La confirmación del coordinador del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, de que la presidencia del Poder Legislativo recaerá en una mujer durante el último año de la legislatura, parece a primera vista una definición de rutina dentro de la lógica de paridad que ha ganado espacio en el Congreso local. Pero el movimiento tiene más fondo: no sólo ordena la sucesión en la mesa directiva, también deja ver cómo se negocian hoy los equilibrios entre bancadas, las aspiraciones personales y los proyectos que sí pueden cambiar el mapa institucional, como la Fiscalía Autónoma y el crédito para el Poniente 5.
La discusión no está en quién presidirá la mesa por sí misma, sino en qué tanto esa presidencia será un símbolo de continuidad o una pieza de negociación. Los nombres de Jocelyne Vega, por el PAN, y Rosana Díaz, virtual PVEM, surgieron como perfiles con posibilidad real. Esa sola mención ya revela una primera lectura: el Congreso no está discutiendo únicamente una sucesión administrativa, sino la capacidad de cada grupo para convertir una regla política no escrita en ventaja de representación. La paridad, en este caso, opera como principio y como terreno de disputa.
El dato relevante es que Chávez descartó que la Fiscalía Autónoma y el Poniente 5 estén siendo usados como moneda de cambio. Esa desmentida importa porque en legislaturas fragmentadas la sospecha de intercambio suele aparecer antes que la evidencia. Cuando dos iniciativas de alto impacto coinciden con la definición de la mesa directiva, el riesgo de lectura política es inevitable. La negativa del panista intenta blindar el proceso, pero también reconoce, de forma indirecta, que sí existe un entorno propicio para el cálculo cruzado.
Uno de los puntos más sensibles es la Fiscalía Autónoma. En términos institucionales, no se trata sólo de crear otro órgano, sino de redefinir el grado de independencia con el que se investiga y persigue el delito en Chihuahua. En un estado donde la discusión sobre seguridad pública no es abstracta, sino cotidiana, cualquier reforma de este calibre afecta la relación entre poderes, la confianza ciudadana y la capacidad real de nombrar un fiscal que no responda a una mayoría coyuntural. La frase de Chávez sobre buscar “a un fiscal hombre o mujer” que represente a los chihuahuenses y garantice autonomía suena correcta, pero también fija una vara alta: la independencia no se declara, se construye con diseño institucional y con reglas de nombramiento difíciles de capturar.
El segundo frente, el crédito de 150 millones de pesos para el arranque de la obra del Poniente 5, abre otra conversación: la de las prioridades urbanas y la disciplina financiera. Los proyectos de infraestructura vial suelen presentarse como soluciones técnicas, pero en realidad son decisiones de asignación política con efectos desiguales. Para el municipio, esa inversión puede significar alivio en movilidad y conectividad; para sectores críticos, un compromiso de deuda que debe justificarse con transparencia, calendario de obra y impacto medible. En contextos de presupuesto presionado, cada peso financiado compite con otros usos públicos, y la presión por acelerar obra puede terminar debilitando la supervisión.
La combinación de ambos temas en la misma coyuntura no es accidental. Fiscalía e infraestructura son asuntos de largo aliento, visibles para el electorado y útiles para marcar agenda. Por eso la afirmación de que “van por cuerdas separadas” debe leerse como una estrategia de contención política: evita que la sucesión en el Congreso se contamine con sospechas de negociación y protege la autonomía discursiva de cada bloque. Sin embargo, la sola necesidad de aclararlo confirma que el Congreso opera bajo un escrutinio intenso y que la opinión pública ya no acepta con facilidad acuerdos opacos, aunque éstos sean parte normal de la gobernabilidad legislativa.
Hay al menos tres implicaciones de fondo. La primera es que la paridad dejó de ser una concesión simbólica y se convirtió en criterio de legitimidad interna. Cuando varias bancadas coinciden en que una mujer debe presidir el Congreso, ya no hablamos de una excepción, sino de una norma política que limita el margen de maniobra de los coordinadores. La segunda es que el peso de la mesa directiva, aun siendo en buena medida procedimental, sigue teniendo valor estratégico: quien la encabeza administra tiempos, formaliza acuerdos y se coloca en un lugar visible dentro del cierre legislativo. La tercera es que la discusión sobre Fiscalía Autónoma muestra que las reformas más delicadas no dependen sólo de su contenido, sino de la confianza que generen los actores que las empujan.
También hay un componente de oportunidad política. En el último año de legislatura, cada bancada suele ordenar su narrativa hacia dos objetivos: dejar huella y no cerrar con fractura. Para el PAN, reconocer que Chávez no puede aspirar a la presidencia por reglamento evita una disputa improductiva y mantiene el control del relato. Para Morena, haber presentado una propuesta con “puntos interesantes”, según el propio coordinador panista, le permite entrar al debate con capacidad de interlocución, no sólo de oposición. Y para el PRI y el resto de fuerzas, el desafío será no quedar reducidos a espectadores de un acuerdo que podría redefinir el cierre del periodo.
El escenario que viene probablemente estará marcado por una negociación menos ideológica que funcional. Si la presidencia recae en una diputada con suficiente capacidad de interlocución, la mesa puede convertirse en un espacio de estabilidad en un Congreso todavía expuesto a tensiones de última hora. Pero si el reparto se contamina con la discusión sobre Fiscalía o sobre el crédito municipal, el costo será doble: se debilitará la percepción de autonomía legislativa y se alimentará la idea de que los grandes proyectos se resuelven por intercambio político, no por mérito técnico ni por interés público.
El riesgo más serio no está en que una mujer encabece el Congreso, sino en que esa definición se lea como cuota ceremonial sin poder real. La paridad pierde fuerza cuando se usa para legitimar decisiones ya cerradas, sin abrir espacios efectivos de conducción. El otro riesgo es institucional: una Fiscalía Autónoma nacida bajo sospecha quedaría marcada desde el primer día, y una obra pública financiada sin suficiente claridad podría convertirse en otra fuente de desgaste político. Chihuahua llega a esta fase con una oportunidad clara de mostrar madurez legislativa; el resultado dependerá de si sus actores entienden que la negociación no tiene por qué ser opaca, pero sí debe ser verificable.
