La Embajada de Rusia en Colombia afirmó que Moscú mantiene su disposición a retomar la cooperación bilateral para reparar y mantener la flota de helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional. El pronunciamiento se conoció en medio de versiones sobre posibles acercamientos con el despacho del presidente Abelardo de la Espriella, aunque no establece fechas ni confirma una reunión entre representantes rusos y del nuevo Gobierno.
Una flota crítica y parcialmente inoperativa
Rusia cuestionó los intentos de la administración de Gustavo Petro de recuperar las aeronaves mediante empresas de terceros países, a las que calificó como “contratistas no autorizados”. Según la embajada, esas gestiones no resolvieron la pérdida de capacidad aérea, expusieron recursos públicos y derivaron en procesos judiciales contra algunos involucrados.
El problema tiene un impacto operativo directo: de los 20 Mi-17 disponibles, nueve permanecen en preservación tras alcanzar el límite para el mantenimiento mayor, dos están inactivos por accidentes, ocho siguen operativos o en mantenimiento y uno avanza hacia su retiro definitivo. La disponibilidad reducida afecta misiones de transporte, abastecimiento y movilidad militar en regiones de difícil acceso.
La embajada también recordó que Colombia destinó cerca de 90 millones de dólares a un proyecto offset para construir en Tolemaida, Tolima, un centro de reparación y mantenimiento de estos helicópteros, iniciativa que, según Moscú, quedó inconclusa. El señalamiento introduce un elemento financiero relevante: antes de comprometer nuevos recursos, el Estado deberá esclarecer el destino de esas inversiones y las responsabilidades asociadas.
La condición rusa
Moscú sostiene que las intervenciones deben quedar en manos de compañías certificadas por el fabricante, capaces de ofrecer reparaciones con garantía. Esta exigencia enfrenta las restricciones impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania y convierte la eventual reanudación del servicio en un asunto tanto técnico como diplomático. La apertura anunciada puede facilitar una salida para la flota, pero su concreción dependerá de superar las sanciones, definir un canal contractual válido y garantizar controles estrictos sobre el gasto público.
