El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, completó esta semana la transferencia de tres instalaciones del complejo penitenciario de Rikers Island al Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad. Los edificios —el Centro de Enfermería Norte (1932), el Centro de Detención George Motchan (1971) y el Centro Anna M. Kross (1978)— ya no alojan reclusos y representan el primer avance concreto hacia el cierre total ordenado por ley en 2019. La medida sigue a la inauguración, en abril pasado, de la Unidad de Vivienda Terapéutica Avanzada en el hospital Bellevue, con 104 camas especializadas.
El complejo de Rikers, considerado durante décadas uno de los más peligrosos del país, ha registrado picos de mortalidad bajo custodia: 19 muertes en 2022, 15 en 2025 y al menos cuatro en lo que va de 2026. La Comisión creada en 2016 por el Concejo municipal diseñó un plan de 8.000 millones de dólares para sustituir las diez estructuras originales por instalaciones más pequeñas en Manhattan, Brooklyn, Bronx y Queens. El traspaso actual confirma que el proceso avanza, aunque enfrenta plazos ajustados y presupuestos limitados.
Impacto en el sistema correccional y sus actores
El cierre parcial modifica inmediatamente la carga operativa del Departamento de Corrección. Al retirar tres edificios que ya no albergaban población, se liberan recursos de seguridad y mantenimiento que podrán redirigirse hacia las cuatro nuevas instalaciones en los condados. Sin embargo, el personal penitenciario enfrenta una transición incierta: el comisionado Stanley Richards, quien cumplió condena en Rikers en los años ochenta, ha señalado que el cambio exige capacitación distinta, orientada a la contención y la atención de salud mental más que al control físico tradicional.
Para los reclusos, el impacto es más tangible en el mediano plazo. La apertura de la unidad en Bellevue demuestra que un modelo con atención médica especializada puede reducir incidentes violentos. Datos internos del hospital muestran que, en los primeros dos meses de operación, los traslados de emergencia desde esa unidad cayeron un 40 % respecto a los promedios históricos de Rikers. Este resultado sugiere que la descentralización hacia instalaciones más pequeñas y cercanas a los barrios puede mejorar el acceso a servicios, siempre que el financiamiento para personal clínico se mantenga estable.
Tres perspectivas originales sobre el proceso
La primera observación es que el cierre de Rikers no solo responde a una exigencia humanitaria, sino que altera el equilibrio fiscal de la ciudad. El plan original de 8.000 millones de dólares contemplaba la construcción de cuatro centros nuevos; sin embargo, los costos de construcción en Nueva York han aumentado un 23 % desde 2022. Si el presupuesto no se ajusta, existe el riesgo de que las nuevas instalaciones queden subdimensionadas o que se postergue su apertura, prolongando el uso parcial de Rikers más allá del plazo legal.
Una segunda lectura apunta a la relación entre reforma penitenciaria y seguridad pública. Los críticos argumentan que trasladar reclusos a instalaciones más pequeñas en zonas residenciales podría generar resistencia vecinal y posibles problemas de orden público. No obstante, experiencias en otras ciudades como Filadelfia muestran que centros de detención de escala reducida, ubicados cerca de tribunales y servicios sociales, reducen el tiempo de transporte y facilitan la comparecencia de testigos, lo que mejora la eficiencia judicial sin elevar la criminalidad local.
La tercera perspectiva se refiere al rol del liderazgo personal. Que el comisionado Richards haya pasado por el sistema que ahora dirige otorga credibilidad interna al proceso, pero también genera expectativas elevadas entre los sindicatos de guardias. Cualquier percepción de que las nuevas condiciones laborales son menos seguras podría derivar en conflictos laborales que retrasen la transición.
Perspectivas de los actores involucrados
El alcalde Mamdani presenta el cierre como un acto de justicia restaurativa que corrige décadas de fallas sistémicas. La Comisión de Cierre, integrada por 40 líderes cívicos, enfatiza la necesidad de mantener la participación comunitaria en el diseño de las nuevas instalaciones para evitar repetir errores del pasado. Los defensores de los derechos humanos destacan la reducción de muertes bajo custodia como indicador de éxito, mientras que asociaciones de víctimas expresan preocupación por la posible liberación anticipada de personas con antecedentes violentos si las nuevas camas resultan insuficientes.
El Departamento de Corrección, por su parte, subraya que el traspaso de los tres edificios ya representa un ahorro anual estimado en 18 millones de dólares en mantenimiento y seguridad perimetral. Estos recursos podrían destinarse a programas de reinserción, aunque todavía no existe un plan detallado de asignación.
Tendencias futuras y riesgos identificados
De mantenerse el ritmo actual, las cuatro nuevas instalaciones podrían estar operativas hacia 2028, siempre que el Concejo apruebe incrementos presupuestarios adicionales. La tendencia apunta hacia un modelo híbrido que combina custodia de mediana seguridad con unidades de salud mental integradas, similar al experimento de Bellevue. Sin embargo, dos riesgos principales amenazan el cronograma: la escasez de personal calificado para operar las nuevas unidades terapéuticas y la posible oposición legal de comunidades que rechacen la ubicación de centros correccionales en sus distritos.
Un tercer riesgo, menos visible, radica en la continuidad política. El plan depende de la voluntad del próximo alcalde; cualquier cambio de administración podría modificar prioridades y ralentizar la transferencia de los edificios restantes. La experiencia de otras reformas penitenciarias en Estados Unidos indica que los proyectos de este tamaño suelen extenderse entre cinco y siete años más de lo previsto cuando cambian las mayorías legislativas.
El avance registrado esta semana confirma que el cierre de Rikers ha dejado de ser una promesa para convertirse en un proceso administrativo en marcha. Su éxito dependerá menos de la retórica y más de la capacidad de la ciudad para sostener el financiamiento, capacitar al personal y mantener el consenso político durante los próximos años.
