confianza y las revisiones patrimoniales siguen siendo laxos, el riesgo de que episodios similares se repitan en otras demarcaciones aumenta. La experiencia de Cuevas sugiere que la visibilidad mediática no sustituye la necesidad de mecanismos institucionales robustos que limiten el acceso de personas con antecedentes dudosos a posiciones de poder local.
