El Poder Judicial de Oaxaca acelera la preparación de abogados, juzgadores y personal administrativo para aplicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya entrada en vigor nacional está prevista para abril de 2027. La prioridad responde a una realidad concreta: cerca de ocho de cada diez asuntos que llegan a los tribunales estatales pertenecen a esas materias. La reforma, por tanto, no incide en una parte marginal del sistema, sino en el espacio donde se resuelven conflictos cotidianos sobre familias, patrimonio, contratos, sucesiones, cuidados y derechos de niñas, niños y adolescentes.
Durante un foro de análisis y capacitación realizado en Huajuapan, el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, presidente de la Sala Civil y de la Comisión para la Implementación del nuevo código, definió el proceso como un cambio de paradigma. La expresión tiene una dimensión práctica: el modelo nacional busca reemplazar procedimientos predominantemente escritos, largos y fragmentados por mecanismos con mayor oralidad, inmediación judicial y posibilidades de acuerdo entre las partes.
La reforma llega al ámbito de mayor demanda
La relevancia de la transición se explica por el peso que tienen los litigios civiles y familiares en la carga judicial oaxaqueña. A diferencia de otros procedimientos que pueden involucrar a instituciones especializadas o investigaciones complejas, estos casos suelen afectar de manera directa la estabilidad material y emocional de las personas. Un juicio por alimentos, guarda y custodia, herencia o propiedad puede prolongar tensiones familiares, impedir decisiones económicas y agravar condiciones de vulnerabilidad cuando la respuesta institucional tarda demasiado.
El nuevo código abre opciones para evitar que todos los desacuerdos recorran el trayecto completo de un juicio. Entre ellas figuran facultades ampliadas para notarios públicos, el uso de medios alternativos de solución de controversias y una coordinación más estrecha con autoridades municipales. El potencial de estas herramientas no consiste únicamente en reducir expedientes: puede permitir que ciertos conflictos se atiendan antes de que escalen y que los juzgados concentren sus recursos en los asuntos que verdaderamente requieren una decisión jurisdiccional.
La rapidez dependerá de la capacidad instalada
Sin embargo, la promesa de procedimientos más ágiles enfrenta una condición decisiva: la infraestructura. Oaxaca cuenta con 66 sedes judiciales en materias civil y familiar, y deberá fortalecer conectividad, habilitar salas de oralidad y crear espacios especializados para escuchar a niñas, niños y adolescentes. La oralidad exige algo más que una norma nueva. Requiere audiencias que puedan celebrarse en condiciones adecuadas, sistemas tecnológicos funcionales, registros confiables y personal capaz de sostener una dinámica procesal distinta.
La dimensión territorial añade complejidad. La geografía accidentada del estado, las distancias entre comunidades y su diversidad cultural obligan a evitar una implementación uniforme diseñada desde los centros urbanos. Una audiencia digital puede facilitar el acceso en algunos lugares, pero resultar inviable donde la conectividad es precaria. Del mismo modo, una solución jurídica puede ser formalmente correcta y, aun así, ser poco accesible si no considera lenguas indígenas, formas comunitarias de organización o barreras físicas para personas con discapacidad.
Dos sistemas convivirán durante una década
Díaz Carranza advirtió que el esquema escrito tradicional y el modelo oral coexistirán aproximadamente durante diez años. Esa transición prolongada busca impedir que los asuntos iniciados bajo reglas anteriores queden desatendidos, pero también implica un riesgo operativo: jueces y trabajadores deberán responder a dos lógicas procesales al mismo tiempo. Si no se amplía y especializa la plantilla, la modernización puede trasladar la presión de un sistema a otro en lugar de eliminar los rezagos.
La capacitación iniciada hace dos años y abierta desde abril pasado tanto a litigantes como a operadores judiciales apunta a reducir esa brecha. Incluir a los abogados postulantes es especialmente relevante, porque la eficacia de las audiencias depende de que todas las partes comprendan las nuevas reglas, preparen adecuadamente sus casos y utilicen de buena fe las vías de conciliación. Una reforma procesal pierde fuerza cuando sus participantes continúan litigando con hábitos diseñados para expedientes escritos y trámites diferidos.
La cercanía institucional será la prueba final
Los foros también incorporan la voz de ciudadanía, colectivos, madres autónomas, personas con discapacidad y pueblos y comunidades indígenas. Esa apertura revela que la discusión no se limita a modificar plazos o formatos. La justicia familiar y civil se mide, en buena parte, por la posibilidad real de ser escuchado, entender el procedimiento y obtener una respuesta útil sin que la distancia, el idioma o la condición económica se conviertan en obstáculos insalvables.
Para regiones como la Mixteca, donde los conflictos civiles y familiares forman parte de la actividad diaria de las autoridades, el éxito del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares dependerá de convertir sus principios en capacidades verificables. Salas, conectividad, personal y formación son requisitos materiales; la coordinación local y el acceso incluyente determinarán su legitimidad. Oaxaca no solo se prepara para cumplir una fecha nacional: enfrenta la oportunidad de demostrar que una justicia más oral puede ser también más próxima, comprensible y oportuna.
