El grupo parlamentario del PAN solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República reanudar las investigaciones sobre la llamada Casa Gris vinculada a José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los legisladores vinculan el expediente con los contratos recientes de Pemex por 7 mil 580 millones de pesos otorgados a Baker Hughes durante la gestión de Víctor Rodríguez Padilla.
El diputado Federico Döring advirtió que la FGR no debe aplicar un “chairo carpetazo” y señaló que el vínculo entre los contratos y el caso anterior genera elementos suficientes para una revisión exhaustiva. Rodríguez Padilla, señalado por violencia intrafamiliar en Morelos, aparece como figura central en la decisión de adjudicación.
Implicaciones para el gobierno actual
La exigencia del PAN trasciende el expediente familiar y apunta directamente a la administración de Claudia Sheinbaum. Al conectar los contratos millonarios con posibles irregularidades previas, la oposición busca establecer un patrón de impunidad que podría extenderse desde la gestión anterior. Esta estrategia coloca a la Presidencia ante la necesidad de demostrar independencia judicial sin que se perciba como protección a intereses vinculados a la familia López Obrador.
El señalamiento de viajes de lujo y compras de alto perfil por parte de los hijos del expresidente refuerza el argumento político del PAN: la opacidad en el origen de esos recursos sigue sin resolverse. Al insistir en que Pemex continúa siendo el denominador común de irregularidades, la bancada opositora busca mantener el tema en la agenda pública y presionar para que cualquier investigación futura abarque tanto los contratos recientes como los antecedentes patrimoniales.
El caso ilustra cómo la oposición utiliza expedientes judiciales pendientes para cuestionar la continuidad de prácticas que, según sus planteamientos, comprometen la transparencia de la actual administración.
