La Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió este miércoles que la reforma constitucional promovida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua puede profundizar el cierre del espacio político, limitar la participación de sectores opositores y extender los actuales períodos de gobierno. El proyecto fue aprobado el martes en primera legislatura por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, y todavía debe recibir una segunda aprobación para entrar en vigor.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, sostuvo que los cambios no representan únicamente una modificación del calendario electoral o de las reglas administrativas del Estado. A su juicio, al incorporar determinadas prohibiciones directamente en la Constitución, la reforma eleva el alcance de las restricciones y puede afectar el derecho de ciudadanos considerados adversarios a participar en la vida pública.
Una reforma que modifica el calendario político
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el aumento de seis a siete años del período de la copresidencia, fórmula institucional bajo la cual gobiernan Ortega y Murillo. La modificación también altera el cronograma electoral previsto para el país: las elecciones generales, que estaban programadas para noviembre de 2026, pasarían a celebrarse en noviembre de 2027.
El cambio aún no tiene efectos definitivos. La propuesta debe ser ratificada por la próxima legislatura, de acuerdo con el procedimiento establecido para las reformas constitucionales. Sin embargo, su aprobación inicial ya provocó una respuesta de organismos internacionales que consideran que el nuevo diseño puede reducir las posibilidades de alternancia y consolidar la concentración del poder en la cúpula gobernante.
La iniciativa se suma a la reforma aprobada en 2025, que modificó más de un centenar de disposiciones de la Carta Magna y amplió las atribuciones de la copresidencia. La sucesión de cambios constitucionales ha convertido el marco institucional en uno de los principales focos de preocupación para las organizaciones regionales de derechos humanos, debido a la posibilidad de que decisiones políticas de amplio alcance queden protegidas por normas de máxima jerarquía.
El concepto de “traición a la patria”
La disposición que más cuestionamientos ha generado es la que impediría ejercer funciones públicas a quienes sean catalogados como “traidores a la patria”. El proyecto incorpora esa figura al texto constitucional, aunque la información difundida por la OEA no detalla los criterios concretos ni el procedimiento mediante el cual se determinaría quién queda incluido en esa categoría.
Para Ramdin, esa falta de claridad agrava el riesgo institucional. El secretario general afirmó que la reforma puede convertir la Constitución en un instrumento adicional para excluir voces disidentes. La preocupación de la OEA se relaciona con el efecto que una categoría amplia o políticamente interpretable podría producir sobre dirigentes opositores, críticos del gobierno, organizaciones cívicas o ciudadanos que aspiren a ocupar cargos públicos.
Desde una perspectiva democrática, la discusión no se limita a quién puede competir en una elección determinada. También involucra las condiciones de acceso a la representación política, la igualdad ante la ley y la posibilidad de que el electorado encuentre alternativas reales. Si una autoridad puede excluir a determinados ciudadanos mediante una acusación cuya definición no está claramente delimitada, la competencia podría verse restringida incluso antes de que comience el proceso electoral.
Advertencias acumuladas del sistema interamericano
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había expresado en agosto su preocupación por las nuevas medidas adoptadas en Nicaragua. El organismo consideró que podían favorecer la permanencia indefinida en el poder, limitar la competencia política y eliminar condiciones necesarias para una alternancia democrática efectiva.
La OEA sostiene que las reformas entran en tensión con los compromisos asumidos por los Estados miembros en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana. Ramdin señaló que las modificaciones afectan principios vinculados con la democracia representativa, el pluralismo político y la protección de los derechos humanos.
El cuestionamiento regional se produce en un contexto de deterioro institucional más amplio. La concentración de atribuciones en la copresidencia, la reducción de los espacios para la oposición y el desplazamiento de las elecciones modifican simultáneamente las reglas del poder, el calendario de control ciudadano y los mecanismos de competencia. Para los organismos interamericanos, la combinación de esos elementos resulta más significativa que cada cambio considerado de manera aislada.
La respuesta internacional y la próxima reunión de cancilleres
La advertencia de Ramdin precede una reunión de cancilleres sobre Nicaragua. El Consejo Permanente de la OEA aprobó recientemente la convocatoria de esa instancia, que tendrá como objetivo analizar la respuesta regional ante el deterioro democrático del país. La reunión podría convertirse en un nuevo escenario de presión diplomática, aunque la información disponible no anticipa qué medidas concretas serán discutidas o adoptadas.
Desde Washington, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió a otros países suspender las relaciones comerciales habituales con Managua. Rubio acusó al gobierno de Ortega y Murillo de utilizar la reforma constitucional para consolidar su permanencia en el poder y cerrar el camino a elecciones libres. También afirmó que la Asamblea Nacional había socavado lo que calificó como la “ficción democrática” de Nicaragua y aseguró que la administración de Donald Trump mantendría su compromiso de responder a las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen.
Las declaraciones estadounidenses elevan el costo internacional de la reforma, pero también introducen una dimensión económica en una disputa que hasta ahora se ha concentrado principalmente en los derechos políticos y las instituciones. Cualquier eventual suspensión o reducción de relaciones comerciales podría tener efectos sobre la población y sobre los países que mantienen vínculos económicos con Nicaragua, por lo que su aplicación requeriría valorar tanto la presión sobre las autoridades como las consecuencias sociales.
Una crisis con efectos más allá de Nicaragua
La CIDH y la OEA han advertido que la crisis nicaragüense no se limita al territorio nacional. La represión transnacional, el desplazamiento forzado de ciudadanos y otros efectos de la situación política pueden repercutir en países vecinos, especialmente mediante nuevos flujos migratorios y mayores necesidades de protección internacional.
Ramdin reclamó que los ciudadanos nicaragüenses puedan escoger a sus autoridades entre distintas alternativas y afirmó que merecen instituciones capaces de proteger sus derechos, en lugar de restringirlos. La segunda aprobación legislativa será el próximo punto decisivo del proceso. Hasta entonces, la controversia seguirá centrada en si la reforma reorganiza legítimamente el funcionamiento del Estado o si consolida, mediante la Constitución, un sistema con menor competencia política y menos posibilidades de alternancia.
