Alerta social y económica
La Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), el principal sindicato del país, llamó este viernes a la sociedad civil a coordinarse para defender los intereses nacionales y reclamó al Gobierno de Kais Said una revisión urgente de sus políticas económicas. La organización considera que la gestión oficial ha agravado las condiciones de vida, reducido el poder adquisitivo y provocado escasez de productos básicos y medicamentos.
El sindicato también denunció interrupciones constantes en el suministro de agua y electricidad y un deterioro generalizado de los servicios públicos, que, según afirmó, quedan cada vez más expuestos a monopolios y especuladores. La UGTT rechazó que la población cargue con el costo de decisiones que calificó de fallidas y recordó que corresponde a las autoridades garantizar los servicios esenciales y proteger los ingresos de los ciudadanos.
Malestar acumulado
La organización vinculó la crisis económica con la creciente pérdida de oportunidades para los jóvenes. Lamentó la muerte de catorce tunecinos en el Mediterráneo el pasado agosto, tras emprender una migración irregular, y responsabilizó al Gobierno por no ofrecer empleo, dignidad y perspectivas de futuro. Para el sindicato, frenar esta salida exige recuperar la confianza social, no imponer decisiones unilaterales que profundicen la exclusión.
El pronunciamiento se produce después de varias semanas de protestas y críticas de partidos opositores, organizaciones sociales y ciudadanos por los cortes de agua y electricidad registrados desde comienzos de julio. La presión aumentó durante un verano extremo, con temperaturas de hasta 47 grados en la capital y 49 en otras zonas, que llevaron al límite a los servicios de urgencias hospitalarias y agravaron la situación en las cárceles. Organizaciones sociales y abogados denunciaron que varias decenas de presos murieron por el hacinamiento y la falta de ventilación.
La UGTT condenó además la persecución y el debilitamiento de la actividad sindical, y reafirmó su compromiso con la defensa de los trabajadores, los servicios públicos y la justicia social. La acumulación de fallos en suministros, salud y centros penitenciarios convierte el conflicto en una crisis de gobernanza, más allá de una disputa salarial o sindical.
