La reciente publicación de la OCDE sobre confianza en las instituciones públicas revela una brecha estructural entre México y Perú que va más allá de simples porcentajes. Mientras México supera la media del organismo en casi todos los indicadores, Perú se sitúa sistemáticamente por debajo, con niveles que reflejan tensiones acumuladas durante décadas. Esta divergencia no surge de manera espontánea, sino que responde a trayectorias políticas, económicas y sociales distintas que han moldeado la relación entre ciudadanos y Estado.
Raíces históricas de la confianza mexicana
En México, la confianza del 53 % en el gobierno nacional se vincula con procesos de estabilización iniciados tras la alternancia política de 2000 y reforzados por políticas redistributivas implementadas a partir de 2018. Programas como las pensiones universales y becas estudiantiles han generado una percepción de presencia estatal tangible en sectores históricamente marginados. Datos de la propia OCDE muestran que esta confianza se mantiene incluso entre grupos de menores ingresos, lo que sugiere un efecto de inclusión que contrasta con periodos anteriores marcados por escándalos de corrupción y violencia.
Un ejemplo concreto es el aumento de la confianza en las fuerzas armadas hasta el 74 %. Esta cifra se explica por su participación creciente en obras de infraestructura y tareas de seguridad pública, aunque también genera debates sobre el equilibrio civil-militar. La lógica subyacente es que la población valora resultados tangibles por encima de preocupaciones institucionales abstractas cuando el Estado demuestra capacidad de entrega.
Inestabilidad crónica y erosión de la confianza en Perú
El caso peruano presenta un patrón inverso. Con apenas un 20 % de confianza en el gobierno nacional, el país acumula seis presidentes en seis años, desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018. Cada transición ha estado acompañada de acusaciones de corrupción y disolución del Congreso, lo que ha fragmentado la autoridad estatal. La OCDE señala que los mayores de 50 años apenas superan el 10 % de confianza, un indicador de memoria colectiva marcada por crisis recurrentes que incluyen el fujimorismo y el conflicto armado interno de los años ochenta y noventa.
La desconfianza se extiende a la policía (30 %) y contrasta con la relativa mejor percepción de las fuerzas armadas (50 %). Esta diferencia sugiere que la población distingue entre instituciones vinculadas directamente a la represión cotidiana y aquellas percibidas como más distantes. En términos de impacto, esta brecha dificulta la implementación de políticas de seguridad y justicia, perpetuando ciclos de impunidad que erosionan aún más la legitimidad estatal.
Consecuencias económicas y de adhesión internacional
Para Perú, que se encuentra en proceso de adhesión a la OCDE, los bajos niveles de confianza representan un obstáculo estructural. Los inversores extranjeros evalúan no solo indicadores macroeconómicos, sino también la predictibilidad institucional. Un estudio del Banco Mundial de 2024 ya advertía que la inestabilidad política peruana ha reducido la inversión privada en un 8 % anual desde 2021. Si la adhesión avanza sin mejoras en percepción ciudadana, el organismo podría exigir reformas adicionales en transparencia y rendición de cuentas.
En México, el superávit de confianza facilita la atracción de capital en sectores estratégicos como el nearshoring. Empresas que buscan relocalizar cadenas de suministro valoran la relativa estabilidad de las relaciones con el Estado, aunque persisten críticas sobre el poder judicial y la autonomía regulatoria. La diferencia de 33 puntos porcentuales entre ambos países en confianza gubernamental se traduce en flujos de inversión desiguales que amplían la brecha de desarrollo a largo plazo.
Impacto en la cohesión social y la participación ciudadana
La brecha generacional observada en Perú, donde los jóvenes confían tres veces más que los mayores, apunta a una posible renovación de expectativas. Sin embargo, si las instituciones no responden, este grupo podría migrar hacia formas de participación alternativas, incluyendo protestas o abstencionismo electoral. En México, la mayor confianza entre adultos mayores refuerza patrones de apoyo intergeneracional a políticas sociales, aunque también puede limitar la presión por reformas estructurales en áreas como el combate a la impunidad.
A nivel regional, estos contrastes influyen en la narrativa latinoamericana sobre la calidad democrática. Organismos como la CEPAL han documentado que países con mayor confianza institucional registran menores índices de emigración calificada. La diferencia entre México y Perú podría acentuar flujos migratorios hacia el primero, alterando dinámicas laborales y demográficas en ambos territorios durante la próxima década.
Perspectivas de largo plazo
El estudio de la OCDE no solo mide percepciones actuales, sino que proyecta riesgos sistémicos. En Perú, la persistencia de bajos niveles de confianza podría obstaculizar la recuperación post-pandemia y la implementación de reformas fiscales necesarias para reducir la desigualdad. En México, el desafío consiste en sostener la confianza ante presiones como la violencia regional y la competencia por recursos públicos. Ambas realidades demuestran que la confianza institucional no es un dato aislado, sino un factor que condiciona la capacidad de los Estados para responder a crisis futuras y construir legitimidad duradera.
