El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito está a punto de emitir una resolución que podría modificar de manera sustancial el acceso a documentos clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional. El caso, centrado en la omisión de entrega de archivos vinculados a la Guerra Sucia, involucra tanto el derecho individual de Alicia de los Ríos Merino como obligaciones institucionales derivadas de un decreto presidencial de 2019. La decisión no se limita a un litigio administrativo; abre un escenario donde convergen exigencias de verdad histórica, tensiones entre poderes y posibles efectos en la credibilidad de las fuerzas armadas.
La magistrada Sandra Janet Hernández Chávez presentará un proyecto que aborda la negativa reiterada de la Sedena a transferir documentos al Archivo General de la Nación. Este incumplimiento, documentado en el informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de octubre de 2023, ha generado un precedente de resistencia institucional que ahora enfrenta control judicial. La resolución podría establecer parámetros claros sobre cómo deben gestionarse archivos relacionados con violaciones graves a derechos humanos en el futuro.
Efectos en el derecho a la verdad y las víctimas
Una resolución favorable al amparo podría reforzar el principio de que el acceso a archivos históricos constituye un derecho colectivo, no solo individual. Miles de familiares de desaparecidos durante la Guerra Sucia verían abierto un canal para solicitar información específica una vez que los documentos sean transferidos y catalogados. Este paso reduciría la dependencia de solicitudes fragmentadas y permitiría reconstruir cadenas de mando y operativos que hasta ahora permanecen opacos. Sin embargo, el riesgo de que la Sedena limite la desclasificación a expedientes ya conocidos o parcialmente alterados sigue presente, lo que diluiría el impacto real de la medida.
El precedente también podría extenderse a otros periodos de represión estatal. Organizaciones como Artículo 19 y el Centro Prodh han señalado que una victoria judicial incentivaría litigios similares en casos de desapariciones más recientes. No obstante, si el tribunal opta por exigir la individualización previa de documentos, se generaría un obstáculo práctico que beneficiaría a las instituciones que custodian la información, prolongando la impunidad.
Implicaciones para el Poder Judicial tras la reforma
El debate en el tribunal refleja las tensiones que enfrenta el Poder Judicial en su nueva configuración. La objeción de las magistradas Ana María Ibarra Olguín y Sandra Janet Hernández Chávez al proyecto inicial del magistrado Alfredo Enrique Báez López subraya un cambio de enfoque: ya no se trata solo de información pública, sino del cumplimiento de una obligación presidencial vinculante. Esta postura podría consolidar una línea jurisprudencial que priorice derechos humanos sobre argumentos de seguridad nacional.
Al mismo tiempo, existe el riesgo de que una resolución ambigua genere mayor fragmentación en la interpretación de decretos presidenciales. Si el tribunal no establece mecanismos concretos de supervisión para la transferencia de archivos, la Sedena podría interpretar la decisión como una validación de su actual política de resguardo. Esto debilitaría la autoridad del Ejecutivo en materia de transparencia y erosionaría la confianza de la sociedad en las instituciones judiciales.
Desafíos institucionales y resistencia castrense
La negativa histórica de la Sedena a entregar documentación plantea un desafío estructural. El informe del Mecanismo para la Verdad documentó alteraciones y ocultamiento de expedientes, lo que sugiere que cualquier orden judicial podría enfrentar resistencia operativa. Una resolución que ordene la entrega inmediata podría desencadenar tensiones entre el poder civil y las fuerzas armadas, especialmente en un contexto donde el Ejército ha ampliado sus funciones en seguridad pública.
Por otro lado, una decisión que reconozca limitaciones técnicas o de clasificación podría abrir la puerta a un proceso gradual de transferencia supervisado por instancias independientes. Este camino reduciría confrontaciones directas, pero también prolongaría el acceso a la información por años, manteniendo la deuda histórica con las víctimas.
Incertidumbres sobre implementación y efectos futuros
El principal factor de incertidumbre radica en la capacidad del Archivo General de la Nación para procesar y resguardar el volumen potencial de documentos. Sin recursos adicionales y protocolos claros de clasificación, la transferencia podría resultar en archivos inaccesibles en la práctica. Además, la posibilidad de que la Sedena retenga copias o versiones editadas introduce riesgos de manipulación que solo se verificarían después de años de investigación.
En el mediano plazo, la resolución podría influir en la forma en que México aborda periodos de violencia estatal. Un fallo que priorice el acceso a la verdad fortalecería los estándares internacionales de derechos humanos asumidos por el país. Una decisión restrictiva, en cambio, consolidaría un modelo de opacidad que dificulta la reconciliación y perpetúa narrativas oficiales incompletas. El tribunal tiene ante sí la responsabilidad de definir cuál de estos caminos prevalece.
