El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes entrega este viernes la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional a tres figuras clave del activismo LGTBI+ español. El acto, que se celebra en el Palacio de Parcent bajo el lema “Dignidad, visibilidad y reconocimiento: Mujeres que ampliaron nuestra democracia”, reconoce trayectorias que se remontan a décadas de lucha contra la discriminación legal y social.
Para comprender el alcance de esta distinción resulta necesario situarla en el marco histórico del movimiento por los derechos LGTBI+ en España. Durante el franquismo, la homosexualidad estaba tipificada como delito en la Ley de Peligrosidad Social de 1970. La transición democrática abrió espacios de visibilidad, pero la despenalización efectiva llegó con la reforma de 1979 y, sobre todo, con la aprobación del matrimonio igualitario en 2005. Cada una de estas etapas contó con activistas que combinaron trabajo asociativo, presión institucional y producción cultural.
Trayectorias que preceden al reconocimiento institucional
María Dolores “Boti” García Rodrigo representa el perfil del activismo asociativo que transitó de las calles a los órganos consultivos. Su participación en la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales permitió articular demandas que luego se plasmaron en leyes autonómicas contra la discriminación. Emilia “Mili” Hernández García, por su parte, fundó la librería Berkana y la editorial Egales en los años noventa, cuando la literatura LGTBI+ carecía de circuitos de distribución. Su labor creó archivos documentales que hoy utilizan investigadores y legisladores. Mariá Rosario “Charo” Alises Castillo aportó la dimensión jurídica al defender casos de delitos de odio ante tribunales españoles y europeos, contribuyendo a sentencias que ampliaron la interpretación del artículo 14 de la Constitución.
Estas trayectorias no son aisladas. En 1993, la primera manifestación del Orgullo en Madrid reunió apenas unos centenares de personas. Veinte años después, la asistencia superaba el millón. El salto cuantitativo refleja cambios normativos, pero también el efecto acumulativo de iniciativas culturales y jurídicas como las impulsadas por las tres galardonadas.
Efectos en el sistema jurídico y la persecución de delitos de odio
La entrega de la medalla coincide con la aplicación de la reforma del Código Penal que endurece las penas por delitos de odio motivados por orientación sexual o identidad de género. Datos del Ministerio del Interior muestran que las denuncias por este tipo de infracciones aumentaron un 32 % entre 2021 y 2024. El trabajo previo de abogadas como Alises Castillo ha servido de base para que fiscales incorporen el agravante de discriminación con mayor frecuencia. El reconocimiento institucional puede reforzar la legitimidad de estas interpretaciones jurisprudenciales y animar a más víctimas a presentar denuncias.
En el ámbito autonómico, varias comunidades han aprobado leyes de igualdad LGTBI+ que prevén medidas de formación para jueces y policías. El caso de Cataluña, donde la ley de 2014 incluye protocolos específicos de atención a víctimas, ilustra cómo la experiencia acumulada por activistas influye en la redacción de textos normativos. La medalla actúa como señal de que el Estado central valora esa contribución y podría acelerar la armonización de protocolos entre comunidades.
Repercusiones en la visibilidad cultural y la producción editorial
La labor de Mili Hernández en la editorial Egales demuestra que la cultura LGTBI+ no se limita al activismo político. Sus catálogos han recuperado textos de autoras como Gloria Fuertes o Ana María Matute que abordaron la disidencia sexual de forma velada. La visibilidad editorial ha generado un mercado que hoy incluye sellos de grandes grupos y ferias especializadas. El reconocimiento oficial puede incentivar a más editoriales a incorporar estos fondos y a las universidades a crear líneas de investigación sobre literatura queer española.
Estudios del Observatorio de la Lectura indican que las ventas de narrativa LGTBI+ crecieron un 18 % entre 2020 y 2024. Este dato sugiere que la normalización cultural precede y refuerza los cambios legales. La medalla, al destacar el papel de las mujeres en este proceso, corrige la narrativa histórica que ha tendido a centrarse en figuras masculinas del movimiento.
Impacto a largo plazo en la calidad democrática
La mención explícita al lema “Mujeres que ampliaron nuestra democracia” vincula el activismo LGTBI+ con la ampliación de derechos civiles. Históricamente, los avances en igualdad de género y orientación sexual han coincidido con periodos de mayor participación ciudadana. El sufragio femenino en 1931 y la ley de divorcio de 1981 son precedentes. Al premiar a tres mujeres, el Gobierno subraya que la democracia española se ha consolidado gracias a la incorporación de colectivos excluidos.
Sin embargo, el impacto no está exento de tensiones. Sectores conservadores han cuestionado la pertinencia de condecoraciones a activistas, argumentando que el Estado debe mantener neutralidad ideológica. Esta crítica revela que el reconocimiento sigue siendo un campo de disputa simbólica. La respuesta institucional, al enmarcar las medallas dentro de la Orden del Mérito Constitucional, busca anclarlas en valores compartidos de la Carta Magna más que en agendas partidistas.
A escala europea, España ha sido referente en legislación LGTBI+. La medalla puede servir como argumento diplomático en foros como el Consejo de Europa para promover directivas comunes sobre delitos de odio. Países que aún carecen de marcos similares podrían tomar como modelo la combinación de activismo de base y apoyo institucional que estas trayectorias encarnan.
En conclusión, la entrega de la Medalla al Mérito Constitucional trasciende el acto protocolario. Sitúa en el centro de la memoria institucional tres trayectorias que han contribuido a transformar normas, cultura y prácticas judiciales. Su efecto más duradero probablemente resida en la consolidación de una narrativa democrática que integra la diversidad sexual como componente estructural y no como añadido marginal.
