Representantes de 40 comunidades de la Sierra de Guerrero solicitaron a los gobiernos federal y estatal la instalación de una base militar permanente en Los Bayados, municipio de Ajuchitlán del Progreso. La petición surge después de una sucesión de ataques armados que ha dejado víctimas mortales, comunidades bajo presión y acusaciones de intentos de despojo de tierras, bosques y recursos locales.
Los comisarios de localidades pertenecientes a Tecpan, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y Coyuca de Catalán entregaron su solicitud por escrito en instalaciones del Ejército en Pie de la Cuesta, Acapulco. Su planteamiento es concreto: Los Bayados debe ser el punto de despliegue porque, aseguran, su ubicación permitiría responder con mayor rapidez a agresiones en una zona serrana extensa, de accesos difíciles y con escasa presencia permanente de autoridades.
La demanda no se limita a pedir patrullajes ocasionales. Las comunidades buscan una presencia continua que altere la capacidad de los grupos armados para entrar, atacar y retirarse sin enfrentar una reacción inmediata. En territorios montañosos, la distancia entre una cabecera municipal y una localidad puede convertir una respuesta institucional tardía en un factor decisivo para la vulnerabilidad de los habitantes.
Una solicitud marcada por ataques recientes
El episodio más grave referido por los pobladores ocurrió durante la madrugada del jueves pasado en Cerro de las Lumbreras, comunidad de San Miguel Totolapan. De acuerdo con testimonios locales, un grupo armado irrumpió alrededor de las cuatro de la mañana y atacó viviendas. Seis personas fueron asesinadas; entre las víctimas hay una mujer con discapacidad. Habitantes identificaron a cuatro de ellas como Genaro, Milo, Porfirio y Basilio.
Los testimonios atribuyen la incursión a un grupo encabezado por Leonel Barragán Tolentino, conocido como La Changa y señalado como presunto integrante de Los Tlacos. Esa acusación corresponde a versiones de pobladores y no equivale a una determinación judicial. Sin embargo, para las comunidades el hecho central es que la violencia se vincula, según su relato, con la negativa de los habitantes a vender sus tierras y árboles.
La dimensión territorial también aparece en otros ataques. El 21 de agosto, Los Bayados fue agredida por hombres armados durante un ataque que, según el testimonio de una pobladora, se prolongó por ocho horas. En El Pescado, localidad del ejido de Guajes de Ayala, en Coyuca de Catalán, habitantes denunciaron ataques con drones desde los cerros, atribuidos presuntamente a La Familia Michoacana.
El control del territorio va más allá de las rutas
La coincidencia entre los casos permite observar que la disputa no se presenta únicamente como una pugna por corredores de movilidad o control político local. Los habitantes de El Pescado han denunciado que el interés criminal apunta a los bosques y a la madera. En Cerro de las Lumbreras, los pobladores relacionan las amenazas con la exigencia de entregar tierras y árboles. La presión sobre recursos naturales modifica el sentido de la violencia: desplazar a una comunidad puede significar apropiarse de superficies productivas, aprovechamientos forestales y capacidad de decisión sobre el territorio.
Ese patrón tiene consecuencias que no se miden sólo por el número de víctimas. Cuando una familia abandona su localidad por miedo, se debilitan las redes de producción, la vigilancia comunitaria y el vínculo colectivo con la tierra. La violencia puede producir así un desplazamiento paulatino, menos visible que un éxodo masivo, pero funcional para quienes buscan controlar predios o explotar recursos sin resistencia de los propietarios y ejidatarios.
Por ello, una base militar puede ser relevante como medida de contención, pero no resuelve por sí sola el problema planteado por los comisarios. Para ser efectiva tendría que ir acompañada de investigaciones sobre homicidios, ataques con armas y drones, denuncias de extorsión o despojo, así como medidas de protección para quienes identifican públicamente a los agresores. La presencia de fuerzas federales sin seguimiento ministerial puede reducir temporalmente el riesgo, pero deja intactas las estructuras económicas que sostienen la disputa.
La violencia alcanza también a quienes buscan a desaparecidos
La situación de inseguridad en Guerrero se extiende a otra forma de organización comunitaria: la búsqueda de personas desaparecidas. El colectivo Luciérnagas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigieron justicia por el asesinato de Federico García Parra, líder comunitario, profesor y padre buscador, ocurrido el miércoles en Zapotitlán Tablas.
García Parra se incorporó el año pasado a las labores de búsqueda después de que su hijo, Fernando García Sánchez, fue privado de la libertad en septiembre de 2025. Según el reporte disponible, hombres armados bajaron al joven de un taxi en el crucero de Tlatlauquitepec, en Atlixtac, y desde entonces se desconoce su paradero. El profesor también había denunciado ataques atribuidos a Los Ardillos contra Huitzapula, comunidad donde vivía.
El asesinato de un padre buscador y las solicitudes de protección de la Sierra revelan una misma fragilidad institucional: quienes defienden su permanencia en el territorio o reclaman información sobre sus familiares enfrentan riesgos que exceden su capacidad individual de protección. La respuesta pública deberá medir su eficacia no sólo por el número de soldados desplegados, sino por la posibilidad real de que las comunidades permanezcan en sus tierras, denuncien sin represalias y recuperen condiciones mínimas de vida cotidiana.
