La propuesta presidencial para impedir que personas con doble nacionalidad ocupen la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México comenzará su revisión formal el 9 de septiembre de 2026 en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, señaló que la intención es que el dictamen llegue al pleno y pueda ser discutido, e incluso votado, durante la primera quincena del mes.
El calendario planteado acelera el tránsito de una iniciativa con implicaciones constitucionales. Monreal indicó que la reunión de comisión servirá para revisar el contenido y preparar el dictamen, paso indispensable antes de que el proyecto pueda pasar al pleno. Según su previsión, las fechas del 14, 15 o 16 de septiembre aparecen como la ventana posible para el debate legislativo, siempre que se cumplan los requisitos procedimentales.
Un cambio dirigido a los cargos de mayor representación
La iniciativa no plantea una restricción general para el acceso de personas con doble nacionalidad al servicio público. Su alcance se concentra en puestos de máxima responsabilidad política y territorial: la Presidencia, las gubernaturas estatales y la titularidad del Gobierno capitalino. Esa delimitación es relevante porque ubica la discusión en el terreno de los requisitos de elegibilidad para cargos estratégicos, no en una revisión integral de los derechos políticos de quienes poseen más de una nacionalidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado desde el 25 de agosto que su planteamiento parte de una premisa: los servidores públicos deben ser únicamente mexicanos como expresión de compromiso con la soberanía nacional. El argumento vincula la exclusividad de nacionalidad con la responsabilidad de representar al Estado mexicano en las decisiones de mayor alcance. Sin embargo, el dictamen deberá precisar la redacción jurídica, los criterios de acreditación y la relación de la reforma con las disposiciones constitucionales vigentes sobre nacionalidad y ciudadanía.
La comisión tendrá que definir el alcance jurídico
Raúl Bolaños, presidente de la Mesa Directiva, confirmó que la Comisión de Puntos Constitucionales será la instancia encargada de elaborar el dictamen. También sostuvo que quien aspire a la Presidencia debe acreditar un compromiso “al 100 por ciento” con México. Esa posición política coincide con la justificación expuesta por el Ejecutivo, aunque la discusión parlamentaria exigirá transformar ese principio en reglas aplicables, verificables y compatibles con el marco constitucional.
El punto central no será únicamente establecer una prohibición, sino definir con precisión a quiénes alcanza y en qué momento debe cumplirse el requisito. La doble nacionalidad puede originarse por nacimiento, ascendencia, naturalización o vínculos familiares, por lo que una norma de este tipo requiere evitar ambigüedades. También deberá aclararse si la restricción se refiere a poseer otra nacionalidad al registrarse como candidato, al asumir el cargo o durante todo el ejercicio de la función.
El debate alcanza a perfiles ya visibles en la política nacional
La iniciativa adquiere relevancia inmediata porque puede modificar las condiciones de elegibilidad de figuras con proyección pública. Entre los nombres mencionados se encuentra el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ha reconocido públicamente contar con doble nacionalidad. También figura Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, identificado con nacionalidad mexicana y estadounidense. De aprobarse la reforma en los términos anunciados, ambos quedarían fuera de futuras contiendas por los cargos que el proyecto pretende reservar a mexicanos con una sola nacionalidad.
La referencia a personas concretas ayuda a dimensionar la consecuencia electoral de la propuesta, pero no agota su alcance. Una reforma constitucional opera sobre categorías generales y puede afectar a cualquier aspirante que se ubique en el supuesto previsto. Por ello, el debate previsiblemente combinará argumentos sobre soberanía, representación política y seguridad institucional con cuestionamientos sobre igualdad de derechos entre mexicanos que, por circunstancias familiares o de nacimiento, cuentan también con otra nacionalidad.
Una definición con efectos más allá de 2026
La rapidez del calendario legislativo no elimina la necesidad de un examen de fondo. Al tratarse de restricciones para acceder a cargos de elección popular, la redacción final será determinante para evitar litigios posteriores. Una fórmula demasiado amplia podría abrir controversias sobre derechos políticos; una fórmula imprecisa podría volver difícil su aplicación por las autoridades electorales. La comisión tendrá que ponderar la intención de reforzar un vínculo exclusivo con el Estado mexicano frente al principio de que la nacionalidad mexicana, incluso cuando coexiste con otra, conserva efectos jurídicos plenos.
La discusión de septiembre será, por tanto, más que un trámite parlamentario. Definirá si la doble nacionalidad se convierte en un criterio de exclusión para las posiciones ejecutivas más altas del país y bajo qué condiciones. El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales mostrará si la mayoría legislativa opta por una prohibición estricta, por mecanismos de renuncia a la otra nacionalidad o por una redacción que mantenga márgenes de interpretación. Esa decisión marcará las reglas de futuras disputas por la Presidencia, los gobiernos estatales y la capital del país.
