El Pacto Histórico negó que exista un acuerdo político con el uribismo alrededor del expediente por las masacres de La Granja y El Aro, que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los integrantes de la colectividad en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara afirmaron que respaldan la continuidad de las diligencias en la Fiscalía mientras la Corte Constitucional define qué entidad debe asumir la competencia del caso.
La controversia surgió después de que Carlos Cuenca, presidente de la Comisión de Investigación y Acusación y representante de Cambio Radical, pidiera a la Fiscalía General de la Nación trasladar el expediente al Congreso. Su argumento es que esa comisión sería el juez natural de los procesos contra exmandatarios por hechos vinculados con el ejercicio de sus funciones públicas. Uribe era gobernador de Antioquia cuando ocurrieron los ataques en 1996 y 1997.
La investigación no se detendrá
En su comunicado, los representantes del Pacto Histórico señalaron que no promoverán “impunidad ni dilaciones” y rechazaron que el debate sobre competencia pueda interpretarse como favorecimiento político. Aunque inicialmente consideraron necesario establecer la autoridad competente, precisaron que la definición institucional no debe frenar las actuaciones judiciales ni comprometer los derechos de las víctimas.
La fiscal Marcela Abadía continuará con el cronograma de diligencias mientras la Corte Constitucional estudia el conflicto. La indagatoria presencial de Álvaro Uribe permanece programada para el 4 de septiembre de 2026 en el búnker de la Fiscalía. Si la Corte asigna la competencia al Congreso, el expediente será remitido a la Comisión de Acusación para designar investigadores; si la mantiene en la Fiscalía, Abadía seguirá al frente y posteriormente definirá la situación jurídica del procesado.
Los hechos bajo investigación
La indagación busca establecer las circunstancias de las incursiones paramilitares en La Granja, en junio de 1996, y El Aro, en octubre de 1997, ambos corregimientos de Ituango, Antioquia. Los ataques dejaron habitantes asesinados, desplazamientos forzados y daños a infraestructura rural. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por los hechos y por la falta de protección a las víctimas; las autoridades judiciales examinan posibles omisiones de las autoridades departamentales frente a la población civil.
