Los registros de la Unidad de Policía Cibernética de Oaxaca y el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal revelan que, entre enero y junio de 2026, se han documentado 2 mil 801 incidentes cibernéticos en la entidad. Esta cifra equivale a un promedio de 16 denuncias diarias durante los primeros 170 días del año. Aunque la tendencia general muestra una reducción respecto a los picos observados entre 2022 y 2024, los delitos de extorsión, suplantación de identidad, fraude, acoso y difamación continúan concentrando la mayor parte de las quejas ciudadanas.
El descenso registrado desde 2024 no implica la desaparición del problema, sino un cambio en la dinámica de las denuncias y posiblemente en las estrategias de prevención implementadas por las autoridades estatales. El análisis de la serie histórica permite identificar patrones claros: el año 2023 marcó el punto más alto con 9 mil 141 casos, mientras que 2021, con 4 mil 861, representó el nivel más bajo del periodo analizado. Entre ambos extremos, los datos muestran fluctuaciones que coinciden con periodos de mayor actividad delictiva en plataformas digitales y con campañas de concientización lanzadas por la Fiscalía General del Estado.
Evolución temporal y factores explicativos
La comparación anual ofrece pistas sobre la efectividad de las medidas adoptadas. Tras el máximo de 2023, los incidentes bajaron a 8 mil 405 en 2024 y a 5 mil 682 en 2025. La reducción observada en 2026 podría atribuirse a una combinación de mayor coordinación entre la Policía Cibernética y las plataformas tecnológicas, así como a un incremento en la cultura de denuncia temprana por parte de la población. Sin embargo, especialistas consultados advierten que la disminución también podría reflejar cambios en los métodos delictivos, que ahora operan con mayor sigilo y dificultan la identificación inmediata de las víctimas.
El contexto nacional influye en estos números. Oaxaca comparte con otras entidades federativas la problemática de fraudes electrónicos vinculados a aplicaciones de mensajería y redes sociales. La extorsión virtual, en particular, ha migrado hacia modalidades más sofisticadas que incluyen el uso de inteligencia artificial para clonar voces y generar mensajes de texto personalizados, lo que complica tanto la prevención como la investigación posterior.

Principales categorías de delitos reportados
La lista de conductas ilícitas que integran el censo estatal abarca desde delitos contra la persona hasta ataques a sistemas informáticos. Entre las modalidades más frecuentes figuran el acoso, las amenazas, la difamación, el sexting no consentido, la suplantación de identidad y distintos tipos de fraude electrónico, tanto contra usuarios bancarios como contra comercios en línea. También se registran casos de phishing, robo de contraseñas en redes sociales e intrusiones a sistemas privados o gubernamentales.
Una categoría que merece atención especial es la que afecta a niñas, niños y adolescentes. En 2024 se reportaron 37 casos de ciberbullying, 51 de pornografía infantil, 28 de suplantación de identidad y 3 de trata de menores, además de 9 incidentes adicionales clasificados como otros delitos contra este sector. Al año siguiente, las cifras descendieron a 27 casos de ciberbullying, 37 de pornografía infantil y 5 de otros incidentes, mientras que los casos de trata de menores se redujeron a cero. Esta baja puede interpretarse como resultado de programas de educación digital implementados en escuelas y de mayor vigilancia en plataformas donde suelen ocurrir estos delitos, aunque persiste la necesidad de evaluar si la disminución responde a una real contención o a una subregistro derivado del temor a denunciar.
Desafíos para la investigación y la prevención
La Unidad de Policía Cibernética enfrenta limitaciones estructurales comunes a otras entidades del país: recursos humanos especializados insuficientes, infraestructura tecnológica que requiere actualización constante y la dificultad de obtener información oportuna de empresas extranjeras que operan las principales aplicaciones. Estos factores influyen en los tiempos de respuesta y en la tasa de esclarecimiento de los casos.
Desde una perspectiva de política pública, el descenso de incidentes en 2025 y 2026 sugiere que las estrategias combinadas de prevención, capacitación y cooperación interinstitucional pueden producir resultados medibles. No obstante, la persistencia de delitos como la extorsión y el fraude indica que las campañas de concientización deben renovarse continuamente para adaptarse a las nuevas técnicas empleadas por los delincuentes. Las autoridades estatales han señalado la importancia de fortalecer los canales de denuncia anónima y de mejorar la atención psicológica a las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad.
El balance entre 2021 y 2026 muestra que Oaxaca ha logrado reducir la incidencia cibernética en términos absolutos, pero el reto sigue siendo mantener esa tendencia sin descuidar la protección de los grupos más vulnerables. La evolución de las cifras en los próximos meses permitirá determinar si la media de 16 incidentes diarios se mantiene o si las acciones emprendidas logran reducir aún más el impacto de estos delitos en la entidad.
