El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, acusó al Gobierno federal de vulnerar su derecho de réplica y afirmó que lleva un año en una batalla legal para responder públicamente a señalamientos hechos en una conferencia matutina presidencial. El legislador sostuvo que su demanda de amparo sigue pendiente de una audiencia constitucional, aplazada en varias ocasiones.
En un mensaje difundido en redes sociales, Moreira cuestionó: “¿Dónde quedó el ‘prohibido prohibir’?”. Explicó que recurrió a tribunales federales desde agosto de 2025, después de que se le negó un espacio para responder a expresiones realizadas en su contra durante una mañanera.
El diputado recordó que fue señalado el 20 de agosto de 2025, luego de cuestionar la metodología empleada por el Gobierno federal para medir la pobreza. Según su relato, sus declaraciones derivaron también en señalamientos contra él y contra el director de un organismo al que identificó como Infomedia.
Amparo por libertad de expresión, réplica y petición
Moreira afirmó que no solicitó retirar las críticas ni censurar a quienes las formularon. “Pedí algo elemental, algo elemental en una democracia: tener la oportunidad de responder públicamente a lo que se dijo de mí y realizar las aclaraciones correspondientes”, declaró.
De acuerdo con el priista, su petición fue rechazada bajo el argumento de que la conferencia presidencial no está obligada a otorgar un espacio de réplica a las personas mencionadas durante sus transmisiones. Ante esa respuesta, presentó un juicio de amparo para defender, dijo, sus derechos de libertad de expresión, réplica y petición.
El legislador relató que inicialmente la demanda fue desechada, pero un Tribunal Colegiado resolvió posteriormente que el recurso era fundado y ordenó admitirlo. Después, indicó, surgieron obstáculos relacionados con la notificación de la autoridad señalada como responsable y con la personalidad jurídica de su abogado. Moreira señaló que volvió a acudir ante un Tribunal Colegiado y obtuvo una resolución favorable.
La audiencia constitucional del caso aún no se ha realizado, según el diputado. Moreira sostuvo que su reclamo busca defender el derecho de cualquier ciudadano a responder cuando sea señalado desde una plataforma gubernamental: “En una democracia nadie debe tener el monopolio de la palabra”.
El coordinador parlamentario aseguró que continuará el proceso y reiteró que pretende explicar públicamente sus argumentos sobre el cambio de metodología para medir la pobreza. También advirtió que, a su juicio, la situación no afecta únicamente a actores políticos, sino que podría alcanzar a cualquier ciudadano señalado públicamente.
