El proceso de Morena para definir las candidaturas a 17 gubernaturas en 2027, presentado bajo la etiqueta de Coordinaciones de Defensa de la Transformación, concluyó con 227 aspirantes registrados, entre ellos militantes del Partido Verde y el PT. La Comisión de Elecciones, presidida por Citlalli Hernández, deberá reducir la lista a 102 nombres que participarán en encuestas internas. Varios perfiles de peso, como Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio, se retiraron al percibir que las decisiones ya estaban tomadas, lo que confirma el uso de un mecanismo de selección anticipada que viola los tiempos legales para el inicio de campañas.
Este procedimiento expone una tensión estructural entre la retórica de participación ciudadana y la práctica de control vertical dentro del partido. La depuración de 125 aspirantes genera riesgos concretos de fracturas internas, recursos ante el Tribunal Electoral y la formación de grupos disidentes que podrían disputar el poder en los estados más competidos.
Impacto en la cohesión partidista y en los gobiernos estatales
La imposición de candidatos afecta directamente la capacidad de Morena para mantener una narrativa de renovación democrática. En entidades como San Luis Potosí, la entrega anticipada de la candidatura a Ruth Miriam González, senadora del Verde y esposa del gobernador saliente Ricardo Gallardo, ilustra cómo las alianzas con partidos satélite erosionan el control exclusivo de Morena sobre sus propios procesos. Gallardo enfrenta múltiples acusaciones de manipulación y vínculos cuestionables, lo que amplifica la percepción de que el mecanismo prioriza lealtades personales sobre competencia abierta.
Los datos del registro muestran que 227 aspirantes compitieron por 17 plazas, una proporción superior a 13 por cada cargo. Esta sobredemanda, combinada con la reducción drástica a 102 finalistas, crea un embudo que inevitablemente genera perdedores organizados. Históricamente, procesos similares en otros partidos han derivado en divisiones que se manifestaron en votaciones fragmentadas o abstencionismo interno durante las encuestas.
Perspectivas de la oposición y riesgos de filtraciones externas
Desde el PRI, Alejandro Moreno ha señalado que varios funcionarios de Morena ya mantienen contactos institucionales con agencias estadounidenses y están proporcionando información sobre presuntos nexos con el crimen organizado. Esta afirmación, respaldada por reportes periodísticos previos, introduce un factor externo que podría acelerar investigaciones federales en Estados Unidos y complicar la posición de gobernadores y legisladores morenistas imputados. El escenario de “ratas abandonando el barco” que describe Moreno no es retórico: cuando los procesos internos se perciben como cerrados, la opción de delación se vuelve más atractiva para quienes anticipan sanciones.
La respuesta de la dirigencia de Morena, encabezada por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, ha sido un llamado inmediato a la unidad. Sin embargo, los llamados verbales tienen escaso efecto cuando las decisiones ya fueron tomadas de manera unilateral. La experiencia de 2023 y 2024 muestra que las rupturas más graves ocurrieron precisamente en estados donde el “dedazo” fue más evidente, generando candidaturas débiles que perdieron terreno frente a coaliciones opositoras.
Tendencias futuras y riesgos sistémicos
De mantenerse esta dinámica, Morena enfrentará en 2027 una combinación de tres riesgos simultáneos: menor competitividad en estados donde la imposición genere abstencionismo de su base; mayor dependencia de aliados como el Verde, que ya controla plazas clave; y posible judicialización de candidaturas por parte de aspirantes excluidos. La ausencia de una renovación real de liderazgos regionales también reduce la capacidad del partido para adaptarse a contextos locales distintos, un factor que ha pesado en derrotas recientes en entidades donde la popularidad presidencial no se tradujo automáticamente en victorias estatales.
El caso de Puebla, donde el gobierno estatal atendió deslaves sin requerir apoyo federal, demuestra que algunos gobernadores morenistas prefieren resolver problemas con recursos propios. Esta autonomía relativa contrasta con la dependencia política que impone el proceso nacional de selección de candidatos, y sugiere que las tensiones entre el centro y los estados podrían intensificarse conforme se acerque 2027.
El resultado final dependerá de si la Comisión de Elecciones logra aplicar criterios que, aunque restrictivos, mantengan un mínimo de credibilidad interna. De lo contrario, el partido que ganó la presidencia en 2024 podría llegar a las elecciones intermedias con fracturas acumuladas que limiten su margen de maniobra en al menos la mitad de las gubernaturas en disputa.
