Los pueblos originarios de Paraguay avanzan en la elaboración de un anteproyecto de ley destinado a proteger intelectualmente sus conocimientos tradicionales y garantizar que las comunidades reciban beneficios cuando esos saberes sean utilizados con fines comerciales. La iniciativa, desarrollada durante los últimos cuatro años con participación indígena, de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones estatales, se encuentra ahora en una etapa de socialización entre las distintas etnias del país.
La propuesta fue presentada durante un conversatorio celebrado en el Centro Cultural de España en Asunción, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Tina Alvarenga, secretaria ejecutiva de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY), explicó a EFE que el objetivo central es corregir una situación de desprotección que ha permitido que conocimientos desarrollados y conservados por generaciones sean aprovechados por terceros sin reconocimiento ni compensación para sus verdaderos custodios.
Un patrimonio colectivo sin defensa suficiente
La preocupación de las organizaciones indígenas se concentra especialmente en el uso de plantas medicinales, prácticas curativas y técnicas tradicionales que posteriormente son investigadas, transformadas y comercializadas por laboratorios. Alvarenga sostuvo que, mientras las empresas pueden convertir esos conocimientos en cápsulas, pastillas o cremas, las comunidades de origen suelen quedar al margen de los beneficios económicos y del reconocimiento asociado a esos productos.
El problema no se limita a la ausencia de ingresos. Para los pueblos indígenas, sus saberes forman parte de una relación colectiva con el territorio, la memoria y la identidad cultural. La apropiación unilateral puede descontextualizar esas prácticas, modificar sus usos originales y reducir un patrimonio comunitario a una mercancía aislada de las normas culturales que regulan su transmisión.
La dirigente planteó la necesidad de establecer una fórmula que permita distribuir los beneficios derivados de esos conocimientos. Ese mecanismo deberá resolver una dificultad jurídica de fondo: determinar quién puede autorizar el uso de un saber que no pertenece a una sola persona, sino que ha sido transmitido y perfeccionado por una comunidad a lo largo del tiempo.
La stevia, un caso que expone la disputa
Alvarenga utilizó como ejemplo la stevia, un endulzante que se comercializa en numerosos mercados y que procede de una planta conocida por los guaraníes paraguayos como ka’a he’ẽ, expresión que significa “hierba dulce”. Los pueblos guaraníes empleaban tradicionalmente esta planta antes de la llegada de los españoles al territorio, pero la expansión global de sus derivados plantea una pregunta que la normativa vigente no ha resuelto de manera satisfactoria: quién debe ser reconocido como titular o beneficiario cuando el conocimiento original procede de una comunidad indígena.
El caso revela la tensión entre los sistemas convencionales de propiedad intelectual y la naturaleza de los conocimientos tradicionales. Las patentes suelen exigir identificar una invención, un titular y un periodo de protección, mientras que los saberes indígenas pueden ser colectivos, acumulativos y transmitidos durante siglos. Una ley nacional tendría que articular ambos enfoques sin convertir automáticamente la cultura comunitaria en un derecho individual o en un activo disponible para quien primero lo registre.
El papel decisivo de las mujeres indígenas
Romina Rojas, relatora de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), señaló que el anteproyecto incorpora de manera sustancial el conocimiento de las mujeres indígenas. Las describió como las encargadas de sostener las estructuras sociales y culturales que hicieron posible la conservación de esos saberes.
La participación de las mujeres adquiere una relevancia particular porque muchas prácticas relacionadas con la medicina tradicional, la preparación y conservación de alimentos, la transmisión oral y el manejo de recursos naturales se preservan en espacios familiares y comunitarios donde ellas cumplen funciones centrales. Reconocer ese papel puede evitar que la futura legislación reproduzca una visión incompleta del patrimonio indígena o deje fuera a quienes han garantizado su continuidad cotidiana.
El texto también contempla la protección de técnicas de pesca y de conservación de alimentos. La amplitud de estos ámbitos indica que la iniciativa no busca atender únicamente la explotación comercial de recursos naturales, sino crear un marco para proteger conocimientos vinculados con la supervivencia, la alimentación y la gestión sostenible del entorno.
Una oportunidad vinculada a las reglas internacionales
El anteproyecto cuenta por ahora con alrededor de 63 artículos y tomó un nuevo impulso después de que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) aprobara en mayo de 2024 un tratado que obliga a quienes soliciten determinadas patentes a informar si la invención utiliza conocimientos genéticos o conocimientos asociados obtenidos de pueblos indígenas.
Ese cambio internacional no resuelve por sí mismo la distribución de beneficios ni garantiza que una comunidad pueda impedir usos indebidos, pero introduce una obligación de transparencia relevante. Saber de dónde procede el conocimiento permite identificar posibles apropiaciones y ofrece a los Estados y a las comunidades una base documental para reclamar reconocimiento, negociar acuerdos o cuestionar solicitudes de patente.
Para Paraguay, la adaptación de ese principio a su realidad nacional será determinante. La consulta con las distintas etnias deberá definir quién representa a cada comunidad, cómo se otorgan los consentimientos, qué información puede divulgarse y cómo se administran los recursos obtenidos. También será necesario evitar que la exigencia de registrar o describir los saberes provoque el efecto contrario al buscado y exponga públicamente conocimientos que las comunidades consideran reservados.
El desafío de convertir el reconocimiento en derechos efectivos
Rojas consideró que la aprobación de la ley permitiría saldar una deuda pendiente con las comunidades indígenas y dar valor a sus pueblos y conocimientos. Sin embargo, el paso decisivo será que el eventual marco legal pueda aplicarse en la práctica, especialmente frente a empresas con mayor capacidad técnica, económica y jurídica.
La discusión parlamentaria deberá abordar procedimientos de vigilancia, sanciones, mecanismos de compensación y formas de participación indígena en las decisiones. También tendrá que coordinar la nueva protección con las normas sobre biodiversidad, salud, investigación científica y propiedad intelectual. Sin instituciones capaces de acompañar a las comunidades y fiscalizar el mercado, el reconocimiento legal podría quedar limitado a una declaración de principios.
El anteproyecto se encuentra todavía antes de su eventual tratamiento en el Congreso, pero su elaboración ya desplaza el debate hacia una cuestión que durante años permaneció poco visible: el desarrollo económico y científico no puede desligarse del origen de los conocimientos que lo hacen posible. Las actividades previas al Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemorará este sábado, han servido para colocar esa discusión en el espacio público paraguayo y para subrayar que proteger los saberes tradicionales implica también proteger a quienes los mantienen vivos.
