La justicia panameña ordenó la detención provisional de 12 personas y arresto domiciliario para otras 13, investigadas por la presunta venta e incorporación de credenciales académicas falsas en los concursos de nombramiento docente del Ministerio de Educación (Meduca).
Tras cuatro días de audiencias, el Tribunal de Garantías legalizó 24 aprehensiones y admitió cargos contra los 25 imputados. La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada atribuye posibles delitos de falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos y ejercicio ilegal de la profesión. El expediente también incluye pesquisas por blanqueo de capitales y delincuencia organizada.
Una red con impacto en el sistema educativo
La investigación comenzó después de que el Meduca detectara anomalías en el Sistema de Administración de Recursos Humanos, conocido como SIARHE, plataforma utilizada para valorar credenciales, asignar puntuaciones y definir nombramientos y traslados dentro de la educación pública.
Según la hipótesis fiscal, la estructura ofrecía títulos, créditos y diplomas emitidos irregularmente con nombres de universidades reconocidas. Los documentos eran incorporados a los expedientes para elevar puntuaciones y otorgar ventajas a determinados aspirantes. Durante las audiencias se mencionaron pagos de hasta 4.000 dólares y préstamos gestionados mediante una financiera, con posibles comisiones para intermediarios.
La Fiscalía identificó además a funcionarios con acceso al SIARHE que habrían registrado información académica falsa. Uno de los investigados estaría relacionado con 17 inscripciones de supuestos títulos de la Universidad de Cartago, mientras otros dos aparecen vinculados con al menos 13 registros cuestionados.
El alcance podría ser mayor que el grupo ya imputado: las autoridades detectaron cerca de 400 registros potencialmente irregulares, aunque cada caso deberá revisarse de manera individual para determinar quién adquirió, utilizó o incorporó conscientemente documentos falsos. El perjuicio económico preliminar supera los 767.000 dólares por salarios y bonificaciones, una cifra que podría variar.
Más allá de la falsificación documental, el caso pone en duda la integridad de los concursos docentes y la capacidad de los controles institucionales. La Fiscalía deberá probar la responsabilidad individual de los acusados, mientras el Meduca enfrenta la necesidad de reforzar la verificación directa de credenciales con las universidades.
