El Gobierno de la Ciudad de México decidió aplicar nuevamente la Ley Seca en el Centro Histórico y zonas aledañas con motivo del partido entre la Selección Nacional y Ecuador, programado para el 30 de junio de 2026. La medida, que prohíbe la venta de alcohol para llevar entre las 15:00 horas del 30 de junio y las 7:00 del 1 de julio, se justifica por los resultados observados durante el encuentro previo contra Chequia. Aunque no se publicó en la Gaceta Oficial, las autoridades confirmaron operativos conjuntos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Instituto de Verificación Administrativa para supervisar comercios y vía pública.
Durante los tres partidos de México en la Copa del Mundo 2026 y la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ se decomisaron aproximadamente 40 mil latas de cerveza y más de 500 botellas de licor. Más de 30 vendedores fueron presentados ante un juez cívico por negarse a acatar la suspensión. Estas cifras representan el primer indicador cuantitativo de la estrategia, aunque su alcance real sigue sujeto a debate.
Impacto en la seguridad pública y el orden urbano
La Ley Seca busca reducir aglomeraciones y conductas de riesgo asociadas al consumo de alcohol, especialmente en puntos de alta concentración como el Ángel de la Independencia. El operativo previo demostró una disminución en incidentes reportados, según datos de la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, la observación directa de vendedores ambulantes ofreciendo micheladas, latas a tres por 100 pesos y shots de tequila a 10 pesos en calles cercanas al Fan Fest del Zócalo y Paseo de la Reforma revela que la prohibición no elimina la oferta, solo la desplaza hacia canales informales.
Este desplazamiento genera dos efectos simultáneos: por un lado, reduce el consumo visible en establecimientos regulados; por otro, incrementa la venta ilegal en vía pública, lo que complica la labor de contención de la policía. La presencia reforzada de inspectores y elementos de seguridad ciudadana logra frenar parte de esta actividad, pero la elasticidad de la oferta informal sugiere que la medida tiene límites estructurales cuando la demanda permanece constante.
Efectos económicos sobre el comercio formal e informal
Los establecimientos ubicados en el perímetro A del Centro Histórico, así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, enfrentan pérdidas directas durante las horas de restricción. Tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados reportan caídas en ventas de cerveza y licores que suelen representar entre el 15 y el 25 por ciento de sus ingresos diarios en fechas de partidos. Aunque el gobierno capitalino argumenta que la medida es temporal y focalizada, los comerciantes pequeños carecen de mecanismos de compensación.
Por contraste, el sector informal adapta rápidamente su oferta: vendedores ambulantes modifican productos y precios para sortear la prohibición. Esta dinámica beneficia temporalmente a quienes operan al margen de la regulación, pero erosiona la competencia leal y genera un mercado negro de corto plazo. El resultado es una redistribución de ingresos desde el comercio formal hacia redes informales, sin que el Estado capture ningún beneficio fiscal adicional.
Perspectivas de los actores involucrados
Desde la óptica gubernamental, la Ley Seca representa una herramienta de gestión de riesgos probada en eventos masivos. El secretario César Cravioto Romero destaca la reducción de incidentes y la contención de aglomeraciones como logros tangibles. Sin embargo, la decisión de no publicar la medida en la Gaceta Oficial genera cuestionamientos sobre transparencia y certeza jurídica para los afectados.
Los aficionados y residentes de las zonas afectadas presentan posturas divididas. Mientras algunos valoran la disminución de ruido y desorden nocturno, otros señalan que la prohibición limita el derecho al esparcimiento y empuja el consumo hacia espacios menos controlados. Los vendedores formales, por su parte, exigen protocolos claros de compensación o exenciones parciales cuando demuestran cumplimiento de normas sanitarias y de seguridad.
Tendencias futuras y riesgos potenciales
La experiencia acumulada durante los partidos de la Selección en 2026 sugiere que la Ciudad de México recurrirá a medidas similares en encuentros de octavos y cuartos de final. La ampliación a 39 pantallas en Reforma, el Monumento a la Revolución y Avenida Juárez busca descentralizar concentraciones, pero también multiplica los puntos que requieren vigilancia. Si la estrategia se consolida, podría establecerse como protocolo estándar para eventos deportivos y culturales de gran escala.
No obstante, persisten riesgos relevantes. La repetición de operativos sin publicación oficial puede erosionar la confianza en las instituciones y abrir espacios para interpretaciones arbitrarias. Además, el fortalecimiento del mercado informal de alcohol incrementa la probabilidad de productos adulterados, con consecuencias sanitarias que las autoridades aún no han cuantificado. Finalmente, la presión sobre pequeños comercios podría acelerar el cierre de negocios en zonas ya afectadas por la pandemia y la inseguridad, modificando el tejido comercial del Centro Histórico de manera permanente.
La efectividad de la Ley Seca depende menos de su aplicación puntual que de la capacidad del gobierno para equilibrar seguridad, derechos económicos y transparencia. Los datos de decomisos son útiles, pero resultan insuficientes si no se acompañan de evaluaciones independientes sobre el impacto real en incidentes y en la economía local. Sin esa evaluación, la medida corre el riesgo de convertirse en un mecanismo reactivo más que en una política pública sostenible.
