A pocos días del arranque formal del proceso electoral 2026-2027, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) fijó reglas para la colocación de propaganda en calles, avenidas y otros espacios urbanos. La medida tiene un alcance que rebasa la apariencia administrativa: ordena cómo competirán quienes busquen diputaciones locales, concejalías y alcaldías en una ciudad donde la visibilidad territorial puede definir buena parte de la conversación política. El acuerdo también reconoce una facultad relevante de las alcaldías y del Gobierno capitalino: retirar anuncios colocados fuera de las disposiciones y canalizarlos a centros de reciclaje.
La propaganda electoral suele analizarse como un asunto de bardas, lonas, pendones y carteles. Esa lectura es insuficiente. En la Ciudad de México, el espacio público es limitado, intensamente disputado y políticamente desigual. Una campaña con redes territoriales consolidadas, acceso a estructuras partidistas o recursos para desplegar brigadas puede ganar presencia física con rapidez, incluso antes de que el electorado conozca a fondo las propuestas. Por ello, las nuevas reglas del IECM deben leerse como un intento de corregir una asimetría concreta: que el volumen de anuncios no sustituya la competencia entre plataformas, perfiles y resultados de gobierno.
La calle no es un soporte neutral para las campañas
La Ciudad de México combina una alta densidad poblacional con profundas diferencias entre sus 16 alcaldías. En zonas de intensa actividad comercial, movilidad cotidiana y concentración de transporte público, una sola pieza de propaganda puede ser vista por miles de personas. En colonias con menor circulación peatonal o con restricciones de infraestructura, la misma inversión produce un efecto mucho menor. La competencia visual, por tanto, no parte de un terreno homogéneo: depende de la ubicación, de la capacidad de instalar y reponer materiales, y de la tolerancia o vigilancia que exista en cada zona.
El primer efecto de los lineamientos será obligar a que los partidos y candidaturas internalicen un costo que durante años quedó diluido: la ocupación irregular del mobiliario urbano, postes, puentes, árboles, fachadas o espacios no autorizados. Cuando el retiro de propaganda se vuelve una posibilidad operativa y no sólo una prohibición escrita, la campaña territorial deja de medirse únicamente por cuántas piezas se colocan. También se mide por cuántas sobreviven a la supervisión, cuántas cumplen los requisitos y cuánto dinero se pierde al reponer materiales retirados.
Este cambio puede ser particularmente relevante para las contiendas de alcaldías y concejalías. A diferencia de una elección nacional, donde la exposición en medios y plataformas digitales tiene una escala amplia, las campañas locales dependen de señales inmediatas de reconocimiento: una lona cerca de un mercado, una pinta en una ruta cotidiana, una brigada en una colonia o un anuncio en un corredor comercial. La regulación no elimina esa lógica, pero busca impedir que la superioridad organizativa de una fuerza política se convierta automáticamente en monopolio visual.
La facultad de retirar propaganda es el punto decisivo
El elemento más relevante del anuncio no es sólo la definición de reglas, sino el mecanismo de aplicación. Las alcaldías y el Gobierno de la Ciudad cuentan con atribuciones para retirar la propaganda que incumpla las disposiciones y enviarla a centros de reciclaje. Esa previsión une dos ámbitos que normalmente operan por separado: la organización electoral y la gestión urbana. El IECM establece el marco de equidad; las autoridades administrativas intervienen sobre el territorio donde las infracciones se materializan.
La coordinación, sin embargo, abre una zona sensible. Las alcaldías son al mismo tiempo autoridades con responsabilidades de servicios urbanos y territorios en disputa electoral. Si los criterios de retiro no son públicos, uniformes y documentados, una acción diseñada para proteger la equidad puede convertirse en fuente de denuncias por trato selectivo. Un partido podría argumentar que sus anuncios fueron retirados con mayor rapidez que los de sus adversarios; una candidatura independiente podría sostener que las reglas se aplican con rigor sólo a quienes no tienen interlocución política local.
La credibilidad del sistema dependerá menos de la redacción de los lineamientos que de tres capacidades prácticas: inspeccionar de manera consistente, registrar cada retiro y dar trazabilidad al destino de los materiales. Un inventario básico con ubicación, fecha, motivo de remoción, identificación de la propaganda y evidencia fotográfica permitiría verificar patrones. Sin esa información, las autoridades tendrán dificultades para demostrar imparcialidad y los tribunales electorales enfrentarán controversias sustentadas principalmente en testimonios, fotografías aisladas y acusaciones cruzadas.
La segunda implicación es ambiental. En un proceso electoral, la propaganda física genera una cantidad considerable de residuos de corta vida útil. Lonas plásticas, viniles, adhesivos, madera, plásticos y soportes metálicos suelen permanecer expuestos sólo durante semanas y después se convierten en basura urbana. El envío a centros de reciclaje introduce una lógica de disposición responsable, pero no resuelve por sí solo el problema. Reciclar es preferible a enviar materiales a rellenos sanitarios, aunque resulta menos eficaz que reducir desde el origen el número de piezas, exigir materiales recuperables y sancionar la reincidencia.
La equidad empieza antes de que aparezca la boleta
Un error frecuente es pensar que la equidad electoral se protege únicamente con topes de gastos y tiempos oficiales de campaña. En realidad, la ventaja puede construirse mucho antes mediante presencia territorial acumulada, símbolos partidistas ambiguos, actos con apariencia comunitaria y anuncios que aprovechan vacíos entre periodos políticos. La decisión del IECM llega precisamente en una etapa en la que el calendario importa: a días de iniciar el proceso 2026-2027, los incentivos para posicionar nombres, colores y estructuras crecerán de manera acelerada.
La primera conclusión de fondo es que la propaganda es una infraestructura de poder, no sólo una herramienta de comunicación. Quien puede ocupar de forma persistente los trayectos cotidianos proyecta permanencia, organización y cercanía, aunque esa percepción no corresponda necesariamente con una mejor propuesta electoral. Las reglas pueden reducir esa ventaja si delimitan con claridad los lugares permitidos, las obligaciones de retiro y las consecuencias del incumplimiento. Pero si las restricciones son ambiguas o la vigilancia es desigual, las campañas con mayor capacidad logística aprenderán a operar en los márgenes del sistema.
La segunda conclusión es que la regulación física puede desplazar parte de la competencia hacia el entorno digital, donde los controles suelen ser más complejos. Limitar anuncios en la calle no impide que una candidatura compre segmentación en redes sociales, use páginas de apoyo aparentemente espontáneas o dependa de creadores de contenido locales. Esta migración no es necesariamente negativa: los canales digitales pueden ser menos invasivos para el paisaje urbano y permitir mensajes más segmentados. El riesgo aparece cuando la opacidad de la pauta digital reproduce la desigualdad que se intentaba contener en el espacio físico.
La tercera conclusión es que la política de reciclaje puede convertirse en indicador de cumplimiento y no sólo en un destino final. Si los materiales retirados se contabilizan por partido, candidatura, demarcación y tipo de infracción, el volumen de residuos puede ofrecer una medida pública de disciplina electoral. Una fuerza que acumula retiros reiterados no sólo genera basura: revela una estrategia que calcula que el beneficio de ocupar ilegalmente el espacio supera el posible costo de ser sancionada. Convertir esos datos en información accesible elevaría el costo reputacional de incumplir.
Partidos, alcaldías y ciudadanía ven incentivos distintos
Para los partidos con estructura territorial amplia, las reglas representan un ajuste de costos. Tendrán que profesionalizar contratos, brigadas y controles internos para evitar que la propaganda de militantes o simpatizantes genere sanciones. También deberán resolver un problema de responsabilidad: en campañas grandes, no siempre es sencillo distinguir entre material autorizado, propaganda colocada por grupos locales y acciones de apoyo no coordinadas formalmente. Esa dificultad no debe convertirse en una excusa automática, pero sí exige procedimientos claros para atribuir faltas y permitir defensa.
Las candidaturas de menor tamaño pueden beneficiarse de un entorno menos saturado, siempre que la autoridad vigile de manera eficaz. Para una persona candidata con recursos limitados, competir contra cientos de anuncios de adversarios no sólo reduce visibilidad; también crea la impresión de que la elección ya tiene propietarios. Un ordenamiento creíble puede nivelar parcialmente ese terreno. No obstante, una normativa demasiado burocrática también puede perjudicar a quienes cuentan con menos capacidad legal y operativa para tramitar permisos, responder requerimientos o sustituir materiales a tiempo.
Las alcaldías enfrentan una contradicción institucional. Deben preservar el orden urbano y atender quejas vecinales por contaminación visual, obstrucción o daño al mobiliario, pero sus decisiones serán observadas bajo una lente partidista. Cualquier retiro masivo en una demarcación puede ser interpretado como una acción política, incluso cuando tenga sustento técnico. Para reducir ese riesgo, convendría que las jornadas de supervisión tengan criterios predeterminados, cobertura territorial verificable y coordinación formal con el IECM, en vez de depender de operativos reactivos tras denuncias mediáticas.
La ciudadanía, por su parte, tiene un interés que a menudo queda subordinado al conflicto partidista: conservar calles transitables, limpias y seguras. La propaganda instalada en lugares inadecuados puede afectar visibilidad vial, dañar equipamiento, acumular residuos y normalizar la idea de que la competencia electoral autoriza la apropiación del entorno común. La regulación será más legítima si se comunica como una defensa simultánea de la igualdad entre candidaturas y del derecho vecinal a un espacio público no capturado por intereses electorales.
La prueba será la consistencia, no el número de anuncios retirados
El proceso 2026-2027 permitirá medir si la Ciudad de México puede pasar de la reacción administrativa a una gobernanza electoral preventiva. El mejor resultado no sería una cifra espectacular de lonas decomisadas, sino una disminución verificable de la colocación irregular desde el inicio. Para lograrlo, las reglas necesitan ser conocidas antes de que las campañas entren en su fase de máxima intensidad, y las sanciones deben ser suficientemente previsibles para que los equipos partidistas no las traten como un gasto operativo menor.
También será necesario observar la distribución geográfica de las intervenciones. Si los retiros se concentran en algunas alcaldías mientras otras conservan una alta densidad de propaganda, el debate dejará de ser ambiental o normativo y se volverá electoralmente explosivo. Los datos abiertos sobre quejas, inspecciones, remociones y reciclaje podrían funcionar como un antídoto parcial: permitirían a medios, organizaciones civiles y competidores revisar si existe proporcionalidad entre la presencia de anuncios y la respuesta oficial.
Hay otro riesgo menos visible: que las restricciones sobre propaganda formal impulsen modalidades de promoción difíciles de identificar, como publicidad disfrazada de información comunitaria, espectaculares contratados por terceros, reparto de objetos utilitarios o difusión digital sin identificación clara de responsable. La autoridad necesitará distinguir entre comunicación ciudadana legítima y mecanismos de elusión, sin ampliar de manera desproporcionada la vigilancia sobre la expresión política. La línea es delicada: controlar el abuso no puede derivar en censura arbitraria.
La decisión del IECM coloca un estándar pertinente para una elección local de alta competencia. Las calles de la capital no son una extensión ilimitada de las oficinas partidistas ni un inventario gratuito de soportes publicitarios. Si la coordinación entre instituto, alcaldías y Gobierno de la Ciudad se sostiene con reglas transparentes, evidencia verificable y criterios iguales, la propaganda dejará de ser una carrera por invadir el paisaje urbano. De lo contrario, el conflicto se trasladará de los postes y bardas a los expedientes, las quejas y los tribunales, con un costo directo para la confianza pública antes de que el electorado emita su voto.
