El dato más grave de la temporada de calor en Baja California no se limita a la cifra de fallecimientos. De las 56 personas que, hasta el 4 de septiembre de 2026, murieron presuntamente por golpe de calor, cerca de 30% permanece sin ser identificado ni reclamado por sus familiares. La estadística expone una segunda emergencia, menos visible que la médica: después de perder la vida, decenas de personas continúan sin nombre, sin una red familiar localizable y sin un proceso claro de restitución de identidad.
La información fue proporcionada por César González Vaca, titular del Servicio Médico Forense (Semefo), quien señaló que la mayoría de los casos ocurrió durante la segunda quincena de agosto y que casi todos se registraron en Mexicali. Al menos la mitad de las víctimas dio positivo a algún tipo de droga, principalmente cristal, metanfetamina y anfetamina. Sin embargo, la presencia de estas sustancias no permite establecer por sí sola una relación causal directa con cada muerte: puede tratarse de un factor de riesgo añadido en organismos expuestos a temperaturas extremas, pero la determinación médica debe considerar las condiciones ambientales, enfermedades previas, hidratación, tiempo de exposición y circunstancias del hallazgo.
El problema no termina con el diagnóstico forense
La proporción de cuerpos no identificados o no reclamados transforma una cifra sanitaria en un indicador social. En términos simples, aproximadamente una de cada tres víctimas no ha podido ser vinculada con una familia que la reconozca o reclame. Eso implica que el golpe de calor está afectando especialmente a personas cuya vulnerabilidad no empezó el día de su muerte: individuos en situación de calle, adultos mayores que viven solos, personas con consumo problemático de sustancias, migrantes, trabajadores informales y ciudadanos alejados de sus redes familiares.
La mayoría de los cuerpos llega al Semefo desde el Hospital General, después de haber sido atendida en la vía pública por paramédicos de la Cruz Roja. Ese recorrido muestra una cadena de respuesta que comienza con una emergencia visible, pero termina en una zona de incertidumbre institucional. La ambulancia atiende, el hospital estabiliza o certifica el fallecimiento y el Semefo intenta determinar la causa e identidad. Entre esos eslabones, la ausencia de documentos, domicilio, contactos confiables o información biométrica puede convertir a una persona en un expediente difícil de cerrar.
La falta de reclamación tampoco debe interpretarse automáticamente como desinterés familiar. Algunas personas pierden el contacto con sus parientes durante años; otras llegan a Mexicali desde distintos estados o países; algunas carecen de documentos y otras utilizan nombres distintos en diferentes trámites. También existen familias que desconocen que la persona fue trasladada a un hospital o que murió en la vía pública. El problema, por tanto, combina pobreza, movilidad, exclusión, consumo de drogas, deterioro de los vínculos comunitarios y limitaciones operativas para cruzar información.
Mexicali enfrenta dos curvas que se superponen
González Vaca explicó que el Semefo recibe históricamente entre 100 y 120 cuerpos al mes, pero que la cifra suele duplicarse durante julio y agosto. Ese incremento no corresponde únicamente a los golpes de calor. También está relacionado con muertes naturales de personas que viven solas y cuyos cuerpos son encontrados muchas horas después, ya en avanzado estado de descomposición. La demora obliga a realizar estudios forenses para establecer la causa del fallecimiento y, en muchos casos, dificulta el reconocimiento visual.
Esta distinción es fundamental para evitar una lectura simplista de los datos. Por un lado, las altas temperaturas elevan el riesgo de muerte directa por hipertermia. Por otro, aceleran la descomposición de los cuerpos y reducen el margen para una identificación rápida. Las dos curvas se cruzan: el calor aumenta los fallecimientos y, al mismo tiempo, vuelve más compleja la investigación posterior. La presión sobre Semefo no es únicamente de volumen; también es de tiempo, capacidad técnica y coordinación interinstitucional.
El caso de las 56 víctimas incluye a personas de todas las edades. Solo una era mujer; el resto eran hombres, desde un niño de tres años identificado como Vicentito hasta un adulto mayor de 86 años. La amplitud del rango etario impide definir el golpe de calor como un riesgo exclusivo de la vejez o de quienes viven en la calle. Los perfiles son distintos, pero las circunstancias de exposición pueden coincidir: falta de sombra, deshidratación, ausencia de vigilancia, enfermedad, consumo de estimulantes o imposibilidad de acceder a un lugar fresco.
La droga aparece como factor de riesgo, no como explicación total
Que al menos la mitad de las personas examinadas haya dado positivo a sustancias como cristal, metanfetamina y anfetamina tiene relevancia médica y operativa. Los estimulantes pueden elevar la temperatura corporal, acelerar el ritmo cardiaco, favorecer la deshidratación y alterar la percepción del peligro. En un entorno como Mexicali, donde las temperaturas estivales pueden ser extremas, esa combinación puede acortar de manera peligrosa el tiempo entre la exposición y el colapso.
Pero convertir el resultado toxicológico en la explicación principal tendría dos consecuencias negativas. La primera sería médica: se subestimaría el peso de la temperatura, las enfermedades crónicas, la falta de agua y la exposición prolongada. La segunda sería social: se etiquetaría a las víctimas como responsables de su propia muerte y se reduciría la disposición institucional a buscarlas, atenderlas e identificarlas. Un resultado positivo debe formar parte de una reconstrucción forense completa, no sustituirla.
La interpretación rigurosa también es indispensable para diseñar políticas públicas. Si la autoridad concluye que el problema es únicamente el consumo de metanfetaminas, la respuesta tenderá a ser policial o de tratamiento de adicciones. Si lo entiende solo como una ola de calor, se concentrará en repartir agua y habilitar refugios temporales. La evidencia disponible apunta a una interacción de riesgos: el ambiente extremo amplifica condiciones de salud y exclusión preexistentes. Las medidas eficaces tendrán que combinar prevención térmica, atención médica, reducción de daños, documentación e identificación.
El género y la edad ofrecen pistas sobre quién queda fuera del sistema
La distribución por sexo, con 55 hombres y una mujer entre los casos reportados, merece una investigación específica. Los hombres en situación de calle suelen estar más expuestos a permanecer durante largas jornadas en espacios abiertos, realizar trabajos informales físicamente demandantes y evitar servicios médicos hasta que la emergencia es irreversible. También pueden tener redes familiares más debilitadas o menos contacto con instituciones de asistencia. Esa hipótesis debe verificarse con información individual, pero la diferencia observada es demasiado marcada para ser tratada como un detalle menor.
El rango de edad también cuestiona las categorías habituales de prevención. Un niño de tres años y un adulto de 86 años no comparten el mismo mecanismo de vulnerabilidad. En el primer caso, la responsabilidad de protección recae en los adultos y en los servicios de cuidado; en el segundo, pueden intervenir aislamiento, dependencia y enfermedades previas. Entre ambos extremos quedan personas jóvenes y de mediana edad, algunas expuestas por trabajo, consumo de sustancias o falta de vivienda. Una campaña uniforme difícilmente alcanzará a todos.
La presencia de un menor entre las víctimas introduce además una pregunta que rebasa al Semefo: ¿cómo se detectó la exposición, quién estaba a cargo y qué fallas impidieron una atención temprana? En casos infantiles, la investigación debe preservar la privacidad y evitar especulaciones, pero también revisar las condiciones de custodia, el acceso a servicios de urgencia y la capacidad de los sistemas locales para reconocer signos de golpe de calor.
El cuello de botella está en la identidad y la coordinación
El Semefo concentra una responsabilidad que no puede resolver por sí solo. Identificar un cuerpo requiere comparar huellas, fotografías, registros odontológicos, perfiles genéticos, tatuajes, cicatrices, prendas y reportes de personas desaparecidas. Cuando la víctima carece de documentos o su familia no presenta una denuncia, el proceso depende de que distintas bases de datos sean accesibles y compatibles. Cada día de demora reduce la posibilidad de un reconocimiento visual y aumenta los costos de conservación, análisis y resguardo.
La cifra de cuerpos no reclamados debería activar un protocolo permanente de búsqueda de familiares, no solo una acumulación administrativa. Hospitales, Cruz Roja, policías, albergues, fiscalías, oficinas de personas desaparecidas y organizaciones de asistencia podrían compartir, bajo reglas de protección de datos, información mínima para construir coincidencias. La prioridad no sería publicar imágenes de cuerpos ni exponer a las familias, sino acelerar la verificación mediante métodos forenses confiables y canales de contacto especializados.
Existe aquí una tensión legítima. Las autoridades necesitan intercambiar datos para identificar a las víctimas, pero también deben proteger información médica, genética y personal. La urgencia no justifica crear bases de datos sin controles ni difundir expedientes en redes sociales. Un mecanismo transparente tendría que establecer quién puede consultar la información, durante cuánto tiempo, con qué autorización y qué ocurre cuando aparece una coincidencia. La identificación digna exige eficacia, pero también derechos.
La emergencia climática está convirtiendo la morgue en un indicador urbano
El aumento estacional de ingresos al Semefo revela que la mortalidad por calor no es solo un asunto hospitalario. También mide la calidad de la infraestructura urbana y de los sistemas de protección social. Una ciudad con acceso desigual al agua, pocos espacios de sombra, transporte insuficiente y refugios limitados traslada el costo del clima extremo a quienes menos capacidad tienen para protegerse.
La respuesta no puede limitarse a los días en que se emite una alerta. Los servicios municipales necesitan mapas de puntos de riesgo, brigadas de localización de personas en calle, visitas a adultos mayores que viven solos y comunicación dirigida a quienes trabajan al aire libre. El objetivo debe ser intervenir antes de que aparezcan la confusión, el desmayo o la falla orgánica. Cuando una persona llega inconsciente a la vía pública, la prevención ya fracasó varias etapas antes.
El hecho de que casi todos los casos se concentren en Mexicali permite focalizar recursos, pero también plantea un riesgo de invisibilidad para otros municipios. La falta de registros equivalentes no demuestra ausencia de muertes por calor. Puede reflejar diferencias en la capacidad de diagnóstico, en la clasificación de las defunciones o en el traslado de cuerpos. Baja California necesitará criterios homogéneos para registrar exposición térmica, toxicología, lugar del hallazgo y situación habitacional.
Lo que puede ocurrir cuando termine el verano
El descenso de las temperaturas no cerrará automáticamente el problema. Los cuerpos no identificados pueden permanecer durante semanas o meses en procesos de investigación, y la carga del Semefo puede mantenerse por las muertes naturales descubiertas tardíamente. Además, si no se revisan los expedientes, cada nueva temporada cálida encontrará a las mismas personas expuestas y a las mismas instituciones reaccionando con recursos de emergencia.
La tendencia más probable es que los episodios de calor extremo vuelvan a ejercer presión sobre Mexicali y otras ciudades del noroeste. En ese escenario, la cifra de fallecimientos será solo uno de los indicadores relevantes. También habrá que observar el tiempo promedio de identificación, el número de personas atendidas en la calle, la ocupación de refugios, los ingresos hospitalarios y la proporción de casos con consumo de estimulantes. Medir únicamente los cadáveres contabilizados llega demasiado tarde para orientar una política eficaz.
El principal riesgo es normalizar la muerte de personas socialmente invisibles. Si los cuerpos sin reclamar se convierten en una cifra recurrente de cada verano, la sociedad puede terminar aceptando que ciertas vidas carecen de seguimiento antes y después de la emergencia. El segundo riesgo es institucional: un Semefo saturado puede acumular retrasos, deteriorar evidencias y aumentar la angustia de familias que buscan a un pariente. El tercero es sanitario: asociar la mortalidad principalmente con drogas puede desalentar a las personas usuarias de pedir ayuda y reforzar intervenciones basadas en estigma.
Las 56 muertes reportadas deben leerse, por ello, como una señal de alerta sobre tres sistemas conectados: la atención frente al calor, la respuesta a las adicciones y la capacidad de identificar a quienes mueren sin documentos ni acompañamiento. La estadística más perturbadora no es solo cuántas personas fallecieron, sino cuántas siguen sin ser devueltas a una historia familiar. En Mexicali, la temporada de calor está mostrando que una emergencia termina únicamente cuando la víctima recibe atención, se determina con rigor qué ocurrió y su identidad deja de estar perdida.
