Cientos de personas se manifestaron el jueves en el centro de Santiago contra el paquete de reformas constitucionales en materia de seguridad promovido por el presidente de Chile, José Antonio Kast. La movilización derivó en enfrentamientos con la policía en los alrededores de Plaza Italia, donde los agentes utilizaron carros lanzaagua y gases lacrimógenos para dispersar a los participantes. Al menos cuatro personas fueron detenidas, entre ellas tres adultos y un adolescente de 16 años, todos acusados de desórdenes.
La jornada no dejó policías heridos, según la información disponible, pero volvió a colocar en el centro del debate la tensión entre la demanda de respuestas más firmes frente al crimen y el temor a que el Ejecutivo concentre facultades excepcionales sin suficientes controles institucionales. Algunos manifestantes compararon a Kast con el exdictador Augusto Pinochet, al gritar “¡Igual que Pinochet!” durante el avance de los vehículos antidisturbios.
Una protesta concentrada en Plaza Italia
La concentración se desarrolló en uno de los principales puntos de movilización política y social de la capital. Los manifestantes avanzaron por la zona mientras la policía intentaba contener la marcha y despejar las vías. La intervención de los equipos antidisturbios marcó el momento de mayor tensión, en una protesta que tenía como principal objetivo rechazar las modificaciones constitucionales antes de que comiencen a ser discutidas formalmente en el Congreso.
Entre los participantes se encontraba Camila Aramena, estudiante de administración pública de 22 años, quien declaró a la AFP que la propuesta concede al presidente atribuciones que no debería tener en una democracia. A su juicio, Kast se encuentra “en un punto muy extremo”, una percepción que refleja la preocupación de sectores opositores por el alcance de las medidas, aunque también existen reparos dentro de las propias filas oficialistas.
El nuevo estado de excepción, el punto más controvertido
El proyecto contempla ocho cambios a la Constitución con el propósito declarado de fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado. La disposición que ha generado mayores críticas permitiría al presidente decretar un nuevo estado de excepción por un periodo de hasta ocho meses cuando exista una amenaza grave para la seguridad pública, sin requerir la aprobación previa del Congreso.
Durante ese periodo, las autoridades podrían restringir derechos como la libertad de movimiento y de reunión en las zonas declaradas en emergencia. La iniciativa también contempla la interceptación de comunicaciones en esos territorios. El debate no se limita, por tanto, a la eficacia operativa de las medidas: alcanza directamente la relación entre seguridad, control judicial, supervisión parlamentaria y protección de libertades civiles.
Human Rights Watch se ha sumado a las voces críticas, al igual que dirigentes de la oposición y representantes del oficialismo. Sus objeciones se centran en el riesgo de que una herramienta concebida para situaciones extraordinarias se convierta en un mecanismo prolongado de gobierno, especialmente si la declaración y extensión del estado de excepción quedan concentradas en la autoridad presidencial.
La presión por responder al crimen organizado
El Gobierno sostiene su iniciativa en la necesidad de reaccionar ante el deterioro de algunos indicadores de seguridad. Chile continúa siendo uno de los países más seguros de América Latina, pero los homicidios y los secuestros han aumentado durante los últimos años. Las autoridades vinculan parte de esta evolución con la presencia de grupos criminales extranjeros, entre ellos el Tren de Aragua, organización originaria de Venezuela que ha extendido sus operaciones por distintos países de la región.
La tasa de homicidios llegó a 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, aproximadamente el doble de la registrada una década atrás. Aunque la cifra sigue siendo inferior a la de numerosos países latinoamericanos, el incremento ha modificado la percepción pública de seguridad y ha dado mayor espacio político a las propuestas de mano dura con las que Kast llegó al poder en marzo.
Ese contexto explica la capacidad de la reforma para movilizar apoyos y rechazos simultáneos. Para sus defensores, la expansión del crimen organizado exige instrumentos más rápidos y amplios que los disponibles bajo los procedimientos ordinarios. Para sus detractores, la gravedad del problema no elimina la obligación de preservar contrapesos democráticos: una política de seguridad puede perder legitimidad si el remedio amplía de forma desproporcionada el poder del Ejecutivo.
El debate se traslada al Congreso
Las reformas todavía no han sido aprobadas y deberán atravesar el debate legislativo, donde previsiblemente se discutirán tanto su contenido como los límites temporales y territoriales de las facultades propuestas. La movilización de Santiago anticipa una disputa política que podría prolongarse más allá de la votación parlamentaria, debido a que el proyecto combina una respuesta a una preocupación social extendida con disposiciones que afectan derechos fundamentales.
La controversia también ocurre mientras Kast estrecha vínculos con gobiernos de orientación similar en la región. Tras una reunión bilateral en Santiago, el presidente argentino Javier Milei agradeció el respaldo chileno a los derechos de soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas. Kast, por su parte, pidió que Argentina y el Reino Unido retomen cuanto antes las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa por las Malvinas, las islas Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Ambos mandatarios comparten posiciones favorables al libre mercado y una línea dura frente a la delincuencia y la inmigración irregular. Sin embargo, mientras la cooperación política regional puede reforzar la identidad del nuevo Gobierno chileno, la discusión sobre la reforma de seguridad dependerá de su capacidad para demostrar que la respuesta al crimen organizado puede ser firme, efectiva y compatible con los controles propios de una democracia.
