La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) ha decidido desplegar una oficina de enlace permanente en Antananarivo con el objetivo de supervisar el proceso de reformas políticas en Madagascar tras el golpe militar de octubre de 2025. La medida fue anunciada por el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa al término de una cumbre extraordinaria virtual del bloque regional celebrada el 29 de junio de 2026.
Ramaphosa, quien ejerce también como presidente interino de la SADC, advirtió a las autoridades de transición que la región “no puede permitirse ciclos de transición sin resolución”. El mandatario sudafricano enfatizó que cualquier proceso de refundación debe tener un carácter temporal y no convertirse en un acuerdo indefinido. Según sus palabras, “la estabilidad no se sostiene mediante procesos indefinidos, sino a través de instituciones creíbles y una gobernanza legítima y electa”.
Mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas
Para garantizar la presencia sobre el terreno, la SADC aprobó la creación de la Oficina de Enlace en la capital malgache y amplió las funciones de la jefa de la Misión de Paz de Alto Nivel, la expresidenta de Malaui Joyce Banda. Banda asumirá además tareas de facilitación y reconciliación política. El bloque regional también estableció un sistema de control trimestral que permitirá evaluar el avance de las reformas y remitir cualquier desviación a la Troika del Órgano de la SADC para una respuesta inmediata.
Ramaphosa reiteró la exigencia de liberar de inmediato a los presos políticos, poner fin a las detenciones arbitrarias y facilitar el retorno de los exiliados. Estas condiciones se consideran esenciales para que las consultas nacionales sean inclusivas y para generar la confianza necesaria entre los actores políticos malgaches.
Contexto histórico y plazos establecidos
El coronel Michael Randrianirina asumió el poder tras el golpe de octubre de 2025, impulsado por protestas juveniles masivas. El militar prometió una “reconstrucción nacional” y un gobierno de transición con participación civil que dispondría de un máximo de dos años para restablecer el orden constitucional. La cumbre de diciembre de 2025 ya había fijado el 28 de febrero de 2026 como fecha límite para presentar una hoja de ruta clara hacia la normalidad institucional.
Madagascar ha experimentado tres golpes de Estado anteriores desde su independencia de Francia: en 1972, 1975 y 2009. Esta sucesión de interrupciones del orden constitucional ha generado un patrón de inestabilidad que la SADC busca ahora romper mediante un acompañamiento más estructurado y con plazos concretos.
Implicaciones regionales
La decisión de la SADC refleja la preocupación de los países vecinos por evitar que la transición malgache se prolongue indefinidamente y genere efectos desestabilizadores en el océano Índico occidental. Al endurecer los mecanismos de rendición de cuentas y vincular el apoyo regional a resultados electorales verificables, el bloque envía una señal clara sobre los límites que está dispuesto a tolerar en los procesos de transición militar en la región.
El éxito de la oficina de enlace dependerá en gran medida de la cooperación efectiva de las autoridades de transición y de la capacidad de Joyce Banda para mediar entre las distintas fuerzas políticas malgaches. Los próximos informes trimestrales de la SADC ofrecerán la primera evaluación concreta sobre si el proceso avanza hacia elecciones democráticas o si, por el contrario, requiere una intervención más firme del órgano ejecutivo regional.
