El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas que superan los 600 años de prisión a 40 integrantes de la MS-13 por hechos cometidos en 2020 en La Unión. Edras Isaac Ríos Blanco, alias Chuki, recibió la condena más alta: 642 años por proposición y conspiración en homicidio agravado, pertenencia a organización terrorista y 31 casos de extorsión agravada.
Víctor Antonio Melgar Cuevas, alias Bad Spirit, fue sentenciado a 432 años; otros dos pandilleros recibieron 352 años cada uno. Las penas reflejan la acumulación de cargos por extorsión sistemática y homicidios en cuatro distritos del departamento oriental. Veintidós acusados comparecieron; los restantes fueron juzgados en rebeldía.
Patrón de sentencias acumuladas
Los fallos se basan en pruebas de extorsión a comerciantes y transportistas, así como en la estructura jerárquica de la pandilla. La Fiscalía logró vincular a los condenados con al menos siete homicidios agravados y múltiples amenazas de muerte. Este tipo de condenas múltiples busca neutralizar la capacidad operativa de los líderes locales sin depender de la pena de muerte, inexistente en El Salvador.
Contexto más amplio
En paralelo, tres pandilleros de Usulután recibieron entre 35 y 80 años por dos homicidios cometidos en 2011 y 2013; otro caso en San Salvador condenó a 40 años al autor del asesinato de su madre por motivos patrimoniales. Estas resoluciones, dictadas bajo el Régimen de Excepción, muestran un patrón de aplicación intensiva de la ley contra estructuras criminales que operaban con impunidad durante años.
El volumen de condenas y la duración de las penas indican que las autoridades priorizan la desarticulación financiera y operativa de las pandillas por encima de sentencias simbólicas. Los resultados dependerán de la capacidad del sistema penitenciario para impedir que estas estructuras mantengan control interno desde las cárceles.
