El informe elaborado por Ecologistas en Acción, difundido el 25 de junio de 2026, concluye que las diecisiete comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas suspenden de forma generalizada en la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Aunque cinco regiones cuentan con estrategias de biodiversidad vigentes —Andalucía, Aragón, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana—, ninguna alcanza los umbrales mínimos de cumplimiento exigidos para 2030.
El análisis se centra en diez actuaciones concretas que corresponden a competencias autonómicas: restauración ecológica, planes de recuperación de especies amenazadas, control de especies exóticas invasoras, infraestructura verde y uso sostenible de productos fitosanitarios, entre otras. Los resultados sitúan a Cataluña como la región mejor valorada, con un cumplimiento inferior al 37 %, mientras que Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha quedan por debajo del 27 % y el resto de territorios obtienen puntuaciones aún más bajas.
Evaluación por actuaciones prioritarias
En materia de especies amenazadas, la Comunidad de Madrid es la única sin planes de recuperación aprobados. En el conjunto de las comunidades, la media de especies con planes propios propios se mantiene por debajo del 20 %. Esta carencia resulta especialmente relevante porque el Marco de Kunming-Montreal establece como meta reducir a la mitad el número de especies en riesgo de extinción para 2030.
Respecto a las especies exóticas invasoras, las actuaciones autonómicas se limitan mayoritariamente a operaciones puntuales de control o erradicación. Ninguna comunidad ha desarrollado un plan que permita alcanzar la reducción del 50 % en las tasas de introducción y establecimiento prevista en el marco internacional. Solo Galicia y Castilla-La Mancha disponen de estrategias autonómicas de infraestructura verde, y Cataluña es la única que cuenta con un plan específico sobre productos fitosanitarios.
Contexto nacional y compromisos internacionales
A nivel estatal, España ha superado formalmente el objetivo de proteger el 30 % de su superficie terrestre. Sin embargo, la evaluación de Ecologistas en Acción señala que la eficacia de los planes de gestión en esos espacios es deficiente, lo que limita el impacto real de la protección declarada. Este desajuste entre superficie protegida y calidad de gestión se reproduce también en el ámbito autonómico, donde la ausencia de objetivos cuantificables y de sistemas de seguimiento impide verificar avances.
El Marco Mundial de Biodiversidad fue adoptado en diciembre de 2022 durante la COP15 celebrada en Montreal. Sus metas incluyen, además de la protección de áreas, la restauración de ecosistemas degradados, la reducción de contaminantes y la integración de la biodiversidad en las políticas sectoriales. Las comunidades autónomas ostentan amplias competencias en gestión del medio natural, por lo que su actuación resulta determinante para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Implicaciones de los retrasos detectados
La falta de estrategias actualizadas, mecanismos de coordinación intersectorial y compromisos presupuestarios específicos compromete la capacidad del Estado para alcanzar los objetivos fijados para 2030. El informe recuerda que un documento previo de la misma organización ya había calificado como deficitaria la aplicación del marco tanto a escala nacional como europea.
Los datos ponen de manifiesto que el retraso no se explica únicamente por diferencias políticas o de recursos entre comunidades. La ausencia generalizada de indicadores de seguimiento y de integración de la biodiversidad en sectores como la agricultura o el urbanismo sugiere un problema estructural de planificación. Sin una corrección sustancial en los próximos ejercicios presupuestarios, las probabilidades de cumplir las metas de restauración ecológica y reducción de presiones sobre la biodiversidad se reducen considerablemente.
