El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes el abatimiento de Nain Andrés Pérez Toncel, conocido con los alias de “Nain” o “Bendito Menor”, señalado por el Gobierno como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. El mandatario presentó un video en el que aparecen los cuerpos del presunto jefe armado y de otros tres integrantes de la organización, una decisión que volvió a generar cuestionamientos sobre el uso de imágenes de personas muertas como parte de la comunicación oficial de las operaciones de seguridad.
Un operativo presentado como golpe al crimen organizado
Según la información divulgada por el Ministerio de Defensa, la acción fue ejecutada en el municipio de Riohacha por la Policía Nacional y un comando especial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, DIJIN. En el procedimiento también murieron alias “La Bebecita”, identificada por las autoridades como pareja sentimental de Pérez Toncel, y dos presuntos lugartenientes conocidos como “El Tío” y “Casiloco”.
El Gobierno describió la intervención como una “operación quirúrgica” contra una estructura armada vinculada, de acuerdo con su versión, con actividades de narcotráfico, extorsión y otras formas de delincuencia organizada. El Ministerio de Defensa afirmó que el operativo marca el comienzo de una etapa orientada a recuperar “la libertad y el orden”, mientras que el presidente lo presentó como un golpe directo al “narcoterrorismo”.
En su mensaje público, De la Espriella aseguró que el Estado seguirá persiguiendo a quienes, según sus palabras, presionan a la población, delinquen, trafican drogas y extorsionan. “Les vamos a caer con la mano de hierro del Estado, con las leyes de la República”, afirmó. El presidente también sostuvo que Colombia pasó demasiado tiempo sometida al crimen y que ahora serán las organizaciones criminales las que se enfrenten a la fuerza legítima de las instituciones.
La publicación presidencial y las críticas por las imágenes
La controversia no se centra únicamente en el resultado operativo, sino también en la manera en que fue comunicado. El Ministerio de Defensa difundió imágenes con los cuerpos desenfocados, una medida que limita su exposición directa. Sin embargo, el video publicado originalmente por De la Espriella mostró los cadáveres sin ese tratamiento, al igual que había ocurrido el miércoles durante otra presentación pública relacionada con presuntos guerrilleros abatidos.
La reiteración de esta práctica indica que la exhibición de los cuerpos forma parte de una estrategia deliberada de comunicación política y no de un hecho aislado. Para el Gobierno, las imágenes buscan transmitir contundencia y demostrar que las fuerzas de seguridad están recuperando la iniciativa frente a las organizaciones armadas. Para sus críticos, en cambio, pueden convertir una operación militar o policial en un acto de escenificación del poder, además de plantear dudas sobre el respeto a la dignidad de las personas fallecidas y de sus familias.
El debate también involucra la responsabilidad institucional en el tratamiento de la información. La difusión de imágenes de cadáveres puede afectar la presunción de inocencia cuando las personas son presentadas como criminales sin que exista una decisión judicial definitiva. Aunque las autoridades las vinculen con estructuras armadas y describan sus presuntos delitos, la confirmación de responsabilidades penales corresponde a los tribunales, especialmente en los casos en que existan sobrevivientes, capturas o investigaciones pendientes.
Una política de seguridad en su primer mes
De la Espriella lleva aproximadamente un mes en la Presidencia y ha definido la seguridad como uno de los ejes centrales de su administración. Su discurso combina el fortalecimiento de las operaciones contra grupos armados con una retórica de confrontación directa, en la que el Estado aparece como una autoridad que debe recuperar el control territorial mediante el uso firme de sus capacidades legales y operativas.
Ese enfoque busca diferenciarse de las estrategias que priorizan negociaciones o aproximaciones graduales con organizaciones ilegales. La apuesta puede producir resultados visibles cuando se logra neutralizar a mandos de alto nivel, pero también enfrenta riesgos. La salida de un cabecilla no garantiza por sí misma el desmantelamiento de una estructura: puede provocar disputas internas, fragmentación de los grupos, aumento de la violencia local o sustitución del liderazgo por otros actores con capacidad criminal.
Por esa razón, el impacto real de la operación en Riohacha dependerá de factores que todavía no han sido detallados públicamente: la cantidad de integrantes de la organización afectados, la incautación de armas y recursos, la recuperación de zonas bajo influencia criminal y la capacidad de las instituciones civiles para mantener presencia en el territorio. Sin esos elementos, el abatimiento de los cuatro presuntos miembros representa un golpe relevante contra la dirección de la estructura, pero no permite concluir que la amenaza haya sido eliminada.
Identificación y transparencia, pendientes de la operación
La información oficial presenta una variación en el nombre utilizado para identificar al principal objetivo. El Ministerio y el anuncio presidencial se refieren principalmente a Nain Andrés Pérez Toncel y al alias “Bendito Menor”, mientras que una publicación difundida en redes sociales utiliza también la forma “Naim”. La diferencia podría corresponder a un error de transcripción, pero debería ser aclarada por las autoridades para evitar confusiones en los registros judiciales y en la cobertura pública del caso.
También será necesario conocer los detalles de la investigación que condujo al operativo, las circunstancias exactas del enfrentamiento y los procedimientos aplicados para confirmar la identidad de los fallecidos. La rendición de cuentas resulta especialmente importante cuando el Gobierno utiliza el resultado como símbolo de su política de seguridad. La eficacia contra el crimen y el cumplimiento estricto de la ley no son objetivos incompatibles: la legitimidad de una operación depende tanto de sus resultados como de la transparencia con que se expliquen sus métodos y consecuencias.
El anuncio de este viernes, por tanto, tiene una doble dimensión. En el plano operativo, las autoridades informan de la muerte de cuatro presuntos integrantes de una organización armada en Riohacha, incluido quien era señalado como su máximo cabecilla. En el plano político, la decisión presidencial de mostrar los cuerpos confirma una línea de comunicación que privilegia la demostración pública de fuerza y que seguirá provocando discusión sobre los límites éticos e institucionales de la política de seguridad colombiana.
