El número de fallecidos por las dos explosiones registradas el viernes en un cuartel militar de Bolivia aumentó a seis, después de que los equipos de emergencia localizaran otros tres cuerpos entre los escombros. El Ministerio de Defensa informó este domingo que once personas continúan desaparecidas, mientras prosiguen las tareas de búsqueda en una instalación que permanece parcialmente afectada y considerada insegura para la población.
El siniestro ocurrió en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 “Bolívar”, situado en Viacha, municipio del altiplano boliviano ubicado a unos 35 kilómetros de La Paz. La secuencia exacta de los hechos todavía no ha sido establecida y las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué originó las detonaciones y por qué la segunda alcanzó una magnitud considerablemente mayor.
Identificación de las víctimas y dimensión de la emergencia
El Ministerio de Defensa identificó a tres de los fallecidos como los soldados Wilson Copa Mamani, Gabriel Choque Alanoca y Arnel Rubén Flores Poma. Los otros tres cuerpos recuperados permanecen en proceso de identificación, una tarea que debe completarse antes de comunicar oficialmente sus nombres a las familias y a la opinión pública.
Además de los seis muertos y los once desaparecidos, al menos 84 personas resultaron heridas. Las explosiones también causaron daños en el cuartel y en viviendas situadas en sus alrededores, cuyos ocupantes fueron evacuados temporalmente. La cifra de afectados puede modificarse a medida que avance la inspección de las estructuras y se consolide el registro de heridos y damnificados.
La presencia de viviendas próximas al regimiento amplió el impacto del accidente más allá del recinto militar. La evacuación preventiva y la advertencia de no acercarse a la zona responden a un riesgo que aún no está completamente descartado: existen sectores dañados, materiales que deben ser revisados por especialistas y estructuras comprometidas que podrían dificultar el ingreso de los equipos.
Dos detonaciones y una causa aún sin confirmar
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que el reporte preliminar distingue dos explosiones. La primera habría involucrado pólvora negra correspondiente a material pirotécnico almacenado en el sector, aunque esta hipótesis todavía debe ser verificada mediante peritajes técnicos. La segunda detonación fue descrita como de una magnitud “considerablemente mayor” y, según el ministerio, su causa no ha sido determinada técnicamente.
Las autoridades comunicaron además que en el cuartel fueron encontrados “boosters”. Un perito policial explicó que se trata de un explosivo multiplicador, capaz de aumentar la carga al entrar en contacto con otro explosivo que detona. La explicación podría ayudar a comprender la intensidad o la propagación de la segunda detonación, pero no establece por sí sola cómo se produjo la cadena de eventos ni determina responsabilidades.
También fue retirado material bélico de otro depósito del regimiento que sufrió daños. Esta operación muestra que la emergencia no terminó con las explosiones iniciales: antes de reanudar las labores ordinarias o permitir el retorno de los vecinos, las autoridades deben asegurar los depósitos, descartar nuevos riesgos y establecer qué materiales estaban almacenados en cada área.
La búsqueda continúa entre estructuras inestables
Justiniano confirmó que los trabajos de búsqueda y recuperación siguen activos. El avance depende de la evaluación de especialistas, ya que la remoción de escombros en un edificio dañado puede poner en peligro tanto a los rescatistas como a posibles sobrevivientes. La existencia de once personas aún no localizadas convierte esta fase en la prioridad inmediata, junto con la atención médica a los heridos y la asistencia a las familias.
La demora en localizar a los desaparecidos no permite anticipar su situación ni cerrar el balance de víctimas. Por eso, la información oficial deberá actualizarse con criterios verificables y separar con claridad los cuerpos recuperados, las personas identificadas, los heridos y quienes siguen siendo buscados. Esa precisión resulta especialmente relevante en un accidente con instalaciones militares y materiales peligrosos, donde la incertidumbre puede alimentar versiones contradictorias.
Investigación fiscal y exigencias de transparencia
La Fiscalía abrió una investigación por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos. El procedimiento deberá determinar si existieron fallas en el almacenamiento, manipulación o control del material explosivo, así como posibles incumplimientos de los protocolos de seguridad. La investigación también tendrá que reconstruir la cronología de las detonaciones y establecer si las condiciones del depósito contribuyeron a la expansión de los daños.
La Defensoría del Pueblo y varios dirigentes políticos reclamaron una pesquisa ágil y transparente y pidieron que se garantice auxilio a todas las personas afectadas. El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia expresó su solidaridad con las familias y manifestó su disposición a apoyar a las autoridades en una respuesta oportuna para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
El presidente Rodrigo Paz también expresó su solidaridad el viernes y afirmó que había instruido una investigación minuciosa, técnica y transparente. El desafío institucional será compatibilizar la urgencia de informar con la necesidad de preservar la evidencia. Mientras los equipos buscan a los desaparecidos y aseguran la zona, el esclarecimiento de las causas deberá apoyarse en peritajes independientes, registros de almacenamiento y testimonios, elementos indispensables para evitar que el caso quede reducido a una explicación preliminar sin determinar responsabilidades.
