El Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos advirtió que Guatemala mantiene graves vacíos para prevenir, supervisar y sancionar abusos vinculados con actividades empresariales, especialmente en proyectos extractivos y agrícolas situados en territorios indígenas y rurales. Tras su visita al país, la misión anticipó que presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2027.
El diagnóstico atribuye parte del problema a limitaciones estructurales de las instituciones estatales y señala deficiencias en la gobernanza de la tierra, la transparencia, la independencia judicial y el acceso de las comunidades a mecanismos de reparación. La delegación se reunió con el presidente, autoridades ministeriales, representantes empresariales, organizaciones civiles, pueblos indígenas y organismos internacionales.
Consulta indígena antes de las licencias
Uno de los señalamientos más urgentes fue la escasa realización de consultas previas, libres e informadas antes de autorizar proyectos extractivos o agrícolas. Según el Grupo de Trabajo, esta práctica rara vez ocurre y contribuye a agravar conflictos sociales y a debilitar la confianza en las instituciones. La misión recomendó adoptar directrices gubernamentales claras y protocolos culturalmente apropiados para garantizar la participación efectiva de las comunidades afectadas.
El contexto descrito por la ONU incluye una elevada concentración de la tierra y una economía dominada por grandes conglomerados familiares. La misión indicó además que la pobreza afecta al 56% de la población y que más del 90% de las fuentes de agua del país están contaminadas, datos que vinculó con las condiciones de vulnerabilidad en zonas rurales.
Denuncias y barreras para obtener reparación
La delegación recogió testimonios sobre contaminación ambiental, despojo de tierras, trabajo infantil, condiciones laborales inseguras, restricciones al acceso a recursos básicos y persecución contra personas defensoras, periodistas y líderes indígenas. “El uso del sistema judicial para atacar a personas defensoras de derechos humanos y silenciar la disidencia es motivo de profunda preocupación”, advirtió el organismo.
Sobre el acceso a la justicia, la ONU mencionó demoras excesivas, falta de información, obstáculos lingüísticos para pueblos indígenas y denuncias de influencia de actores económicos poderosos. También pidió una respuesta estatal más firme frente a la impunidad por violaciones de derechos humanos relacionadas con empresas.
Aunque reconoció avances como la Política Pública de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y el desarrollo de una línea de base para un futuro Plan de Acción Nacional, el Grupo de Trabajo consideró insuficiente su aplicación. Recomendó reforzar la inspección laboral, ratificar el Acuerdo de Escazú y el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo.
