Nepal ha solicitado una intervención urgente del Fondo para la Respuesta a Pérdidas y Daños (FRLD) después de la riada del 26 de agosto, una catástrofe que ha causado cerca de 1.000 muertes y mantiene a unas 4.000 personas desaparecidas. La petición busca que el mecanismo internacional active una respuesta rápida ante un desastre cuya dimensión ya excede, según el Gobierno nepalí, la capacidad inmediata del país para atender a las víctimas, restaurar servicios y calcular los daños.
La solicitud no se limita a una demanda de asistencia humanitaria. Katmandú pide a la junta directiva del Fondo una decisión especial, directa y flexible, adaptada a una emergencia de alcance extraordinario. El argumento central es que Nepal afronta pérdidas materiales y humanas que todavía no han podido ser cuantificadas por completo, precisamente porque la destrucción de carreteras, viviendas, redes de comunicación y servicios públicos dificulta el acceso a las zonas afectadas.
Una crecida fuera de escala
Los primeros informes describen una subida de entre 15 y 18 metros por encima del nivel habitual del río, una magnitud que transformó el Trishuli en un corredor de devastación a lo largo de unos 72 kilómetros. Decenas de asentamientos situados aguas abajo quedaron expuestos a una fuerza de arrastre capaz de destruir viviendas, cortar accesos y alterar la actividad económica cotidiana de comunidades que dependen de rutas locales, mercados cercanos y redes básicas de suministro.
Entre las infraestructuras afectadas figura el puesto fronterizo de Rasuwagadhi-Kerung, en la frontera entre Nepal y China. Su destrucción tiene un significado que rebasa el impacto local: es una vía relevante para el comercio bilateral y para el movimiento de mercancías en una zona montañosa donde las alternativas logísticas son escasas. Cuando un paso fronterizo estratégico queda inutilizado, la emergencia se prolonga más allá de los días posteriores a la inundación, ya que se encarecen los suministros, se dificultan las labores de reconstrucción y se reduce la capacidad de las comunidades para recuperar ingresos.
La crisis, por tanto, combina varios niveles de pérdida. Están las víctimas mortales, los desaparecidos y los desplazados, pero también las pérdidas no económicas: la interrupción de la vida comunitaria, la inseguridad de quienes han perdido su vivienda, la ruptura de redes familiares y la incertidumbre sobre la reconstrucción. Este enfoque es relevante porque el FRLD fue concebido precisamente para atender daños que no siempre quedan reflejados en una estimación de edificios derruidos o hectáreas afectadas.
La incertidumbre geológica complica el diagnóstico
En su comunicación al Fondo, Nepal atribuyó el desastre a un posible evento geológico en las altas cumbres del Himalaya. Analistas y científicos han planteado la hipótesis de un colapso glaciar en Langtang Lirung, capaz de desencadenar una cadena de sucesos aguas abajo. La cautela es importante: la causa definitiva requiere investigación técnica y no puede reducirse automáticamente a un único factor climático. Sin embargo, la incertidumbre sobre el origen exacto no disminuye la necesidad de actuar frente a sus consecuencias inmediatas.
La geografía del Himalaya convierte este tipo de episodios en fenómenos particularmente complejos. Una alteración en las zonas elevadas puede propagarse con enorme velocidad por valles estrechos y cuencas fluviales densamente habitadas. A ello se suma que los deslizamientos, los cambios en masas de hielo y las lluvias extremas pueden interactuar entre sí. La dificultad no reside solo en prever cada evento, sino en contar con sistemas de alerta, rutas de evacuación e infraestructuras capaces de resistir impactos simultáneos.
El primer ministro, Balendra Shah, vinculó la tragedia con el aumento de los riesgos climáticos en la región del Himalaya. Esa afirmación encaja con una realidad más amplia: el calentamiento global no provoca por sí solo todos los desastres de montaña, pero modifica las condiciones en las que ocurren. El retroceso de glaciares, la inestabilidad de pendientes y la alteración de patrones de precipitación elevan la exposición de poblaciones que ya viven en un territorio frágil y con recursos limitados para adaptar sus infraestructuras.
Una prueba para el nuevo fondo internacional
La apelación nepalí también coloca al FRLD ante una prueba política y operativa. El fondo fue creado en la COP27 de Egipto, en 2022, y comenzó a funcionar tras la COP28 de Dubái en 2023 como respuesta a una demanda histórica de países vulnerables: disponer de apoyo cuando los efectos del cambio climático causan daños que no pueden evitarse ni cubrirse solo con medidas de adaptación.
Hasta ahora, el debate internacional sobre pérdidas y daños ha avanzado con más rapidez en las declaraciones que en la puesta en práctica. Por eso Nepal insiste en que una respuesta temprana demostraría que el mecanismo puede funcionar con humanidad, rapidez y solidaridad. El Gobierno se ha comprometido a facilitar evaluaciones preliminares, datos oficiales, información satelital y estimaciones sectoriales. Esa oferta busca acelerar el proceso, pero también revela un dilema habitual tras las catástrofes: los países necesitan financiación antes de completar una evaluación exhaustiva, mientras los donantes suelen exigir datos precisos para desembolsar recursos.
La decisión que adopte el Fondo tendrá consecuencias que van más allá de Nepal. Una ayuda ágil permitiría atender necesidades urgentes y recuperar conectividad, vivienda y medios de subsistencia en un país golpeado por una emergencia excepcional. También fijaría un precedente sobre qué tan accesible es la financiación climática para los Estados que enfrentan desastres complejos, con causas múltiples y daños todavía en evolución. En el Himalaya, donde las señales de riesgo se acumulan en las alturas pero sus efectos recaen aguas abajo, esa capacidad de respuesta puede determinar la diferencia entre una recuperación difícil y una crisis prolongada.
