María Consuelo Córdoba lleva 26 años viviendo con las consecuencias de un ataque con ácido que transformó su rostro, comprometió su respiración y derivó en 87 cirugías. Su caso volvió a la discusión pública después de que relatara las dificultades económicas y médicas que enfrenta para continuar su recuperación, así como su decisión de contemplar nuevamente la eutanasia, procedimiento para el que cuenta con autorización desde hace cuatro años, según informó Capital Salud.
La historia expone una tensión que va más allá de una atención hospitalaria inicial: la distancia entre sobrevivir a una agresión extrema y disponer de condiciones materiales, médicas y sociales para reconstruir una vida con dignidad. Córdoba afirma que las intervenciones pendientes son de carácter plástico y que no puede costearlas. Mientras tanto, obtiene ingresos pidiendo ayuda en plazas de mercado de Bogotá y señala que dejó de recibir un bono alimentario hace dos años.
Un ataque que derivó en una rehabilitación de décadas
Córdoba llegó a Bogotá desde Chocó junto con quien entonces era su esposo. Según su testimonio, una noche el hombre ingresó a la vivienda diciendo que había sido víctima de un atraco y llevaba una botella que ella creyó contenía aguardiente. Cuando ella bajó al primer piso, el líquido fue arrojado directamente a su cara. La sustancia era ácido.
La víctima corrió hacia una pila de agua al sentir el ardor, sin identificar inicialmente la gravedad de las lesiones. El propietario del inmueble la trasladó al Hospital Meissen, donde recibió atención para las quemaduras y control del dolor. Posteriormente fue remitida a la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, en la que permaneció internada durante dos años, sin familiares ni conocidos que la acompañaran.
Durante ese periodo, médicos del centro asistencial hicieron una colecta para ayudarle a conseguir una habitación cerca del hospital. Córdoba también cuidaba niños y organizaba rifas para obtener recursos. Esos antecedentes permiten entender que la recuperación no dependió únicamente de tratamientos clínicos: desde el comienzo estuvo atravesada por la precariedad económica, la ausencia de una red de apoyo estable y la necesidad de generar ingresos aun en medio de una rehabilitación compleja.
Las secuelas no terminan cuando concluye la urgencia médica
Las 87 operaciones a las que ha sido sometida dan cuenta de la magnitud y persistencia de las lesiones. Córdoba ha explicado que perdió estructuras faciales esenciales y que todavía requiere apoyo para respirar. Usa una máscara artesanal durante todo el día para proteger una piel severamente cicatrizada de la exposición al sol y lleva tubos nasales que le facilitan la respiración.
La reconstrucción facial en víctimas de quemaduras químicas suele requerir procedimientos escalonados y de larga duración. No se trata solo de apariencia: pueden estar comprometidas funciones como la visión, la ingesta de alimentos, el habla, el cierre de los párpados, la respiración y la protección de tejidos expuestos. Por ello, la distinción entre una cirugía “reconstructiva” y una “plástica” no siempre resulta sencilla desde la experiencia de la paciente, especialmente cuando las intervenciones pendientes inciden en su autonomía, confort o integración social.
Córdoba asegura que en el Hospital Simón Bolívar le comunicaron que ya no podían realizarle nuevas cirugías dentro del proceso recibido y que las opciones restantes tendrían costos que no está en capacidad de asumir. Esa declaración no establece por sí sola una negativa irregular de atención, pero plantea la necesidad de precisar qué procedimientos tienen indicación clínica vigente, cuáles están cubiertos por el sistema de salud y qué rutas existen para evaluar tratamientos funcionales, reconstructivos o complementarios en una paciente con secuelas tan extensas.
Capital Salud confirma la autorización para morir dignamente
Capital Salud señaló que estableció contacto directo con Córdoba para conocer su situación y verificar la información difundida. La EPS indicó que la paciente cuenta desde hace cuatro años con autorización para acceder a la eutanasia y precisó que no está esperando una nueva aprobación. Según la entidad, la decisión depende de la voluntad libre y autónoma de la usuaria, en ejercicio de su derecho a morir dignamente.
La entidad también afirmó que ha brindado múltiples atenciones, incluidas intervenciones quirúrgicas relacionadas con las lesiones sufridas en el rostro, y que mantendrá el acompañamiento con respeto, humanidad y dignidad. El pronunciamiento es relevante porque diferencia entre la autorización administrativa y la decisión final de la paciente: tener habilitado el procedimiento no implica que deba realizarse, ni elimina la obligación de asegurar atención médica, alivio del dolor, seguimiento psicológico y acceso a la información necesaria para decidir.
En Colombia, el debate sobre la eutanasia está ligado a la autonomía de las personas que padecen sufrimientos intensos derivados de condiciones graves e incurables. En casos como el de Córdoba, la discusión adquiere una dimensión adicional: la decisión individual ocurre en un contexto de pobreza, dependencia de ayudas, dificultades de movilidad y necesidades médicas persistentes. La autonomía requiere que la persona pueda elegir sin que el abandono material o la falta de alternativas terapéuticas se conviertan, de hecho, en factores que estrechen sus opciones.
La pobreza agrava una agresión que ya dejó daños irreversibles
Córdoba relata que pide dinero en Abasto, Restrepo y Paloquemao. Antes acudía también a TransMilenio, pero dejó de hacerlo por la cantidad de personas que buscan ingresos en ese sistema. A esto suma problemas de anemia, la suspensión del bono de alimentos y la falta de recursos para medicamentos. Su caso muestra que las secuelas de la violencia basada en género no se limitan al momento de la agresión ni al proceso penal contra el responsable: pueden prolongarse durante décadas como una carga sanitaria y económica.
La atención a sobrevivientes de ataques con ácido exige coordinación sostenida entre salud, protección social, rehabilitación, acceso a ingresos y acompañamiento psicosocial. Cuando alguno de esos componentes falla, las cirugías realizadas pueden ser insuficientes para garantizar una vida independiente. La recuperación funcional pierde efectividad si la paciente no puede comprar medicamentos, alimentarse adecuadamente, trasladarse a citas o proteger su piel de condiciones ambientales que agravan las lesiones.
El testimonio de María Consuelo Córdoba no debe reducirse a una historia de sufrimiento individual ni a una disputa aislada sobre cobertura médica. Obliga a revisar la continuidad real de las políticas para víctimas de violencia extrema: una respuesta pública adecuada debe acompañar a la persona después de la emergencia, reconocer la complejidad de sus secuelas y garantizar que cualquier decisión sobre su futuro sea tomada con alternativas efectivas de cuidado, tratamiento y apoyo social.
