TORREÓN, COAH.— El Colegio de Notarios Públicos de Torreón ha reforzado sus protocolos de verificación tras los recientes casos de fraude inmobiliario que involucraron a fedatarios en la región. La medida responde directamente a la búsqueda judicial de un exnotario de Torreón y a la detención de dos notarios en territorio duranguense, hechos que han afectado la percepción pública sobre la seguridad jurídica en operaciones patrimoniales.
Salvador Sánchez Ávila, presidente del colegio, explicó que las acciones buscan evitar que estructuras legales sean utilizadas para legitimar transacciones ilícitas. Aunque Coahuila y Durango mantienen marcos normativos independientes, el gremio considera necesario actuar de manera coordinada para recuperar la confianza en el sistema notarial.
Los incidentes mencionados han puesto en evidencia vulnerabilidades en el proceso de autenticación de documentos y verificación de identidades. En el caso de Gómez Palacio, las detenciones revelaron patrones de operación que involucraban intermediarios y documentación aparentemente regular. Esta situación ha llevado al gremio a intensificar la capacitación interna como una de las primeras líneas de defensa.
Capacitación y prevención de riesgos
El Colegio impulsa el tercer Diplomado en Derecho Notarial y Prevención de Lavado de Dinero en colaboración con la Universidad Iberoamericana. Más de 300 especialistas participan en este programa, que se centra en la identificación de clientes y en la detección temprana de operaciones sospechosas. Sánchez Ávila destacó que la profesionalización del personal de las notarías es fundamental para cerrar espacios que puedan ser aprovechados por redes delictivas.
Los notarios tienen la obligación legal de conocer la identidad del otorgante y el origen lícito de los recursos involucrados en cada acto. Este requisito, presente en la legislación federal y estatal, constituye el primer filtro contra el lavado de dinero y el fraude inmobiliario. El diplomado busca reforzar la aplicación práctica de estos mandatos mediante casos de estudio y actualización normativa.
El rol del ciudadano y las instituciones
Sánchez Ávila hizo un llamado directo a la población para que asuma un papel activo en la protección de sus derechos patrimoniales. Recomendó que cada persona seleccione al notario de manera personal y exija una entrevista previa antes de firmar cualquier documento. Esta práctica permite verificar la identidad real del fedatario y reduce la posibilidad de que intermediarios controlen el proceso.
La efectividad de estas medidas depende también de una mayor coordinación con el Registro Público de la Propiedad y el Catastro Municipal. Ambas dependencias poseen información complementaria que, al cruzarse con los datos notariales, puede detectar inconsistencias antes de que una operación se inscriba. El presidente del colegio señaló que la falta de intercambio oportuno de información ha permitido en el pasado que irregularidades avancen sin ser detectadas.
Implicaciones para la seguridad jurídica
La función notarial en México tiene como propósito principal otorgar fe pública y garantizar la legalidad de los actos que autentica. Cuando esta función es cuestionada por casos de corrupción o negligencia, el efecto se extiende más allá de las partes involucradas y afecta la certidumbre del tráfico inmobiliario en toda la región. Por ello, las acciones anunciadas buscan restablecer el equilibrio entre la agilidad de las operaciones y los controles necesarios para prevenir abusos.
El gremio reconoce que la transparencia y la colaboración continua con las autoridades son elementos indispensables para minimizar la infiltración de grupos delictivos en la actividad notarial. El objetivo declarado es fortalecer el blindaje patrimonial mediante protocolos más estrictos y una supervisión más rigurosa en cada etapa del proceso.
Las reformas internas impulsadas por el Colegio de Notarios Públicos de Torreón representan una respuesta gremial a una crisis de credibilidad que trasciende fronteras estatales. Su éxito dependerá de la aplicación consistente de las nuevas medidas y de la participación activa de todos los actores del sistema de registro inmobiliario.
