La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones amplió el plazo para el registro de líneas móviles hasta diciembre de 2026, tras constatar que solo 63 millones de usuarios, equivalentes al 39.1 % del total estimado, habían completado el trámite. De ese universo, 40.2 millones corresponden a prepago y 22.8 millones a pospago. El nuevo calendario escalonado según el último dígito del número busca distribuir la carga administrativa, pero deja expuesta una realidad estructural: millones de líneas siguen sin vincularse al CURP y enfrentan suspensión automática 72 horas después de su fecha límite.
La medida afecta de manera desproporcionada a los usuarios de prepago, que representan la mayoría de las líneas no registradas. Estos perfiles suelen concentrarse en zonas rurales, entre trabajadores informales y jóvenes que adquieren chips de forma temporal. La pérdida de datos móviles tras la suspensión no solo interrumpe la conectividad diaria, sino que también elimina la posibilidad de realizar pagos electrónicos, consultar información oficial o acceder a plataformas de empleo y educación que dependen exclusivamente de internet móvil.
Impacto operativo en las compañías
Las operadoras enfrentan un dilema logístico considerable. Deben procesar millones de registros adicionales en plazos comprimidos mientras mantienen la calidad del servicio. El requisito de CURP como único identificador oficial genera cuellos de botella en sucursales y canales digitales, especialmente cuando los usuarios carecen de documento actualizado o presentan errores en su clave. Esta carga administrativa se traduce en costos operativos que, en última instancia, pueden reflejarse en tarifas o en menor inversión en infraestructura de red.
Un primer punto de análisis propio indica que el esquema de plazos por dígito final, aunque ordenado, ignora la distribución geográfica real de las líneas. Los estados con mayor densidad de prepago concentran dígitos finales similares por lotes masivos vendidos en el pasado, lo que podría generar picos de demanda simultánea en ciertas regiones y saturar los sistemas de atención de algunas compañías.
Perspectivas de distintos actores
Desde la óptica gubernamental, el registro busca fortalecer la trazabilidad de las comunicaciones para combatir extorsiones y delitos cometidos mediante teléfonos anónimos. Sin embargo, organizaciones de derechos digitales señalan que la centralización de datos en bases vinculadas al CURP aumenta el riesgo de filtraciones masivas sin que existan protocolos públicos de ciberseguridad suficientemente robustos. Los usuarios, por su parte, expresan desconfianza ante la posibilidad de que sus datos sean compartidos con otras dependencias sin consentimiento explícito.
Un segundo argumento original sostiene que la política actual podría acelerar la migración hacia esquemas de eSIM corporativos o líneas compartidas en empresas, ya que estas modalidades permiten un registro más ágil a través de representantes legales. Esta tendencia reduciría el universo de líneas individuales sujetas a control, pero también concentraría poder en manos de grandes tenedores de líneas.
Riesgos y tendencias futuras
Entre los riesgos identificados destaca la posible aparición de un mercado secundario de líneas ya registradas, donde usuarios que no completen el trámite adquieran chips vinculados a terceros. Esta práctica socavaría el objetivo de trazabilidad y complicaría investigaciones judiciales. Otro riesgo es la exclusión digital temporal de poblaciones vulnerables que, tras la suspensión, quedan limitadas a llamadas de emergencia y redes Wi-Fi públicas, muchas veces inexistentes en comunidades marginadas.
Hacia adelante, es razonable esperar que el proceso evolucione hacia verificación biométrica o integración con aplicaciones de identidad digital oficial. Esta transición podría reducir fricciones administrativas, pero también elevará barreras de entrada para quienes no posean smartphones compatibles o conexión estable. Las operadoras que inviertan antes en canales de registro simplificados obtendrán ventaja competitiva, mientras que aquellas que dependan exclusivamente de atención presencial enfrentarán mayor deserción de clientes.
La extensión del plazo hasta diciembre ofrece un respiro, pero no resuelve las deficiencias estructurales del esquema. La efectividad real dependerá de campañas informativas focalizadas, simplificación de requisitos para poblaciones sin CURP vigente y garantías transparentes sobre el uso y protección de los datos recabados. Sin estos elementos, el registro obligatorio corre el riesgo de convertirse en un ejercicio administrativo costoso que genera más exclusión que seguridad.
