El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha elevado este miércoles el tono contra Pedro Sánchez al acusarlo de haber dejado desprotegida a Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes ocurrida hace 34 días. El portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, calificó al presidente de “traidor” y sostuvo que la crisis confirma un fracaso de anticipación, respuesta y defensa de los intereses españoles ante Marruecos.
El informe policial intensifica la disputa
La ofensiva madrileña se apoya en un informe policial difundido por El Español, según el cual gendarmes marroquíes guiaron la entrada de migrantes en Ceuta. Para García Martín, ese dato descarta que se tratara de un episodio espontáneo y refuerza la tesis de una operación organizada con participación decisiva de Rabat. El portavoz reprochó además a Sánchez haber atribuido inicialmente la agitación en redes a posibles influencias de Rusia o Israel.
La acusación tiene un alcance político mayor que la discusión sobre el origen inmediato de los mensajes digitales. Madrid presenta la crisis como una prueba de debilidad exterior del Ejecutivo central y cuestiona qué capacidad de presión mantiene Marruecos sobre España. Sin embargo, la información conocida no sustituye una explicación oficial completa sobre la actuación de las autoridades marroquíes ni sobre las gestiones diplomáticas posteriores.
Coste social y choque institucional
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afirma que Ceuta continúa en una situación de deterioro, con más de 200 inmigrantes irregulares detenidos por delitos, 23 agresiones sexuales y cinco ataques contra agentes. También cifra en más del 50 % la caída del comercio y la hostelería y en el 90 % el descenso de la actividad turística. Son datos que, de confirmarse en su conjunto, situarían la crisis más allá del control fronterizo y en el terreno de la seguridad y la economía local.
García Martín también censuró que Sánchez invocara su visita a Ceuta y Melilla frente a la ausencia del rey Felipe VI desde su proclamación. La polémica se extendió a Madrid, donde el Ejecutivo regional acusa al delegado del Gobierno de dificultar concentraciones de apoyo a Ceuta. La Delegación recuerda que el Ayuntamiento no puede convocar manifestaciones como titular del derecho de reunión, aunque puede celebrar un acto institucional. El choque revela cómo una emergencia fronteriza se ha convertido en un frente central de confrontación política.
