El gobierno mexicano administra los daños de la reforma judicial sin cuestionar su premisa central: la elección popular de jueces. Desde su aprobación en septiembre de 2024, el sistema ha mostrado resultados concretos: candidatos sin experiencia, audiencias públicas con errores notorios y una Suprema Corte que exhibe falta de preparación. Las propuestas recientes de aplazar la siguiente elección y añadir filtros técnicos buscan reducir el escándalo, pero mantienen intacta la lógica de origen político de los nombramientos.
Esta respuesta revela una limitación estructural. El régimen trata las políticas públicas como pruebas de lealtad más que como instrumentos revisables. Modificar boletas o extender plazos no altera el hecho de que los jueces responden a votos y no a trayectoria profesional, lo que los convierte en actores legislativos. La misma dinámica aparece en seguridad y en el trato a gobernadores con procesos pendientes.
Dogma por encima de evidencia
Al no formular la pregunta sobre si la premisa original fue correcta, el gobierno opta por ajustes cosméticos que protegen la cohesión interna del movimiento. Los costos institucionales quedan subordinados a la necesidad de preservar una decisión fundacional. Esta incapacidad de corrección profunda no es solo terquedad, sino una condición que deriva de definir el poder como adhesión a un núcleo inamovible.
El resultado es un sistema de justicia debilitado que seguirá operando bajo reglas que priorizan la pertenencia política sobre el mérito técnico, con efectos que se extenderán por décadas.
