El proyecto Sistema Batán no está cancelado en términos técnicos, aunque permanece congelado en la arena política y legislativa de Querétaro. La diferencia es relevante: una iniciativa puede perder impulso por falta de consensos institucionales sin que desaparezca la necesidad pública que pretendía atender. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) trabaja en el fortalecimiento de las normas sobre reúso de agua, un proceso que podría modificar las condiciones bajo las cuales se evalúan, autorizan y supervisan proyectos que aprovechan aguas residuales tratadas. En ese nuevo marco, Batán podría dejar de ser únicamente una propuesta detenida en el Congreso local para convertirse nuevamente en una alternativa con soporte regulatorio más definido.
Óscar Zavala Gamboa, subdirector jurídico general de Conagua, señaló que el análisis técnico y jurídico de la propuesta arrojó comentarios favorables y permitió considerar viable el esquema de reúso contemplado. Sin embargo, la viabilidad de un proyecto no depende sólo de que su ingeniería sea posible o de que una autoridad federal no detecte una prohibición expresa. Depende también de la claridad normativa, de la confianza ciudadana, de la capacidad financiera de quienes lo operarán y de la disposición política para asumir decisiones de largo plazo. Es en esa intersección donde se ubica hoy el principal desafío del Sistema Batán.
Una pausa legislativa no equivale a una solución al estrés hídrico
La iniciativa para autorizar a la Comisión Estatal de Aguas y al Poder Ejecutivo de Querétaro a desarrollar el Sistema Batán bajo un esquema de Asociación Público-Privada ingresó a la LXI Legislatura local el 4 de junio de 2025. Fue turnada a la Comisión de Planeación y Presupuesto, donde continúa en análisis. La falta de discusión en comisiones ha consolidado una pausa de facto: si no se dictamina antes de que concluya el trienio legislativo, la propuesta deberá desecharse. Eso no necesariamente clausura la idea, pero sí obliga a reiniciar su recorrido político y administrativo bajo condiciones probablemente distintas.
El punto central es que la parálisis parlamentaria no elimina la presión sobre las fuentes de agua convencionales. Querétaro ha enfrentado durante años un crecimiento urbano, industrial y demográfico que incrementa la competencia por el recurso. En ese contexto, seguir dependiendo exclusivamente de presas, acuíferos, trasvases o nuevas fuentes de extracción tiene límites físicos, financieros y ambientales. El reúso no sustituye por sí solo a la gestión de la demanda ni a la reducción de fugas, pero puede convertirse en una pieza estructural para disminuir la extracción de agua fresca en actividades donde no es indispensable utilizarla.
La discusión sobre Batán suele reducirse a una pregunta emocionalmente potente: si es aceptable que agua que fue residual vuelva a integrarse al sistema de abastecimiento. La cuestión técnica es más precisa. No se trata del origen previo del agua, sino del nivel de tratamiento, las barreras sanitarias, los contaminantes que se vigilan, la trazabilidad de la operación y la capacidad de respuesta ante una falla. Países y ciudades con estrés hídrico han desarrollado esquemas de reúso indirecto y directo bajo controles estrictos; el aprendizaje internacional muestra que la aceptación social depende menos de una campaña de comunicación que de una supervisión verificable y sostenida.
El vacío específico en las normas explica parte de la controversia
México cuenta con disposiciones que promueven el aprovechamiento de aguas residuales tratadas, e incluso contempla usos para determinados sectores y procesos. No obstante, Conagua reconoce que el país carece de una norma específica y completa para el reúso de agua en el alcance que requieren proyectos complejos. Esa ausencia no significa que toda iniciativa sea ilegal, pero sí genera incertidumbre: deja abiertas preguntas sobre parámetros uniformes, responsabilidades operativas, mecanismos de monitoreo, comunicación de resultados y consecuencias ante incumplimientos.
La elaboración de una nueva Norma Oficial Mexicana para reúso y la revisión de la NOM-027, proceso encabezado por Cofepris con participación de Conagua, otras instituciones y especialistas, adquieren así un valor que rebasa el caso queretano. Las NOM convierten criterios sanitarios y técnicos en obligaciones exigibles. Cuando un proyecto de gran escala se apoya sólo en interpretaciones dispersas de distintas normas, autorizaciones administrativas y compromisos contractuales, el riesgo no reside únicamente en la calidad del agua: también aparece una fragilidad institucional. Las reglas pueden ser adecuadas en papel, pero difíciles de auditar para usuarios, gobiernos municipales y organismos independientes.
La actualización anunciada coloca en el centro contaminantes emergentes y disruptores endocrinos. Se trata de sustancias que no siempre fueron consideradas en los diseños regulatorios tradicionales: residuos farmacéuticos, productos de cuidado personal, compuestos industriales y otras moléculas que pueden persistir en concentraciones bajas. El debate no debe presentarse como una prueba de que el reúso es intrínsecamente inseguro. Más bien confirma que la tecnología y la regulación deben evolucionar a la par de nuevos conocimientos científicos. Una planta diseñada para remover materia orgánica y patógenos no necesariamente responde con la misma eficacia ante todos los compuestos traza.
La primera conclusión de fondo es que una NOM más robusta podría mejorar la factibilidad de Batán, pero no debería utilizarse como una autorización automática. La norma establecería un piso mínimo nacional; un sistema destinado a abastecimiento humano o a recarga estratégica exige, además, metas operativas específicas, monitoreo continuo, laboratorios con capacidad comprobable y datos públicos comprensibles. La regulación habilita, pero no reemplaza el diseño, la operación ni la rendición de cuentas.
La discusión real es sobre confianza, costos y distribución de responsabilidades
Para el gobierno estatal y la Comisión Estatal de Aguas, un proyecto de reúso representa una posibilidad de ampliar la resiliencia hídrica sin depender exclusivamente de nuevas extracciones. También puede ayudar a ordenar una estrategia de largo plazo frente a sequías, variabilidad climática y crecimiento de la demanda. Desde esa perspectiva, el retraso legislativo implica perder tiempo para planear infraestructura que requiere años de construcción, pruebas, certificaciones y aprendizaje operativo.
Para sectores industriales, comerciales y desarrolladores urbanos, la disponibilidad de agua es una variable económica decisiva. La certeza en el abasto condiciona inversiones, expansión de parques industriales y continuidad de operaciones. El reúso puede liberar agua de mejor calidad para consumo humano al destinar volúmenes tratados a procesos compatibles. Pero la industria no sólo requiere volumen: necesita claridad sobre tarifas, calidad garantizada, responsabilidades en caso de interrupción y condiciones contractuales que no trasladen riesgos desproporcionados a los usuarios o a las finanzas públicas.
Las comunidades y usuarios domésticos observan otro conjunto de preocupaciones. La primera es sanitaria: quieren saber qué entra al sistema, cómo se trata, quién mide y qué ocurre si se detecta una desviación. La segunda es tarifaria: una Asociación Público-Privada suele despertar dudas legítimas sobre compromisos de pago de largo plazo, rentabilidad privada, subsidios y posibles aumentos futuros. La tercera es democrática: los habitantes esperan que una obra de esta escala sea debatida con información completa, no sólo con presentaciones técnicas ni con una confrontación partidista que convierta el agua en una herramienta de disputa electoral.
Las organizaciones ambientales, especialistas y voces críticas tienen razones válidas para exigir cautela. Un sistema de reúso mal operado puede acumular problemas que tardan en hacerse visibles. El riesgo de concentraciones no monitoreadas, descargas irregulares a la red, fallas eléctricas, mantenimiento diferido o deficiencias en la disposición de lodos no se resuelve con anunciar tecnología avanzada. Requiere redundancias, protocolos de emergencia, inspección independiente y obligaciones de transparencia. Al mismo tiempo, descartar cualquier forma de reúso por desconfianza generalizada puede prolongar un modelo de abastecimiento que extrae agua cada vez más escasa y costosa.
Batán revela una decisión que no puede resolverse sólo con ingeniería
La segunda lectura relevante es que la controversia sobre Sistema Batán expone un problema de gobernanza del agua. En México, muchos proyectos hídricos se discuten cuando ya se ha definido una solución de infraestructura, un mecanismo financiero y un calendario político. La conversación pública llega tarde, cuando las posiciones se endurecen. El orden debería invertirse: primero deben transparentarse el diagnóstico de disponibilidad, las alternativas comparables, el costo de no actuar, los estándares de calidad y las reglas de vigilancia; después tendría que decidirse cuál combinación de medidas es socialmente aceptable y financieramente sostenible.
Esto es especialmente importante porque el reúso no debe competir discursivamente con la reparación de fugas, la captación pluvial, la protección de cuencas, la modernización agrícola o la reducción del consumo. Esas medidas operan en escalas distintas y se complementan. Presentar a Batán como la única salida sobredimensiona sus beneficios potenciales; tratarlo como una amenaza aislada ignora que la falta de diversificación también tiene costos. La política hídrica más sólida no apuesta todo a una planta ni a una fuente, sino que construye una cartera de soluciones con prioridades medibles.
Hay una tercera implicación: la actualización de normas podría reordenar el mercado de infraestructura hídrica. Empresas de tratamiento, laboratorios, proveedores de sensores, firmas de ingeniería y operadores especializados encontrarían un marco más claro para invertir. Sin embargo, esa oportunidad puede generar una concentración de capacidades en pocos grupos privados si los gobiernos no fortalecen sus equipos técnicos y sus mecanismos de contratación. La sofisticación tecnológica no debe convertirse en dependencia opaca. Las autoridades necesitan conservar capacidad propia para evaluar resultados, exigir correcciones y revisar costos sin depender exclusivamente de los informes del concesionario.
Los datos abiertos serían la prueba más importante del nuevo modelo
La aceptación del reúso no se ganará con una declaración de viabilidad. Se construirá mediante evidencia accesible. Un eventual relanzamiento de Batán debería incorporar desde el inicio un tablero público con resultados de calidad del agua, parámetros microbiológicos, concentraciones de contaminantes prioritarios, volúmenes tratados, incidentes operativos, periodos de mantenimiento y medidas correctivas. Los datos deben publicarse con metodología, frecuencia y referencias que permitan interpretarlos. Una cifra aislada sin límite normativo, fecha de muestreo o ubicación no genera certidumbre.
También sería necesario diferenciar entre monitoreo interno, verificación regulatoria y auditoría externa. El operador tiene la responsabilidad primaria de controlar su proceso, pero no puede ser el único emisor de información. Cofepris, Conagua, autoridades estatales y laboratorios independientes deberían tener atribuciones claramente delimitadas. Cuando varias instituciones participan sin una cadena de responsabilidades definida, el sistema puede producir más informes, pero menos rendición de cuentas. La coordinación debe traducirse en una autoridad de vigilancia identificable para la población.
El caso de Batán también exige claridad financiera. Una Asociación Público-Privada puede distribuir riesgos y acelerar inversiones, pero sus beneficios dependen de contratos transparentes. Deben conocerse los compromisos de pago, las garantías, los indicadores de desempeño, las sanciones por incumplimiento, los supuestos de ajuste tarifario y las obligaciones de reversión de activos. La experiencia de infraestructura pública muestra que el costo inicial anunciado rara vez es el único costo relevante; mantenimiento, energía, reactivos, renovación tecnológica y contingencias pueden definir la carga fiscal real durante décadas.
La ventana regulatoria abre una posibilidad, pero también eleva el estándar
La revisión de las normas mexicanas puede ofrecer a Querétaro una oportunidad para reconsiderar el proyecto con reglas más claras que las disponibles cuando fue presentado. Si la nueva NOM incorpora criterios sólidos para contaminantes emergentes, esquemas de múltiples barreras, monitoreo continuo y obligaciones de información, el debate local tendría mejores herramientas técnicas. Pero la nueva regulación también volverá más exigente cualquier proyecto: aquello que antes podía resolverse mediante compromisos generales tendrá que demostrar desempeño concreto y verificable.
En el corto plazo, la iniciativa seguirá condicionada por el calendario de la LXI Legislatura. Si no se discute, el expediente podrá desecharse al final del trienio, aunque la necesidad de planeación hídrica permanecerá. En el mediano plazo, la maduración de las normas puede propiciar una nueva propuesta, posiblemente rediseñada y con un expediente más detallado. La clave será evitar que esa eventual reapertura reproduzca el mismo patrón de opacidad, polarización y debate tardío.
El futuro de Sistema Batán no dependerá únicamente de que Conagua fortalezca el marco normativo ni de que el Congreso local destrabe un dictamen. Dependerá de que Querétaro convierta una discusión técnica en un pacto público con controles creíbles. El reúso puede ser una herramienta relevante frente al estrés hídrico, pero sólo será legítimo si la protección a la salud, la transparencia de los recursos y la vigilancia independiente tienen el mismo peso que la urgencia por asegurar agua para el crecimiento futuro.
