El Tercer Foro Nacional del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares concluyó en Teotitlán de Flores Magón y Huajuapan de León con una señal política y operativa: la preparación de Oaxaca para el nuevo modelo no puede limitarse a capacitar tribunales. La discusión reunió a litigantes, autoridades municipales y ciudadanía alrededor de una preocupación concreta: cómo evitar que la entrada en vigor del Código agrave la carga de juzgados que ya enfrentan un volumen considerable de asuntos civiles y familiares.
La ruta expuesta por la Comisión encargada de la implementación en el Poder Judicial de Oaxaca plantea ampliar la capacidad de respuesta del sistema mediante actores que intervengan antes de que un conflicto llegue a juicio. El planteamiento no supone restar atribuciones a las personas juzgadoras, sino reservar la decisión jurisdiccional para los casos que, por su complejidad, conflicto de derechos o falta de acuerdo, realmente requieren una sentencia.
La justicia cotidiana concentra el desafío
Los problemas familiares, los desacuerdos por arrendamientos, contratos, sucesiones y otras controversias civiles suelen producir efectos inmediatos en la vida de las personas. Cuando la única puerta de entrada es un juzgado, incluso asuntos potencialmente conciliables se incorporan a expedientes formales, demandan tiempo institucional y prolongan la espera para quienes sí necesitan una resolución judicial. Ese es el cuello de botella que el foro colocó en el centro de sus trabajos.
Juan Carlos Díaz Carranza, magistrado y presidente de la Comisión de implementación, sostuvo durante las jornadas que existen asuntos en los que distintos operadores pueden ayudar a resolver el conflicto desde un primer contacto. La afirmación parte de una premisa relevante para Oaxaca: modernizar la justicia no equivale únicamente a digitalizar trámites o modificar procedimientos; también exige ordenar qué tipo de controversias deben llegar a los tribunales y cuáles pueden ser atendidas por vías acordadas y legalmente válidas.
Agentes alternos, con límites y responsabilidades
Los mecanismos alternativos de solución de controversias, las notarías públicas, las autoridades municipales y los facilitadores comunitarios fueron identificados como piezas de una posible red de atención temprana. Su utilidad dependerá de que cada intervención tenga competencias claras, procedimientos confiables y canales de coordinación con el Poder Judicial. Una derivación mal diseñada puede duplicar trámites; una red con reglas precisas puede reducir tiempos, costos y la escalada de conflictos.
La propuesta tiene especial importancia en un estado con diversidad territorial y sistemas normativos internos. Las comunidades y los municipios conocen de primera mano dinámicas familiares, patrimoniales y vecinales que no siempre se comprenden desde una oficina judicial distante. Sin embargo, incorporar esa cercanía al nuevo modelo exige garantizar derechos, evitar presiones sobre las partes y mantener mecanismos de revisión cuando exista desigualdad, violencia o afectación a personas en condición de vulnerabilidad.
Por ello, el reto no consiste en transferir indiscriminadamente asuntos fuera de los juzgados. Los conflictos que involucren violencia familiar, posibles vulneraciones a derechos de niñas, niños y adolescentes, desequilibrios graves entre las partes o desacuerdos irreconciliables deben conservar acceso expedito a una autoridad judicial. La eficiencia no puede medirse sólo por la reducción de expedientes, sino por la capacidad de ofrecer soluciones legítimas, oportunas y protectoras.
Dos sedes para medir la respuesta regional
Teotitlán de Flores Magón permitió discutir el papel de los municipios y las comunidades en la resolución de controversias cotidianas. La participación de autoridades locales mostró que la implementación del Código puede dialogar con formas regionales de organización, siempre dentro del marco constitucional y de los estándares de protección de derechos. Llevar el debate a esta zona también reduce la distancia entre quienes diseñan la transición institucional y quienes deberán orientar a la población ante los nuevos procedimientos.
En Huajuapan de León, donde se concentra una carga relevante de asuntos civiles y familiares, el interés de barras de abogadas y abogados dio al foro una dimensión práctica. La profesión jurídica será un factor decisivo en la adopción del Código: una defensa bien informada puede identificar soluciones tempranas, preparar mejor los casos que lleguen a juicio y explicar a las personas usuarias qué vía corresponde a su problema. Sin esa apropiación, los cambios normativos corren el riesgo de quedarse en una reforma de papel.
La fecha nacional sigue bajo presión
El nuevo Código Procesal Civil y Familiar fue aprobado en 2023, pero la transición nacional enfrenta obstáculos de recursos, personal, conectividad y adecuaciones institucionales. La posibilidad de un aplazamiento en su entrada en vigor refleja que la reforma tiene exigencias materiales que ningún ordenamiento puede resolver por sí solo. La falta de preparación en numerosos estados confirma que el calendario legal debe acompañarse de inversión, capacitación continua y sistemas que funcionen fuera de las capitales.
En ese contexto, Oaxaca busca adelantarse a una dificultad previsible. El reconocimiento al trabajo de Díaz Carranza se vincula con las gestiones para actualizar capacidades del Poder Judicial y obtener recursos que atiendan carencias de conectividad y personal. El enfoque regional del foro añade un componente que puede ser determinante: identificar necesidades diferenciadas antes de que el Código comience a operar, en vez de reaccionar cuando los juzgados ya estén recibiendo nuevas cargas.
De la conversación a la capacidad instalada
La Comisión anunció que mantendrá el contacto con las regiones para construir agendas de trabajo en materia civil y familiar. También se contempla la incorporación de herramientas tecnológicas y la exploración de inteligencia artificial como apoyo en determinados procesos, sin sustituir el razonamiento de quienes juzgan. Esa precisión es central: la tecnología puede ordenar información, agilizar tareas repetitivas y ampliar acceso, pero no debe desplazar la valoración humana de pruebas, derechos y contextos personales.
El saldo del foro no se reduce a dos jornadas gratuitas y autogestionadas, realizadas sin recursos del Poder Judicial ni de otras instituciones públicas. Su valor está en haber convertido la implementación del Código en una conversación que incluye a quienes atienden conflictos antes, durante y fuera de un juicio. La siguiente prueba será traducir esa participación en protocolos, capacitación, presupuesto y rutas de derivación verificables. Sólo así la red planteada podrá aliviar a los juzgados sin debilitar el derecho de la población a una justicia imparcial y accesible.
