Campesinos y organizaciones ambientalistas de la región de Tehuacán buscarán que el Congreso de Puebla expida una ley reglamentaria para regular, investigar y sancionar el uso de tecnologías que, según denuncian, podrían inhibir o dispersar las precipitaciones. La demanda surge después de que se incorporara a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado una prohibición sobre este tipo de prácticas, aunque sin mecanismos operativos para hacerla efectiva.
José Luis Leyva Machuca, dirigente del Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena y Popular (MASCIP), informó que las agrupaciones plantearán formalmente la necesidad de definir autoridades responsables, procedimientos de supervisión y sanciones aplicables a empresas o particulares que presuntamente intervengan en la formación o trayectoria de nubes.
Una prohibición sin procedimientos de aplicación
De acuerdo con Leyva Machuca, la incorporación de disposiciones restrictivas a la legislación estatal fue resultado de aproximadamente cinco años de bloqueos, movilizaciones y mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación. El cambio legal reconoció la preocupación de comunidades rurales por el posible uso de tecnologías capaces de modificar fenómenos atmosféricos, pero no estableció cómo verificar una infracción ni qué instancia tendría facultades para actuar.
La diferencia entre una prohibición general y una norma reglamentaria es central para los productores. Mientras la primera fija un principio jurídico, la segunda tendría que precisar conceptos técnicos, mecanismos de denuncia, protocolos de inspección, criterios de prueba y consecuencias administrativas o penales. Sin esos elementos, las acusaciones de las comunidades difícilmente pueden traducirse en investigaciones formales.
El dirigente señaló que los campesinos reportan la presencia frecuente de avionetas cuando hay formación de nubes en la zona. Según su percepción, esos sobrevuelos coinciden con lluvias que no llegan a determinadas comunidades o que se desplazan hacia otros puntos, entre ellos Huajuapan. Sin embargo, también aclaró que la presencia de aeronaves no implica por sí misma que la precipitación desaparezca.
La atribución de causas exige evidencia técnica
Las denuncias reflejan una preocupación persistente en una región donde la disponibilidad de agua condiciona directamente la viabilidad de la agricultura. No obstante, establecer una relación causal entre el paso de avionetas y la ausencia de lluvia requiere evidencia meteorológica, aeronáutica y ambiental verificable. La formación de nubes y la distribución de precipitaciones dependen de variables como temperatura, humedad, vientos, topografía y sistemas regionales de presión, por lo que una eventual regulación necesitaría apoyarse en peritajes especializados.
En ese contexto, una ley reglamentaria tendría el reto de evitar que las denuncias queden sólo en el terreno de la percepción, sin desestimar las afectaciones que reportan las comunidades. Para ello, podría requerirse coordinación entre autoridades ambientales, protección civil, organismos de agua, instancias de aviación y centros de investigación capaces de analizar vuelos, condiciones atmosféricas y posibles sustancias o equipos utilizados.
El costo del riego agrava la presión sobre el campo
La preocupación de los productores está ligada a una ecuación económica adversa. Leyva Machuca expuso que en San Gabriel Chilac una hora de riego puede costar entre 600 y 800 pesos. A ello se suma que una tonelada de maíz puede comercializarse en alrededor de 7 mil pesos, mientras que producirla implica una inversión de hasta 14 mil pesos, según los datos citados por el MASCIP.
Cuando las lluvias son insuficientes o irregulares, el riego deja de ser un complemento y se convierte en un gasto determinante para sostener los cultivos. Esa dependencia incrementa el riesgo de pérdidas, especialmente para pequeños productores con acceso limitado a infraestructura hídrica, créditos o seguros agrícolas. La discusión legislativa, por tanto, no se limita a una controversia sobre aeronaves: se inserta en la vulnerabilidad económica y climática de las zonas rurales de Tehuacán.
Las organizaciones buscarán que el Congreso estatal retome el tema en el próximo periodo de trabajo legislativo. El alcance real de su petición dependerá de que se definan bases técnicas para identificar prácticas prohibidas y garantías de debido proceso para quienes sean señalados. Una regulación con criterios claros podría atender las denuncias campesinas sin sustituir la evidencia científica por conclusiones anticipadas sobre fenómenos meteorológicos complejos.
