El Gobierno de Perú anunció este martes 1 de septiembre de 2026 la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Irán, en una decisión que atribuyó a la escalada de violencia en Medio Oriente, al deterioro de la seguridad regional y a las dificultades para supervisar el programa nuclear iraní. La medida, comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no supone el cierre total de los vínculos entre ambos países, debido a que se mantendrán las relaciones consulares.
La decisión fue adoptada por la administración de la presidenta Keiko Fujimori después de reiteradas expresiones de preocupación de Lima sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente. En su comunicado, la cancillería peruana responsabilizó a la República Islámica de fomentar la violencia y contribuir al aumento de las tensiones, además de cuestionar sus restricciones internas y su presunta interferencia en el comercio internacional a través del estrecho de Ormuz.
Una ruptura basada en la Convención de Viena
El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la decisión se ajusta a las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Ese marco jurídico regula la representación diplomática entre Estados y contempla la posibilidad de que un país ponga fin a sus relaciones oficiales mediante una comunicación formal.
La notificación de Perú fue enviada a Teherán a través de una nota diplomática canalizada por la Embajada de Irán en Ecuador. Esa sede cumple funciones de misión concurrente ante el Gobierno peruano, por lo que la representación iraní en Ecuador actúa también como enlace diplomático para los asuntos relacionados con Perú.

La fórmula escogida por Lima marca una ruptura política y diplomática, pero deja abierta una vía institucional para atender asuntos concretos. De acuerdo con el comunicado, la medida “no entraña la ruptura de relaciones consulares”, consideradas necesarias para proteger a los nacionales de cada Estado y desarrollar las funciones previstas en el artículo 5 de la Convención de Viena.
Las críticas de Lima a Teherán
Entre los principales motivos expuestos por Perú figura el rechazo a lo que definió como una incitación iraní a la violencia y a la escalada de conflictos en Medio Oriente. La cancillería también cuestionó la obstrucción a la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica, cuyos inspectores, según el Gobierno peruano, han enfrentado negativas de acceso a instalaciones nucleares en distintas ocasiones.
Para Lima, esas restricciones dificultan la verificación internacional necesaria para determinar que las actividades nucleares no se orienten a la producción de armas. El señalamiento coloca la decisión peruana dentro de una preocupación más amplia de la comunidad internacional: la falta de transparencia y el acceso limitado de los inspectores pueden aumentar la incertidumbre sobre las capacidades nucleares iraníes, incluso cuando no constituyen por sí mismos una prueba de que exista un programa armamentístico operativo.
El Gobierno peruano expresó además una “profunda preocupación” por las “severas restricciones impuestas por el régimen iraní”. El comunicado vinculó esas medidas con la disrupción del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz desde marzo de 2026, una zona estratégica para el transporte marítimo de hidrocarburos y otros productos. Cualquier interrupción prolongada en ese corredor puede tener efectos más allá de los países directamente enfrentados, debido a su importancia para las cadenas de suministro y los precios de la energía.
El contexto de la guerra y la vía diplomática
El anuncio peruano se produjo un día después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmara que continuar la guerra contra Estados Unidos no beneficia a su país. Antes de participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Kirguistán, el mandatario aseguró que su Gobierno seguiría buscando una salida diplomática al conflicto.
“Seguimos esforzándonos por encontrar un camino de acuerdo y comprensión, y consideramos que continuar la guerra no está en nuestro interés ni en el de la región”, declaró Pezeshkian. También sostuvo que la solución a los problemas existentes pasa por el diálogo y que deben movilizarse todas las capacidades disponibles para impedir la expansión de la inseguridad y las hostilidades.
Sus declaraciones reflejan la tensión entre el discurso de confrontación que ha acompañado la escalada regional y la necesidad de preservar canales de negociación. Sin embargo, la ruptura anunciada por Perú evidencia que, al menos para Lima, los compromisos y declaraciones diplomáticas no han sido suficientes para modificar su valoración sobre las acciones iraníes.
Alcance inmediato de la medida
La ruptura diplomática implica que Perú e Irán dejarán de mantener relaciones oficiales a nivel de embajadas y misiones diplomáticas. No obstante, la continuidad de los vínculos consulares permitirá gestionar la documentación, la asistencia y la protección de los ciudadanos peruanos en Irán y de los iraníes en Perú, además de otros trámites previstos por la normativa internacional.
El alcance práctico de la decisión dependerá de cómo se instrumente en los próximos días y de la respuesta que adopte Teherán. Por ahora, el comunicado peruano no informó de nuevas medidas económicas ni de restricciones adicionales para los ciudadanos de ambos países. La acción se concentra en el plano diplomático y busca enviar una señal política frente a la conducta que Lima atribuye al Gobierno iraní.
La medida también puede repercutir en la gestión bilateral de asuntos pendientes, ya que la ausencia de relaciones diplomáticas formales suele hacer más compleja la comunicación directa entre gobiernos. La permanencia de los canales consulares, sin embargo, evita una interrupción completa de los mecanismos destinados a atender situaciones humanitarias y administrativas.
