El Gobierno nacional ofreció una recompensa de $10 millones para obtener información que permita esclarecer la muerte de Horacio Pinceti, un inspector de la Ciudad de Buenos Aires cuyo cuerpo fue hallado frente al edificio donde trabajaba en diciembre de 2017. La decisión fue formalizada mediante la resolución 868, publicada en el Boletín Oficial, después de que la investigación judicial atravesara más de siete años sin alcanzar una conclusión definitiva.
Pinceti tenía 36 años y se desempeñaba en la Dirección General de Fiscalización de Espacio Público del Gobierno porteño. Trabajaba en el inmueble de la calle Huergo 941 junto con su hermano gemelo. En la madrugada del 10 de diciembre de 2017, cayó desde el piso 12 del edificio y murió al impactar contra la vereda. Desde el comienzo, las circunstancias del fallecimiento fueron consideradas dudosas y dieron lugar a distintas hipótesis.
Una investigación marcada por hipótesis contrapuestas
La primera explicación vinculó la muerte con un accidente. Más tarde, la pesquisa incorporó la posibilidad de un suicidio, aunque determinados indicios encontrados en el lugar llevaron a analizar también la hipótesis de un homicidio encubierto bajo una apariencia de suicidio. La causa fue tramitada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo del fiscal Daniel Alejandro Togni, bajo la denominación “NN sobre muerte dudosa dam. Pinceti Horacio”.
Uno de los elementos que generó mayores interrogantes fue la cantidad de sangre hallada en el balcón del piso desde el cual cayó el inspector. Los peritos estimaron inicialmente que había alrededor de dos litros y una primera prueba indicó que no coincidía con la sangre de Pinceti. Sin embargo, un segundo análisis de ADN determinó que el material sí pertenecía a la víctima. Esa diferencia entre los estudios modificó el valor de una de las principales evidencias y dejó en evidencia la complejidad técnica de la investigación.
La autopsia también identificó dos lesiones anteriores a la caída: un corte en uno de los brazos y una herida contusa en la zona baja del abdomen. Esos hallazgos fueron incorporados al análisis de la mecánica del hecho, pero no permitieron establecer por sí solos si Pinceti había sido atacado, si las lesiones se produjeron en otra circunstancia o si tuvieron relación directa con el desenlace.
El material de las cámaras, otro punto controvertido
La disponibilidad de registros de seguridad se convirtió en uno de los principales reclamos de la familia. La empresa privada encargada de la vigilancia del edificio entregó las imágenes correspondientes a solo dos cámaras. El hermano de la víctima sostuvo que hubo movimiento dentro del inmueble hasta casi la medianoche y cuestionó que no se hubiera puesto a disposición la totalidad de las grabaciones.
La Fiscalía solicitó en reiteradas oportunidades el material faltante y realizó dos allanamientos en la sede de la empresa de seguridad. A pesar de esas medidas, no logró obtener todos los registros. La ausencia de imágenes completas limitó la posibilidad de reconstruir con precisión los momentos previos a la caída, identificar a las personas que pudieron haber estado en el edificio y contrastar sus movimientos con los testimonios reunidos durante la causa.
El expediente incluyó además el relevamiento de la escena, peritajes médicos y genéticos, declaraciones testimoniales y otras diligencias destinadas a determinar si existió intervención de terceros. La resolución oficial describió la investigación como de “extrema complejidad” y señaló que durante su desarrollo se examinó la posibilidad de un homicidio oculto tras una falsa apariencia de suicidio.
Archivo del expediente y nuevo llamado a aportar datos
El 8 de mayo, la Fiscalía informó que había decidido cerrar la investigación y remitir el caso a la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), luego de considerar agotadas las medidas posibles. El archivo no implica que se haya probado una hipótesis determinada. De acuerdo con la resolución, aunque no pudo demostrarse la participación de terceros, tampoco fue posible descartarla por completo.
Ese punto explica la decisión de mantener abierta la posibilidad de incorporar información nueva. El Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por Alejandra Monteoliva, indicó que el mecanismo de recompensa fue solicitado por la Fiscalía en julio como una herramienta para reactivar la búsqueda de datos que no hayan sido aportados hasta el momento o que permitan revisar aspectos todavía no esclarecidos.
La medida procura compensar una de las principales limitaciones que dejó el expediente: la falta de una reconstrucción concluyente pese al tiempo transcurrido y a la realización de numerosas diligencias. En este tipo de casos, un dato aportado tardíamente puede adquirir valor cuando se lo contrasta con peritajes, testimonios o registros ya incorporados. Sin embargo, la recompensa no modifica por sí misma el estado procesal de la causa ni constituye una confirmación de que haya existido un homicidio.
Las personas que dispongan de información útil pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas mediante la línea gratuita 134. La identidad de los aportantes será preservada. El pago quedará sujeto a la evaluación de la autoridad judicial interviniente, que deberá determinar el mérito y la utilidad concreta de los datos antes de que el Ministerio de Seguridad efectivice la entrega.
