La Comisión Europea designó a ChatGPT como motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño, una categoría reservada por la Ley de Servicios Digitales para servicios con al menos 45 millones de usuarios mensuales medios en la Unión Europea. La decisión incorpora a la herramienta de OpenAI al nivel más exigente de control comunitario y reconoce que la inteligencia artificial conversacional ya opera como una infraestructura relevante para el acceso a información en internet.

Plazo hasta enero de 2027
ChatGPT deberá adaptarse antes de enero de 2027 a obligaciones adicionales de evaluación y mitigación de riesgos sistémicos. El foco no se limita a contenidos ilícitos: la Comisión exigirá atención a los posibles daños para menores, el bienestar físico y mental de los usuarios, los derechos fundamentales, los procesos electorales y la seguridad pública. También tendrá facultades de investigación sobre las funciones y sistemas algorítmicos que sostienen el servicio.
La calificación se apoya en el carácter híbrido de ChatGPT. Aunque es un sistema de IA que responde consultas, su capacidad de buscar en la web permite tratarlo como motor de búsqueda bajo la DSA. Esa interpretación amplía el alcance práctico de la norma: el regulador no evalúa solo dónde se publica información, sino también qué herramientas la seleccionan, sintetizan y presentan a gran escala.
Un precedente para la IA generativa
La medida sitúa a OpenAI junto a grandes intermediarios digitales ya sujetos a vigilancia reforzada, como Google Search, YouTube, TikTok, Facebook, Amazon o X. Reddit y Roblox también fueron designadas como plataformas en línea de muy gran tamaño. En estos dos casos, la Comisión supervisará el cumplimiento junto con la autoridad neerlandesa ACM.
El cambio es significativo porque desplaza el debate desde la calidad aislada de una respuesta de IA hacia los efectos acumulados de su uso masivo. Para ChatGPT, la carga regulatoria será demostrar que identifica riesgos antes de que se traduzcan en daños sociales amplios. Para Bruselas, la designación crea una vía directa para fiscalizar una tecnología cuya influencia crece más rápido que los marcos tradicionales de moderación y transparencia.
