El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, plantea que una eventual declaración del estado de excepción permitiría al Gobierno intervenir recursos sanitarios, obligar a profesionales a ejercer sus funciones y reforzar la respuesta ante la presión asistencial en la ciudad autónoma. La medida requeriría autorización previa del Congreso de los Diputados y no ha sido declarada.
Roviralta sostiene que la aplicación del artículo 28 de la Ley Orgánica 4/1981 facilitaría la requisa de material sanitario, la intervención de hospitales y clínicas privadas y el racionamiento de medicamentos, servicios o productos de primera necesidad. También permitiría recurrir a medidas previstas para el estado de alarma ante crisis sanitarias, desabastecimiento o paralización de servicios esenciales.
Según el responsable colegial, este marco podría facilitar una evaluación más precisa de la situación epidemiológica, especialmente en puntos con hacinamiento y dificultades de acceso a condiciones básicas de higiene. Actualmente, afirma, se conocen los casos diagnosticados de patologías como gastroenteritis o sarampión, pero no existe una fotografía completa que permita trazar políticas preventivas adecuadas.
La presión sobre los centros sanitarios ha aumentado después de que decenas de miles de personas cruzaran irregularmente la frontera con Marruecos el 30 de julio. Aunque el Gobierno de España descarta un “colapso sanitario”, médicos y enfermeras de Ceuta aseguran que carecen de recursos suficientes. Roviralta critica que se estén solicitando voluntarios para atender las Urgencias hospitalarias.
El facultativo considera insuficiente el refuerzo anunciado por Sanidad, de hasta 90 efectivos, por la ausencia de médicos entre esos recursos. También cuestiona que los contratos temporales de hasta tres meses ofrecidos por el INGESA resulten atractivos para captar profesionales dispuestos a participar en la crisis humanitaria.
Pruebas médicas y control de suministros
Roviralta indica que, bajo ese supuesto excepcional, podrían realizarse reconocimientos médicos obligatorios a personas que se negasen a someterse a ellos, tanto migrantes como población autóctona, al quedar sin efecto la Ley de Autonomía del Paciente. Asimismo, podrían decretarse confinamientos cuando fueran necesarios por razones de salud pública.
La declaración también habilitaría al Ejecutivo para intervenir transportes y cargas, con capacidad para controlar medicamentos, suministros médicos y material sanitario que entre o salga de Ceuta. La norma contempla además medidas de vigilancia y protección en edificios e instalaciones públicas, incluidos centros de salud y hospitales, así como restricciones de movilidad que afectarían a pacientes y profesionales.
El artículo 116 de la Constitución permite al Ejecutivo declarar los estados de alarma o excepción. El segundo debe aprobarse mediante decreto acordado en Consejo de Ministros y autorizado por el Congreso. Su duración no puede superar 30 días, prorrogables por otro plazo igual, y el decreto debe precisar el ámbito territorial, las medidas previstas y los derechos cuya suspensión se solicite.
El Gobierno central, con apoyo del Ejecutivo de Juan Jesús Vivas, prioriza localizar a los migrantes en dispositivos para facilitar su devolución al país vecino y garantizar condiciones de salubridad ante posibles riesgos para la salud pública. Roviralta afirma que las medidas adoptadas hasta ahora no han funcionado y reclama una actuación inmediata desde la perspectiva sanitaria.
