La reciente elección presidencial en Perú inaugura una etapa marcada por la necesidad de atender dos sectores que han acumulado rezagos estructurales durante décadas. Keiko Fujimori asumirá el poder en un contexto donde la inestabilidad política previa ha erosionado la capacidad del Estado para ejecutar políticas de largo plazo en educación y salud.
El trasfondo histórico revela un patrón recurrente: desde 2018, el país ha experimentado cinco cambios de presidente, cada uno acompañado de rotaciones frecuentes en ministerios clave. Esta sucesión de administraciones truncó iniciativas como el Plan Nacional de Educación 2021-2026 y fragmentó la implementación de reformas sanitarias iniciadas tras la pandemia. Los efectos se acumulan en indicadores que muestran brechas persistentes entre zonas urbanas y rurales.
En educación, los datos de evaluaciones internacionales como PISA evidencian que apenas el 33 % de estudiantes alcanza niveles mínimos en matemáticas. Esta cifra no es aislada; refleja una trayectoria donde los intentos de mejora se han centrado en intervenciones puntuales sin abordar las causas de fondo. La brecha de acceso se manifiesta claramente: cuatro de cada diez jóvenes urbanos ingresan a educación superior, mientras que en áreas rurales la proporción cae a uno de cada diez.
El impacto de estas deficiencias trasciende el ámbito escolar. Una fuerza laboral con bajos niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático limita la productividad nacional y reduce la capacidad de absorber tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Países que lograron cerrar brechas similares, como Chile en la década de 2000, observaron incrementos sostenidos del 1,2 % anual en crecimiento del PIB per cápita atribuibles a mejoras educativas. Perú enfrenta el riesgo de quedar rezagado en cadenas de valor globales que demandan competencias técnicas actualizadas.
En el plano social, la desigualdad territorial en educación refuerza ciclos de pobreza intergeneracional. Las zonas amazónicas y andinas, donde la conectividad digital sigue siendo deficiente, experimentan tasas de deserción escolar superiores al promedio nacional. Sin una estrategia que integre infraestructura física con herramientas virtuales de calidad, estas regiones continuarán aportando menos al desarrollo económico y demandarán mayor gasto social compensatorio en el futuro.
El sector salud presenta desafíos paralelos que se agravan por la misma inestabilidad administrativa. La rotación constante de ministros ha impedido consolidar redes de atención primaria efectivas. El envejecimiento poblacional proyectado para 2030, cuando finalice el bono demográfico, incrementará la carga de enfermedades crónicas y elevará los costos del sistema. Sin reformas anticipadas, el gasto sanitario podría crecer desproporcionadamente, presionando las finanzas públicas y desplazando recursos de otras áreas prioritarias.
Un enfoque predominante en tratamiento en lugar de prevención ha generado saturación en hospitales de Lima y otras ciudades grandes. La escasez de especialistas fuera de los principales centros urbanos obliga a pacientes de provincias a desplazamientos costosos o a postergar atenciones. La telesalud, si se implementa con sistemas interoperables de historias clínicas, podría mitigar esta dispersión, pero requiere continuidad presupuestaria y formación de personal que los cambios de gobierno han dificultado.
Las consecuencias a mediano plazo incluyen mayor vulnerabilidad ante crisis sanitarias futuras. La experiencia de la pandemia mostró que sistemas fragmentados responden con retraso y generan mayor mortalidad evitable. Una población con menor acceso oportuno a servicios de salud mental y detección temprana de enfermedades crónicas también experimenta pérdidas de productividad laboral que se traducen en menor recaudación fiscal y mayor dependencia de programas asistenciales.
Desde una perspectiva de desarrollo nacional, la articulación entre educación superior y sector productivo resulta determinante. Universidades e institutos técnicos que mantienen vínculos débiles con empresas generan egresados con competencias desalineadas respecto a las demandas del mercado. Esta desconexión eleva el desempleo juvenil y reduce la competitividad de industrias emergentes como la minería tecnificada o la agroexportación de alto valor.
El nuevo gobierno enfrenta la tarea de transformar estas áreas en políticas de Estado con mecanismos de rendición de cuentas que trasciendan periodos presidenciales. La ausencia de tal continuidad ha sido el factor principal detrás de los resultados limitados observados hasta ahora. Sin un enfoque que priorice la gestión profesionalizada y la planificación multianual, los desafíos actuales se convertirán en restricciones estructurales para el crecimiento inclusivo de Perú en las próximas dos décadas.
