La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, alcanzó el séptimo lugar nacional en el ranking de aprobación ciudadana elaborado por México Elige para junio de 2026. Con un 44 por ciento de respaldo, la mandataria panista registró un incremento de casi dos puntos respecto al mes anterior y la mejor posición que ha obtenido en los últimos doce meses. Este dato adquiere relevancia cuando se examina el entorno de tensión institucional que rodea su gestión y las implicaciones que puede tener tanto para la relación entre poderes estatales y federales como para la dinámica binacional con Estados Unidos.
Antecedentes del enfrentamiento institucional
El ascenso en la encuesta coincide con una serie de declaraciones de Campos Galván en las que exigió al gobierno federal la entrega de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, a las autoridades estadounidenses. La mandataria chihuahuense argumentó que la negativa a extraditarlo podría derivar en represalias que afecten el T-MEC y abran la puerta a acciones unilaterales por parte de Washington. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue evitar el debate directo y calificar las afirmaciones como propaganda política, sin entrar en detalles sobre la solicitud de extradición. Este intercambio revela una fractura más profunda entre la administración estatal de Chihuahua y el Ejecutivo federal encabezado por Morena, donde las diferencias partidistas se superponen a tensiones de seguridad y comercio.
El caso Rocha Moya no es aislado. En 2023, la extradición de otro exgobernador sinaloense generó fricciones similares entre gobiernos estatales y federales, aunque en esa ocasión el Ejecutivo central optó por una vía judicial más acelerada. La negativa actual a proceder con Rocha Moya ha sido interpretada por sectores de la oposición como una señal de protección política hacia aliados cercanos a la llamada Cuarta Transformación. Campos Galván ha insistido en que la falta de entrega expone a México a riesgos de revisión unilateral del tratado comercial, un argumento que resuena especialmente en estados fronterizos como Chihuahua, cuya economía depende en gran medida del flujo de inversión y exportaciones automotrices hacia Estados Unidos.
Impacto en la percepción ciudadana y el equilibrio federal
El incremento de dos puntos en la aprobación de Campos Galván sugiere que parte del electorado chihuahuense valora la postura de confrontación con el gobierno federal. En encuestas anteriores, la gobernadora había oscilado entre 38 y 42 por ciento; el repunte actual la coloca por encima de figuras morenistas como Andrea Chávez o Javier Corral. Este movimiento indica que el tema de la extradición y la defensa de la soberanía frente a posibles presiones externas puede movilizar apoyo entre votantes que priorizan la seguridad y la estabilidad comercial. Sin embargo, el 44 por ciento sigue siendo inferior al respaldo que recibe la presidenta Sheinbaum a nivel nacional, lo que evidencia la persistencia de una brecha entre la popularidad federal y la estatal en entidades gobernadas por la oposición.
A nivel más amplio, el episodio ilustra cómo las disputas sobre extradiciones pueden convertirse en palancas de diferenciación política. Gobiernos estatales de oposición han utilizado históricamente estos casos para marcar distancia con el centro, como ocurrió en 2019 con el entonces gobernador de Baja California, Francisco Vega, durante el caso de Joaquín Guzmán Loera. Cuando el Ejecutivo federal prioriza consideraciones políticas internas sobre solicitudes de otros países, los mandatarios estatales fronterizos enfrentan presiones locales para defender los intereses económicos de sus regiones. En Chihuahua, donde el sector maquilador representa más del 35 por ciento del PIB estatal, cualquier señal de inestabilidad en el T-MEC genera inquietud inmediata entre empresarios y trabajadores.
Repercusiones a largo plazo en seguridad y comercio
Las consecuencias de esta confrontación pueden extenderse más allá del ciclo electoral inmediato. Si el gobierno federal mantiene su posición respecto a Rocha Moya, es probable que los gobiernos estatales de oposición intensifiquen sus críticas públicas, erosionando aún más la coordinación en materia de seguridad. Chihuahua comparte frontera con Texas y Nuevo México, y depende de mecanismos binacionales como el Grupo de Contacto de Seguridad para combatir el tráfico de armas y personas. Una relación deteriorada con la administración federal podría traducirse en menor intercambio de inteligencia y en retrasos para proyectos de infraestructura fronteriza financiados con recursos compartidos.
Desde la perspectiva comercial, el riesgo señalado por Campos Galván no es meramente retórico. El T-MEC incluye cláusulas de revisión que permiten a Estados Unidos solicitar consultas sobre temas de seguridad y corrupción. En 2024, ya se registraron dos rondas de consultas relacionadas con el sector energético; una tercera vinculada a extradiciones pendientes podría complicar la renegociación del tratado prevista para 2026. Los sectores automotriz y electrónico de Chihuahua, que exportan más de 42 mil millones de dólares anuales, serían los primeros en resentir cualquier endurecimiento de las condiciones comerciales. Históricamente, las tensiones políticas internas han precedido a revisiones más estrictas por parte de Washington, como ocurrió durante el proceso de ratificación del propio T-MEC en 2019.
Escenarios para el futuro político de la entidad
De cara a las elecciones intermedias de 2027 y la presidencial de 2030, el posicionamiento de Campos Galván podría servir como modelo para otros gobernadores de oposición. Si su estrategia de confrontación sostenida genera dividendos electorales locales, es previsible que otros mandatarios panistas o priistas adopten discursos similares en temas de seguridad y soberanía. Esto reforzaría una tendencia de mayor fragmentación del poder, donde los estados buscan contrapesos frente a un Ejecutivo federal que concentra recursos y decisiones. Al mismo tiempo, el riesgo de escalada retórica podría limitar los espacios de diálogo necesarios para resolver problemas estructurales como el tráfico de precursores químicos o la corrupción en aduanas.
En conclusión, el séptimo lugar de Maru Campos en el ranking de aprobación no es solo un dato coyuntural. Refleja una reconfiguración de las relaciones entre el centro y la periferia, donde las disputas sobre extradiciones y tratados comerciales se convierten en instrumentos de diferenciación política. Las consecuencias de esta dinámica afectarán tanto la capacidad de respuesta conjunta ante el crimen organizado como la estabilidad de las cadenas de suministro que sostienen la economía fronteriza. El desenlace dependerá de si el gobierno federal opta por una mayor coordinación o mantiene una postura que privilegia consideraciones internas sobre la relación con Estados Unidos.
